Por Rodrigo Gorga (*)
El lanzamiento de la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo, que contará con la participación de la academia, el sector privado, los trabajadores organizados y el Poder Ejecutivo, pone sobre la mesa un debate que se ha vuelto tan necesario en la coyuntura económica nacional y global. La pregunta, que sigue siendo central —cómo hacer para aumentar nuestras magras tasas de crecimiento—, empieza ahora a rodearse de otras: cuáles son las características de ese crecimiento, cómo se transforma en horizonte colectivo, tanto en su expresión territorial como en su sostenibilidad.
Las fases previas al inicio de este diálogo fueron, en sí mismas, un proceso de confluencia de distintos mares. Y el hito que marcó la actividad del 22 de abril, en una rebosante sala de Torre Ejecutiva, tiene una genealogía de raíces diversas.
En diciembre de 2023, el Congreso del Frente Amplio incluyó, desde el inicio de su documento de bases programáticas, como primera acción prioritaria, “desplegar una Estrategia Nacional de Desarrollo a largo plazo, lo que conlleva retomar la planificación estratégica por parte del Estado”, que “debe incluir la participación de diferentes actores de la sociedad, en particular los trabajadores”.
Pero la construcción programática no se agota en el papel entregado a la Corte Electoral como compromiso de gobierno. El actor que el propio programa señalaba como clave ingresó tempranamente en el debate. Como lo recordó en la mesa de apertura el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, fue la propia central sindical la que, en su discurso del 1.º de mayo de 2024, planteó la necesidad de una Estrategia Nacional de Desarrollo. Allí advirtió que “hace falta una Estrategia Nacional de Desarrollo que supere, en primer lugar, nuestra estructura cada vez más primarizada y transnacional, sometida y enormemente vulnerable a los ciclos de los precios internacionales de las materias primas”.
Pero los trabajadores no fueron los únicos actores que impulsaron esta iniciativa desde su génesis. Una vez asumido el gobierno, según narró en la misma mesa el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, se realizaron diversas instancias entre el Poder Ejecutivo, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y la central sindical para comenzar a darle forma a una idea que dejaba de ser patrimonio de algunos para empezar a adquirir un carácter verdaderamente nacional.
En este camino recorrido en los últimos meses, un mojón que seguramente aceleró el proceso de concreción fue la aprobación en el Presupuesto Nacional del artículo 66, que encomendó a la OPP la convocatoria al diálogo que en las salas de Presidencia comenzó a tomar forma. Fue entonces el Parlamento el que le dio un marco normativo para que la idea pasara a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico, con el respaldo de los representantes nacionales. Este tampoco fue un debate exento de discusiones: como suele ocurrir en los temas de trasfondo económico, lo que aparece como técnico o simbólico esconde distintas concepciones de sociedad. En la argumentación previa a su votación en la Cámara de Diputados, el diputado Giometti expresó que el propósito de la Estrategia es “generar acuerdos nacionales que permitan transitar hacia una transformación de la matriz productiva, con mayor incorporación de tecnología y trabajo de calidad para nuestra gente”.
Pero la historia no siempre deja sus huellas en el camino; a veces, las vueltas y torbellinos del tiempo no permiten ver con claridad el recorrido que nos trajo hasta hoy. El cierre de la mesa de lanzamiento, abierta por el presidente de la República, Yamandú Orsi, estuvo a cargo del economista Rodrigo Arim, actual director de la OPP, quien aprovechó la instancia para mirar sobre sus hombros. En la primera fila del auditorio estaba sentado el Cr. Enrique Iglesias, una figura muchas veces señalada como la encarnación de una vocación del país: pensarse a sí mismo como proyecto colectivo.
La destacada presencia de Iglesias en el discurso de la actual jerarquía de la OPP no fue un mero racconto del pasado. Iglesias fue, antes de ocupar destacadísimas posiciones en organismos multilaterales, director de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) entre 1960 y 1967. El legado de aquella experiencia fue tal que constituyó, aún hasta nuestros días, el principal esfuerzo que haya realizado el país para, a partir de un minucioso estudio de su realidad social y económica, formular planes de desarrollo, proyectar su financiamiento y coordinar la acción del Estado y los distintos actores sociales. Allí se estructuró una forma de pensar desde el Estado: equipos interdisciplinarios (con más de 300 técnicos y 100 expertos), producción sistemática de información, construcción de escenarios prospectivos y definición de prioridades sectoriales de mediano y largo plazo. Como señaló Rodrigo Arim, “su monumental trabajo se expresó en propuestas que apuntaban a impulsar y sostener el dinamismo de la actividad productiva”, dejando como herencia instrumentos centrales del Estado uruguayo que trascendieron la coyuntura.
Aquel esfuerzo de la década del 60 no hubiese sido posible sin el papel de la Universidad de la República y de la academia. Tampoco será posible repensar la economía y la sociedad local hoy sin ese aporte. Por eso, la academia tuvo un lugar destacado en la mesa de apertura, donde, a través de la doctora en desarrollo Judith Sutz, se explicitó desde qué perspectiva se busca involucrar el saber científico en esta iniciativa. Señaló que ese aporte no es neutro: la academia “aporta, y a veces también incomoda”. Cómo gestionar esas “incomodidades”, esos conflictos o diferentes intereses que el propio presidente de la República reconoció, es posiblemente una de las claves del proceso que se abre, para que sea una síntesis que verdaderamente opere como mapa para un territorio que hoy es tan incierto, cambiante y esquivo.
“No alcanza con crecimiento económico, aunque este sea imprescindible”, señaló, subrayando que esta transformación exige pensar también en su distribución, en el acceso a trabajos dignos y en la ampliación de capacidades de la población. La advertencia de que no hay buenos vientos para quien no sabe a dónde va atravesó buena parte de la intervención académica. Pero no se trata solamente de fijar un rumbo, de trazar una ruta en un mapa, sino de disputar cuál es ese rumbo y a quiénes incluye.
En el contexto en el que se desarrolló la experiencia de la CIDE, no se trató, como recordó Arim, de una época sencilla ni de condiciones especialmente favorables. “Los años 60 no fueron ni un remanso de tranquilidad política ni una etapa de prosperidad sostenida”, señaló, pero aun así fueron un tiempo de “exploración intelectual, de miradas prospectivas y de búsqueda de nuevos caminos para sostener el desarrollo del país”. Esa tensión entre crisis y proyecto, entre conflicto y planificación, es quizás el hilo más profundo que conecta aquella experiencia con el intento que hoy vuelve a ponerse en marcha. Pero si algo sugiere esa historia es que no alcanza con producir diagnósticos ni con ordenar el debate: lo que está en juego es la capacidad de sostener en el tiempo un rumbo que, inevitablemente, será objeto de disputa.
(*) Economista.
