Luego que se conociera que los miembros del oficialismo en la comisión investigadora parlamentaria sobre faltas de dirigentes sindicales de FENAPES en el anterior período de gobierno, decidieran iniciar una denuncia penal contra algunos de los dirigentes de dicho gremio, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES) realizó una conferencia donde expresaron su rechazo a la resolución adoptada por la comisión.
La acusación de los miembros oficialistas, a los dirigentes del gremio de profesores, señalaba que tanto exjerarcas de Secundaria, como dirigentes de FENAPES, habrían sido responsables de «omisiones y conductas con apariencia delictiva».
Estas acusaciones fueron rápidamente rechazadas por los miembros de la comisión parlamentaria en representación del Frente Amplio (FA), quienes catalogaron el accionar de los representantes oficialistas como un “circo” que evidenciaba una clara expresión de persecución sindical.
Este martes, en la conferencia de prensa realizada por el gremio, se calificó como político el accionar del oficialismo.
José Olivera, presidente del sindicato y uno de los acusados, expresó en el encuentro con la prensa que “algunos actores montaron un juzgado dentro de la comisión investigadora, lo que violenta el principio de separación de poderes”.
Para el dirigente gremial esta última acción denota “una persecución política y antisindical”, cuyo objetivo es avanzar hacia la deslegitimación del sindicato y su consiguiente criminalización.
Para Olivera, lo ya actuado por la comisión parlamentaria había sido incorporado a la denuncia que realizara el gremio ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Agregó, además que la mueva resolución de la comisión constituiría una nueva ampliación de la denuncia ya aceptada por dicho Comité.
En ese sentido informó que ya se había concretado, con la mediación del PIT-CNT, reuniones con actores de la OIT, para los días en que se realice la 110ª conferencia del organismo, algo que será concretado entre fines de mayo y comienzos de junio.
“Esto se trató”, enfatizó Olivera, “y se trata persecución política antisindical. La comisión partió desde el día uno de un prejuzgamiento. El resultado de esta resolución estaba escrito desde el día uno. Lo que trató de montar la comisión, por parte de algunos de sus integrantes, fue un escenario donde hacerse de pruebas que fundamentaran lo que ya habían definido que había existido”.
“Por lo tanto”, añadió, “nosotros estamos diciendo claramente que, cuando el Poder Judicial nos convoque, tengamos claro de qué se nos imputa” y reafirmó que, “sin lugar a dudas, por respeto a lo que es el Poder Judicial uruguayo, vamos a estar concurriendo”.
Mientras este “circo” de clara intencionalidad política se despliega, la organización gremial de profesores continúa denunciando lo que ya había señalado en el mes de marzo sobre las no designaciones de horas.
Desde ese mes, FENAPES viene señalando que se habían quedado sin designar cerca de 16.500 horas en los liceos públicos de todo el país, presentándose las peores situaciones en los centros educativos de Montevideo y Canelones.
A pesar del tiempo transcurrido, esta situación se mantiene incambiada.
