Cuando apenas habían transcurridos dos semanas de la conmemoración del aniversario 51° del golpe de Estado en Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado chileno.
La condena, informó el diario Página 12, tuvo como fundamento la decisión de reducir “sentencias a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990)”.
Dicho fallo de la CIDH, afirma el medio de prensa, se convierte en “un precedente importante para la región”, constituyéndose en “un emblema en la lucha por justicia, tanto para las víctimas directas de los asesinatos y desapariciones forzadas, como para sus familiares, quienes lucharon durante décadas”.
La sanción de la CIDH a la Corte Suprema de Justicia de Chile por aplicar “el recurso de prescripción gradual o media prescripción”, en el caso, conocido como Vega González y otros Vs. Chile, que abarca 14 procesos penales, es considerada por la CIDH como un factor de impunidad, incompatible con las obligaciones del Estado de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad”.
La acción de la CIDH señala que con la reducción de las sentencias realizadas por el Estado de Chile se violaron “los derechos a las garantías judiciales y a la protección legal de 49 víctimas”, afectándose además, “el derecho a la integridad personal de 99 familiares”.
