El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó la pena de 15 años y seis meses de prisión para los militares retirados Óscar Mario Roca, Ivo Morales y Abel Pérez.
El pedido del fiscal se enmarca “en el caso que investiga torturas en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos contra 11 personas, entre 1980 y 1984”, informó la diaria.
Los acusados, detalla el medio de prensa, son enjuiciados “por reiterados delitos de privación de libertad (…) reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves”.
En el caso de los militares retirados Héctor Caubarrere y Jorge Soloviy, la pena solictada es de “14 años y seis meses de penitenciarìa por los mismos delitos”.
Para los casos de Daniel Castellá y Rodolfo Costas, el fiscal “pidió una condena de 13 años y seis meses, también por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves”, mientras que, en el caso de Luis Estebenet, se solicita “una condena de 11 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos”.
Para Eduardo Saiz, se añade, “Perciballe pidió una condena de 13 años de penitenciaría”.
“El caso”, recuerda el medio de prensa, “investiga torturas contra Aníbal Lapunov Velichcov, Hugo Ademar González Sierra y Ricardo Bozinski Schevzov en 1980, y contra Pires da Silva, Esteban Balachir Podchibiakin, Carlos Alberto Jacina Leiba (hoy fallecido), Pedro Marseñuk Romañuk, Juan Chimailov Robkin, Roman Klivsov Luchilin y Basilio Jacina Oljovsky en 1984”.
De acuerdo al pedido fiscal, “los delitos de privación de libertad se encuentran específicamente agravados por haber sido cometidos por funcionarios públicos y por haber superado la privación de libertad los diez días y obedecer a móviles políticos o ideológicos, habida cuenta de que la prolongada detención de las víctimas estuvo motivada en la imaginaria vinculación al PCU”.
“Todos los delitos adscriptos a los imputados”, añade la acusación, “se encuentran genéricamente agravados por la pluriparticipación criminal”, para el desarrollo de la acción criminal, señala Perciballe “todo estaba estructurado para que los oficiales a cargo de la tortura actuaran con libertad, a sabiendas de que su accionar ilícito no sería investigado y a la sazón sancionado”.
Tras la presentación del fiscal, “la jueza tiene diez días para convocar a la primera sesión de la audiencia de control de acusación” con el objetivo de que “las partes diriman qué evidencias ingresarán a prueba en el juicio oral”.
