Para el Frente Amplio el juicio promovido por la oposición a la intendenta de Montevideo “es delirante”.
El pasado viernes no fue un día cualquiera en la Junta Departamental de Montevideo (JDM). Ese día la oposición blanqui-colorada aprobó llevar a la intendenta Carolina Cosse a juicio político. Se enojaron porque no fue a la Junta, porque no responde los informes, por cualquier cosa. Ese día estaba prevista la comparecencia de la intendenta, pero en su lugar fue el secretario de la comuna, Guillermo Moncecchi, que no fue recibido.
“En la Junta Departamental de Montevideo desde la oposición acabamos de plantear juicio político a Carolina Cosse por no comparecer al llamado a sala y violar un mandato Constitucional”, publicó en su cuenta de Twitter el edil colorado Matías Barreto, uno de los impulsores del juicio.
Cosse fue convocada a sala por los blancos que entienden que hay una “sistemática falta de respuesta a los pedidos de informes”, realizados por los ediles.
Para el edil blanco Javier Barrios Bové se trata de una actitud que “nos lleva a entender que la actual administración ha establecido una política sistemática de entorpecer uno de los más importantes mecanismos de contralor que tienen los legisladores departamentales como es el pedido de informes”.
Simultáneamente Barreto dijo que a la oposición no le queda “otra opción que llamar a juicio político. Eso fue planteado hace unos minutos y desde la mesa se pidió un cuarto intermedio de media hora, que ya quedan ocho minutos, y cuando se retome la sesión se verá qué se resuelve”.
La reacción no se hizo esperar y en pocas horas dirigentes y referentes de todos los sectores del Frente Amplio (FA) manifestaron su respaldo a Cosse. Esta, mediante un video, dio un mensaje a los montevideanos en el que “los ediles que votaron el juicio político trataron de armar algo y lograron armar algo funesto”.
Reiteró que se respondieron los 234 pedidos de informe enviados desde la Junta Departamental y que los directores estuvieron a disposición.
Sin respaldo
De inmediato desde el Partido Nacional, y otros socios de la coalición, varios dirigentes comenzaron a desmarcarse de la iniciativa de los ediles. Es el caso de la vicepresidenta Beatriz Argimón y el ministro de Defensa Nacional Javier García. Desde Cabildo Abierto también expresó su opinión contraria el senador Guillermo Domenech.
«Me enteré de la decisión de los ediles a través de los medios de comunicación. Está dentro de la independencia de la bancada de legisladores comunales», señaló Argimón. Y agregó que en lo personal la considera “una medida extrema».
Javier García, tal vez el primer dirigente nacionalista que se despegó del tema, calificó la medida como “muy extrema”, y que se tomó sin “una consulta orgánica a las autoridades” del Partido Nacional.
Indicó que el mismo viernes recibió una consulta “cuando ya estaba prácticamente tomada la decisión”. “Le dije que me parecía que había que detenerse un poco para analizar jurídica y políticamente en mayor profundidad la decisión, pero, como está visto, fracasé con total éxito”.
Por su parte Domenech calificó la decisión como “un circo mediático”. “Podríamos hacer una larga lista de los problemas que tenemos a nivel comunal, pero nos vamos a ensalzar en un circo mediático porque la intendenta es arrogante y no quiere contestar los pedidos de informes, y los ediles inician un procedimiento constitucional, que reconocemos jurídicamente correcto, pero que sabemos que no tiene un destino efectivo”, cuestionó.
El juicio político requiere de 21 votos en el senado pero la coalición cuenta solo con 18.
Para el constitucionalista Martín Risso no hay lugar al juicio político. En declaraciones a Radio Universal consideró que el juicio político “es responsabilidad política penal, tiene que haberse cometido un delito. Acá habrá una infracción a la constitución, pero definitivamente no hay un delito cometido por la intendenta”.
“Es una violación de la constitución, que políticamente puede ser considerada relevante, esa es una consideración política. Pero lo que no hay es un delito. O sea, que no justifica un juicio político”, subrayó.
Amplio respaldo
Para el Frente Amplio no hay dudas que el juicio político a la intendenta Cosse, responde a una estrategia para distraer de problemas que están complicando al gobierno, como el caso del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset o los delitos cometidos por el jefe de la Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano. Fue calificado como una cortina de humo.
Así se refirió el presidente del FA, Fernando Pereira, quién calificó al juicio como “persecución política”.
«Cuando usted le dice a la intendenta ‘cínica’ no es que está pasando una raya, está pasando todas las rayas», dijo Pereira en declaraciones a Radio Sarandí. Y agregó que “el planteo de juicio político «es delirante» y llega a ser “persecución política”.
“Cuando se habla de un estilo de oposición virulento, en internet nos tratan de ratas. No vayan a creer que a nosotros nos tratan como nenes buenos. Dirigentes políticos dicen que estamos ‘carancheando’, eso es tratarme de animal, de carancho”, criticó Pereira.
Pablo Silva
Foto de portada:
Carolina Cosse y Fernando Pereira, en conferencia de prensa sobre el juicio político a la intendenta, en la sede Frente Amplio. Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS.