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Crisis política del disco duro macrista

Nuevas pestilencias de las mesas y cloacas del Estado percuden la política argentina.
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Por Fabricio Mato

Se sabe (o se sospecha): la historia se repite

Pocas áreas son más sensibles en una transición política-institucional posterior a elecciones democráticas que las referidas a los organismos de inteligencia. La contundente derrota de Macri y su sello “Juntos por el Cambio” por parte del recién creado “Frente de Todos” (plataforma kirchnerista con componentes peronistas) en las elecciones presidenciales de octubre del año pasado, auguraba estrépitos políticos desde la Agencia Federal de Inteligencia (o AFI, neonombre de la decana Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, de pésima memoria por su alcance y criminalidad en Argentina y América Latina).

Cumplido el primer semestre del tándem presidencial Fernández-Fernández, la AFI no decepcionó. Como parte de una serie de esfuerzos por auditar y supervisar el principal organismo de inteligencia argentino –tras cuatro años de persistente gimnasia desprofesionalizante y niveles inauditos de corrupción institucional–, las nuevas autoridades de la agencia presentaron una detallada denuncia penal en los tribunales federales de justicia, por hechos delictivos que constituyen una clara violación a la norma (ley 25.520 de Inteligencia Nacional) que rige dichas actividades y organismos en el vecino país.

La creatividad al poder: la guerra judicial neoliberal de los republicanos argentinos

Pero antes de entrar en los detalles de la denuncia, conviene circunscribir los hechos y procesos previos que convergen en el actual estado calamitoso de la AFI.

Una de las primeras medidas no documentadas de la gestión Macri cuando asumió en diciembre de 2015 fue la silente creación de lo que se conoce como la “Mesa Judicial”, un aparato paraestatal encargado de planificar, implementar y controlar el flujo constante de denuncias penales de diversa consistencia creadas y apuntadas inequívocamente a minar la influencia del núcleo político kirchnerista aglutinado en torno a la expresidenta Cristina Fernandez y su Instituto Patria, así como líderes sociales y sindicales que –aunque no adscribieran al ideario peronista– fueran firmes en el planteo de sus demandas al nuevo gobierno macrista.

Fueron cuatro años de “lawfare” (término anglosajón que refiere al uso abusivo de los procedimientos legales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, con el fin de provocar repudio popular a un oponente real o imaginario) contra opositores políticos de Macri, y que este comandaba desde la “Mesa Judicial”. De ella participaban el entonces jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas; el asesor presidencial, Fabián Rodríguez Simón; el ex agente de inteligencia y asesor presidencial José María Torello; el ex consejero de la Magistratura (hoy fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Juan Bautista Mahíques; el abogado del Grupo Macri y ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; el ex director de la AFI, Gustavo Arribas; la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; y el operador todo terreno de bingos y casinos, fútbol y otras amenidades Daniel Angelici (el único personero de la “Mesa Judicial” que no tenía cargo formal en la administración pública nacional). Esta asociación ilícita de magnitud institucional se completaba, además, con un grupo de tareas no-tan-en-las-sombras de fiscales federales “republicanos”, todos ellos prolíficos en antecedentes de dudosas vinculaciones con conspicuos elementos de los servicios gubernamentales, policiales y militares de inteligencia, así como expertos operadores en maniobras prevaricantes.

Sin embargo, por más conocida que fuera la “Mesa Judicial” en los mentideros políticos y económicos de la Buenos Aires macrista, aún quedaba por desentrañar de manera fehaciente la infraestructura que viabilizaba el torrente constante de desinformación en los medios de comunicación afines al gobierno de Macri (en particular, el Grupo Clarín, homónimo del matutino, así como su señal de cable TN; el diario de la oligarquía agroganadera La Nación, el portal Infobae, y el canal de TV América, privilegiados todos con “primicias” que repetían durante las veinticuatro horas, todos los días, trufadas de comentarios antiperonistas), y de “lawfare” tribunalicio.

Ahora, ciertos descuidos inherentes a la incompetencia profesional de los espías macristas, abrieron una ventana de oportunidad que podría echar luz sobre la infraestructura clandestina (las cloacas del Estado) que viabilizaron la sustentabilidad sociocomunicacional del último experimento neoliberal argentino.

