El pasado miércoles 20 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la actualización de la llamada Lista Engel.
En dicho documento se lista a aquellos “individuos que, con conocimiento de causa, se han involucrado en actos que amenazan procesos o instituciones democráticas, que se han involucrado en corrupción significativa o que han obstaculizado investigaciones de dichos actos de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador”.
La lista, que se ampara en la Ley de Compromiso Ampliado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte (United States-Northern Triangle Enhanced Engagement Act), fue incluida en diciembre de 2020, como parte de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021.
De acuerdo a la sección 353 (b), se obliga al Departamento de Estado a que produzca el listado e informe al Congreso como mínimo dos veces al año.
Uno de los efectos sancionatorios que se derivan de la inclusión en el listado, es hacer a los nombrados en la misma como no elegibles para la obtención de visas de entrada a Estados Unidos, del mismo modo se establece el bloqueo de los activos, propiedades y/o cuentas que estos posean en el territorio estadounidense.
Históricamente en el listado han sido incluidas personas “que socavan la democracia”, según las definiciones del Departamento de Estado y a aquellos que se identifiquen como vinculados a delitos de corrupción relacionada con contratos gubernamentales, cuyas derivaciones señalen la participación en sobornos y extorsiones, así como “la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, a través del lavado de dinero”.
En julio de 2021 fue publicado el primer listado y en ella se incluyeron a “14 salvadoreños, 20 guatemaltecos y 21 hondureños”, quienes de acuerdo a WOLA procedían mayoritariamente de la actividad gubernamental y eran “cercanos a los gobiernos de turno”, estando, además, “involucrados en los poderes judiciales, legislativos y ejecutivos”.
En dicha ocasión se argumentaba que en los casos listados en ninguno de los países de procedencia “las fiscalías iniciaron investigaciones a estas personas”.
El listado fue actualizado en setiembre de 2021 y en ella fue incluida la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras y el secretario general de la fiscalía, además de cinco magistrados en ejercicio de la actividad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
La mencionada lista se articula con otras “herramientas” que utiliza Estados Unidos contra gobiernos o ciudadanos centroamericanos, destacándose en ese sentido las sanciones que se aplican por intermedio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro.
Se trata, en resumen, de instrumentos que permiten “inmovilizar fondos y activos” de quienes el gobierno de Estados Unidos califica como “actores criminales y corruptos en el sistema financiero estadounidense”.
Dentro de los casos más relevantes, resalta WOLA, se encuentra el del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fuera extraditado a Nueva York, bajo cargos de tráfico de cocaína y armas, y la investigación que se desarrolla contra dos funcionarios cercanos al presidente salvadoreño Nayib Bukele por realizar negociaciones con las pandillas MS13 y Barrio 18.
El nuevo listado anunciado por el Departamento de Estado incluye a tres funcionarios cercanos al presidente Nayib Bukele, entre ellos el jefe de la bancada legislativa del partido oficial, el secretario de prensa y un alto funcionario de la secretaría jurídica de la presidencia.
De igual forma se lista a “un exministro de seguridad y su esposa y un alcalde oficialista vinculado con el narcotráfico”.
En el caso de Guatemala, la lista nombra “a cuatro influyentes empresarios vinculados a esquemas de corrupción, operadores de justicia investigados por intentar interferir de forma ilegal en las altas cortes y el fiscal contra la impunidad nombrado por la fiscal general Consuelo Porras”, mientras que, respecto a Honduras, se incluyeron a cuatro exfuncionarios durante el gobierno del presidente Manuel Zelaya (2006-2009).
Además de estos, se lista a “exfuncionarios del gobierno del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), uno de cuyos hijos, Fabio Lobo, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico”.
El pasado año la lista contenía 55 nombres y con la nueva actualización ascendió a 60, lo que ha sido interpretado como un reproche de Estados Unidos para Centroamérica.
En la nueva actualización se incluye, por primera vez a Nicaragua, con la incorporación de 23 funcionarios judiciales y gubernamentales.
Al producirse el anuncio oficial, mediante un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acusó en Twitter a los incluidos en el nuevo listado como individuos de «corrupción significativa», que se empeñan en obstruir las investigaciones, los «ciudadanos de Centroamérica se merecen y esperan Gobiernos que respeten sus derechos humanos, cumplan con la ley y creen las condiciones para que los individuos y las comunidades florezcan», escribió Blinken.
