Cerca de $40 millones de dólares ha invertido la administración del presidente Donald Trump para asegurar la deportación de 300 inmigrantes a terceros países en el último año.
La cifra fue dada a conocer en un informe publicado por los demócratas pertenecientes al comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
El informe, divulgado el pasado viernes, es el resultado de una investigación de diez meses en la que sus autores revisaron los acuerdos gubernamentales existentes para este tipo de deportaciones, utilizadas anteriormente de forma “excepcional”.
De acuerdo al comunicado de los congresistas, el Gobierno republicano ha sistematizado esta práctica y ha puesto “el dinero de los contribuyentes en manos de gobiernos extranjeros mientras cierra los ojos ante los costes humanos y el potencial socavamiento de nuestras relaciones diplomáticas”.
De acuerdo al documento, dirigido por la senadora Jeanne Shaheen, “el costo de las deportaciones a terceros países hasta enero de 2026 es desconocido pero probablemente superior a $40 millones de dólares”, pues el Gobierno ha entregado más de $32 millones “directamente a cinco países: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau”.
De los 300 inmigrantes deportados a terceros países, 250 son venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025, y el resto, 51 personas cuya nacionalidad no está establecida, fueron enviados a otros cuatro países, la mayoría a Guinea Ecuatorial y Eswatini.
En sus 30 páginas, el informe critica que, en muchos de estos casos, Estados Unidos podía haber expulsado a estas personas a sus países de origen, y detalla “que más del 80% de esos deportados a terceros países ya han vuelto a sus países de origen o están en proceso de hacerlo”.
“En algunos casos”, se agrega, Estados Unidos “pagó para enviar a migrantes a terceros países para después volver a pagar para enviarlos a su país natal”.
En su estudio, consigna eldiario.es, los senadores demócratas advierten “que el Gobierno busca activamente retirar el estatus legal a miles de inmigrantes (…) suspendiendo beneficios como el TPS (estatus de protección temporal) o el permiso humanitario, lo que incrementa el riesgo de que se amplíen las deportaciones a terceros países”.
En sus conclusiones, el informe subraya que dichas operaciones “son caras e ineficientes, suponen un despilfarro, financian a gobiernos corruptos sin supervisión” y “circunvalan el derecho migratorio de Estados Unidos”, caracterizándose, además, “por la falta de transparencia tanto en los acuerdos como en el cumplimiento de estos por parte de los terceros países”.
