La declaración del estado de “guerra interna” decretada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa tendrá como blanco principal a los “jóvenes afroamericanos de barrios empobrecidos”.
La afirmación corresponde, de acuerdo a teleSUR a declaraciones dadas por la experta en Derecho Penal, Silvana Tapia, quien alertó la pasada jornada sobre “la vulneración de algunos derechos fundamentales por parte de las fuerzas de seguridad”.
Para la experta “ante una situación de conmoción interna no se suspenden los derechos humanos elementales ni las garantías básicas” y señaló que desde que se declaró el conflicto armado interno, “se ha observado que las fuerzas militares no se están empleando contra los cabecillas de las bandas y grupos criminales”.
Tampoco, añadió, se están considerando, por parte de las autoridades, “los indicios de las vinculaciones de las mafias internacionales con elementos de los gobiernos ecuatorianos”.
“Hay una situación de grave vulneración de los derechos fundamentales, como la falta de alimentación, la ausencia de atención médica para miles de personas, fallas en el suministro de agua y esto ocurre contra la población penitenciaria que en su mayoría no pertenecen a grupos del crimen organizado” subrayó Tapia, quien subrayó que son “las poblaciones y sectores más vulnerabilizados” quienes “terminan pagando los costos de las guerras y de esta ofensiva militar”.
Al ser consultada por la posible militarización del país para enfrentar a los grupos criminales, Tapia consideró que una medida como esa “no representa una solución a la problemática” y recordó, en ese sentido, los ejemplos de lo acontecido años atrás en Colombia y México, “donde la violencia se incrementó debido a la presencia militar”.
De acuerdo a la experta ecuatoriana “resulta extraño que el Gobierno haya considerado como fuerzas beligerantes no estatales a grupos y bandas del crimen organizado” y remarcó “su preocupación por la polarización extrema particularmente en las redes sociales y por la validación o legitimación en la ciudadanía de discursos que rayan en lo fascista”.
En dichos comentarios, señaló se acusa “a poblaciones de no ser humanas y de no estar capacitadas para reclamar cuestiones de dignidad básicas”, algo que consideró como “una situación que no se puede permitir”.
Consultada respecto a la dramática situación penitenciaría en Ecuador, Tapia explicó “que las masacres carcelarias ocurridas antes del 2021 habían dado señales de la pérdida del control por parte del Estado ecuatoriano sobre los recintos carcelarios”, se trata añadió, de “un sistema que funciona por fuera de la ley y por fuera del Estado”
En las cárceles del país, detalló, hay una organización interna “de acuerdo a la banda del crimen organizado” a la que “pertenecería el presunto detenido”, ello obliga a los restantes prisioneros “que no están ligados a organizaciones criminales a someterse a vejaciones contra su dignidad”.
Hay que estar alertas, enfatizó, “cuando las medidas de supuesta seguridad son cortinas de humo, cuando encierran el potencial de agravar la situación, cuando ponen en riesgo a personas que tienen pocas posibilidades de ponerse a salvo”.
En ese sentido remarcó “que las zonas más abandonadas por el Estado son a su vez las más expuestas, al ser sistemáticamente reducidas por medio de la política de la reducción del gasto público, ocasionando que haya muy poca capacidad de respuesta por parte de las autoridades”.
Finalmente, la experta subrayó que la reducción del gasto público emprendida por el gobierno de Noboa, “termina con mucha población abandonada, con un sistema educativo ineficiente” y “un sistema de salud” al que calificó de “colapsado”.
