Por Pablo Da Rocha
El gobierno de coalición ha colocado, desde temprano en la campaña electoral, como eje de todos sus discursos, la relevancia que para ellos tiene el abatimiento del déficit fiscal. A partir de ahí, ha intentado instalar en cada aparición pública el padecimiento de una suerte de “herencia maldita”.
Hemos catalogado a este fenómeno como “fetichización” del déficit fiscal. Marx utilizó esa categoría vinculada a la representación deformada, artificial, casi fantasmagórica, de las mercancías, que a través de la sobreestimación del proceso de intercambio, permitía ocultar la verdadera naturaleza de las relaciones mercantiles que había detrás. Algo similar sucede con la sobrevaloración que se le intenta dar al déficit fiscal.
Esto queda también de manifiesto en la Sección IV de la recientemente aprobada Ley de Urgente Consideración (LUC), cuando se pretende introducir un nuevo dispositivo institucional tendiente de restringir los niveles de gasto público, es decir, una regla fiscal. Su cometido es sencillo, contar con un instrumento legal que oficie de tope para impedir llevar a cabo políticas públicas. Dicho de otra manera, obliga al gobierno de turno a priorizar o elegir entre distintas políticas -en función, claro, a sus intereses- pues no podrá contar con los recursos que estime necesarios, si no de los que disponga, podrá gastar hasta donde la “regla” se lo permita.
Esto sin dudas –ni qué hablar en el marco de la pandemia- tiene impactos negativos esperados. En primer lugar, instala una lógica perversa, pues asume que el gasto es excesivo o mal gestionado, implica una valoración subjetiva. En segundo término, porque limita o impide que frente a contextos adversos se puedan destinar mayores recursos a los previstos por la “regla”, si bien, no sabemos aún cuáles serían las características precisas de la regla fiscal, debiera ser estricto su cumplimiento para su confianza. En tercer lugar, porque obliga a tomar decisiones de asignaciones de recursos en función de las restricciones, y no por la pertinencia, en todo caso, obliga a decidir entre políticas sociales su relevancia, ¿acaso no lo son todas?
Esto también se expresa en la LUC en toda referencia a las Empresas Públicas y su “necesidad” de lograr mayores niveles de rentabilidad económica. Se afirma que deben ser eficientes y que para lograrlo se requiere de la competencia. Absurdo desde el punto de vista teórico y nefasto desde el punto de vista político. Las Empresas Públicas cumplen también un rol social, para ello, requieren de cierta autonomía –ahora limitada por los “superpoderes” de las Unidades Reguladoras (UR)- someterlas a las leyes de mercado es despojarlas de sus facultades de diseñar e implementar políticas públicas, es arrebatarles una de las funciones para la cuales fueron creadas. No solo la competencia no asegura la eficiencia sino que pone en riesgo su patrimonio.
En el caso de ANTEL, la LUC fue más allá de pretender mercantilizar la empresa pública. Admitimos que privatizar no es lo mismo que mercantilizar, y que la LUC estrictamente no habla de esa posibilidad, no obstante, mercantiliza, y ese es el primer paso para la privatización, pues es instalar las lógicas de maximización económica como ordenadoras de las decisiones. Supone priorizar la rentabilidad y eficiencia económica por encima de sus fines sociales, y lo que esa aún peor, implica que el acceso a sus servicios dependa entonces de la capacidad contributiva de los individuos. Incluso, obliga a las Empresas Públicas a re direccionar sus inversiones exclusivamente a emprendimientos “rentables” a costa de los sociales.
La LUC también incluye un capítulo referido a la Portabilidad Numérica, que, “disfrazado” en un derecho, esconde además de elevados costos, las mismas lógicas de “fidelización de clientes” a través de la mercantilización de sus servicios, ignorando sus fines y cometidos sociales.
Pero las aspiraciones del gobierno por mercantilizar a ANTEL van aún más allá de la LUC o de los recortes presupuestales que se pretenden llevar a cabo.
El gobierno de coalición ha enviado al Parlamento un Proyecto de Ley que pretende regular los Medios de Comunicación, la denominada “Ley de Medios”. Sus defensores pretenden con ella, en primer lugar, “superar” los problemas de inconstitucionalidad observados en algunos de los artículos de la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, y en segundo lugar, aprovechar la infraestructura actual para favorecer a los operadores de cable del interior. Si analizamos su contenido resulta claro que sus impactos serán lo opuesto, habrá mayor concentración de poder de los medios, con riesgo de extranjerización y basados en un criterio de convergencia inexistente, que solo opera para el resto, menos para ANTEL.
Pero hay más en detrimento a ANTEL, más allá del trato desigual en cuanto a las posibilidades de brindar contenidos, o en función a los capitales de giro necesario para incluso hacerlo, no es un dato menor, que se recuperan privilegios para las principales multinacionales de las comunicaciones con este Proyecto de Ley, lo que ya de entrada demuestra que no existe la “igualdad de condiciones” para la convergencia, sino que hay problemas en cuanto a la forma de contabilizar las inversiones entre empresas públicas y empresas privadas, lo cual redunda en la magnitud y en sus restricciones (o no) para hacerlo.
Las empresas privadas cuando invierten emplean la técnica contable del criterio de lo devengado, es decir, una inversión no es un costo, de modo que la van cargando, de acuerdo a como se va procesando y materializando; en cambio las empresas públicas cuando invierten utilizan un criterio de caja, es decir, deben cargar inmediatamente (ese año) toda la inversión como costo, lo que significa, como deuda, o sea, impacta directamente el déficit fiscal. Más allá de que el criterio es distinto, las repercusiones son tremendas.
Las empresas privadas no tienen, de este modo, limitaciones para el monto de sus inversiones; en cambio, las empresas públicas si lo tienen, porque influyen sobre el déficit fiscal, que como vimos preocupa a los gobiernos, pues se traduce en endeudamiento. Nótese entonces la trascendencia y repercusión, tratándose de un gobierno que “fetichiza” el resultado fiscal. Nuevamente se advierte que no hay “pie de igualdad”, ese que tanto vanagloria del libre mercado.
¿Qué impactos en concreto podemos esperar de la aplicación de la regla fiscal, de criterios contables distintos y de la necesidad para las empresas públicas de ser rentables económicamente sometidas a la competencia de mercado? Pues en primer lugar, la gradual (o definitiva) ausencia de políticas públicas como cometido; en segundo lugar, el redireccionamiento de las inversiones hacia emprendimientos rentables; en tercer lugar, en tanto la regla establece topes y el criterio contable limita aún más el monto, es esperable que la calidad de los servicios se puedan ver afectados.
La inversión de ANTEL ha seguido una trayectoria descendente desde el año 2014 fruto del deterioro de la región, pasando de destinar en 2014 en el entorno de 430 millones de dólares, a ubicarse (estimamos) al cabo de 2020, en una cifra apenas por encima de los 100 millones de dólares. Sin jamás dejar de transferir a Rentas Generales en el orden de los 100 millones de dólares cada año. Estos niveles de inversión ni siquiera permiten asegurar la reposición y el mantenimiento, mucho menos si ANTEL debe ponerse en campaña para la implementación de la Portabilidad Numérica; más lejos aún para alcanzar las recomendaciones internacionales.
ANTEL requiere mayores inversiones de mantenimiento y reposición para seguir siendo la mejor empresa de telecomunicaciones de la región, y una de las mejores en el mundo. Pero además ANTEL está en condiciones de dar saltos en calidad, sin necesidad de someterse a los criterios mercantiles de la competencia, en la medida que se permita que despliegue sus capacidades; más allá de brindar la infraestructura, necesita, para ponerse en verdadero pie de igualdad, crear y brindar contenidos. Para ello se requiere grandes montos que seguramente puedan resultar de alianzas estratégicas y en beneficio de ANTEL y de nuestra gente.
De lo que verdaderamente se trata es de elevar la mirada, pensar en términos estratégicos y facilitar el camino hacia el desarrollo, brindando los recursos y tendiendo puentes, pero sobre todo, teniendo en cuenta que la perspectiva es social. La economía debe estar al servicio de la sociedad, y no al revés. Lo urgente siempre fue y será la gente. Defender ANTEL es defender algo más que una empresa pública o parte del patrimonio nacional, es una forma alternativa y superadora en el marco del capitalismo de revalorizar el rol del Estado, uno al servicio de su pueblo.