La denuncia de operaciones ilegales del gobierno de Macri

Esta semana, la interventora de la AFI designada por el presidente Alberto Fernández, Cristina Caamaño –una ex fiscal federal, reconocida en el fuero por su celo profesional e integridad–, denunció penalmente que durante el gobierno macrista dicho organismo realizó tareas de inteligencia ilegal sobre políticos, periodistas, empresarios, policías y líderes sociales, tanto opositores como propios.

En el texto de la denuncia se requiere, por primera vez, la indagatoria del expresidente Macri, así como la del ex director de la AFI, Gustavo Arribas, y de la ex subdirectora del mismo, Silvia Cristina Majdalani.

La presentación tiene el visto bueno del presidente Alberto Fernández, y su propósito apunta a deslinar responsabilidades por las actuaciones de un núcleo de funcionarios políticos y de carrera de la AFI (y ciertos contratistas privados que se está en proceso de identificar) que tenían el encargo presidencial de espiar a un amplio espectro de personalidades del quehacer político, económico, mediático, judicial y policial de Argentina, incluyendo a tropa propia de la alianza oficialista de “Juntos por el Cambio”.

La ineptitud técnica como marca de agua del macrismo

Público y notorio, el fracaso del macrismo fue electoral en octubre del año pasado, cuando perdió las elecciones luego de quebrar la economía argentina con su ruinoso acuerdo con el FMI. Pero, privado y secreto, su fracaso fue también táctico y técnico, al ser incapaz de darle una disposición final a un disco duro de una computadora de la AFI rebosante de datos incriminadores.

Con pericia técnica, expertos en forensia informática convocados por la interventora Caamaño escudriñaron durante las últimas semanas un disco duro mal borrado que se halló en una de las computadoras de la AFI. Allí se conservaron cientos de correos electrónicos interceptados durante el gobierno de Macri que, según las pesquisas pertinentes, se realizaron sin permiso alguno por juez competente (único modo en que la ley permite la grabación subrepticia de las telecomunicaciones entre dos personas en Argentina). Se está así, frente a un tesoro probatorio de primer orden, que permite establecer el modus operandi, el alcance y la composición de una de las redes clandestinas que, bajo el amparo del gobierno de Macri, fungía como la infraestructura operacional de la reconocida “Mesa Judicial”.

De acuerdo a las informaciones publicadas en diversos portales argentinos, los correos electrónicos interceptados corresponden a más de ochenta personalidades diversas, incluyendo no sólo opositores, sino incluso políticos (como el ex senador nacional Ernesto Sanz, la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; y los diputados nacionales de “Juntos por el Cambio”, Mario Negri y Nicolás Massot) y periodistas (Luis Majul) socios y/o aliados de Mauricio Macri. Por supuesto, no hay carestía de opositores en el celo espía, incluyendo varios de los más cercanos colaboradores de Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, políticos provinciales, defensoras de los derechos humanos (Leticia Angerosa), líderes sociales y gremiales (Héctor Daer), intelectuales (Ricardo Forster), periodistas, y hasta una historiadora (Araceli Bellota), reconocida por su destaca investigación sobre el rol de Eva Perón en el movimiento peronista.

Un futuro incierto que anuncia lo mucho que hay por hacer

El presidente Alberto Fernández se refirió a la denuncia judicial de la interventora de la AFI, señalando que su voluntad era “poder entregar a cada organismo [no-gubernamental] de Derechos Humanos las cosas que Cristina [Camaño] encontró de espionaje sobre ellos”. Refuerza así una escueta tradición democrática de anteriores presidentes (Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, y Cristina Fernández) de intentar mitigar el daño persistente de las cloacas del Estado a dichos organismos. Como es evidente, las elecciones democráticas serán regulares y limpias, pero las taras ideológicas y organizacionales sobreviven.

Sin embargo, alertados de las pesquisas de Caamaño, unas semanas previas a la denuncia judicial, personal técnico de la base de inteligencia electrónica de la AFI conocida como “Villa Martelli” borraba y/o sustraía subrepticiamente de la auditoría oficial decenas de USBs, HDDs y SSDs (soportes digitales de memoria externa) con datos relativos a más de 3.500 (tres mil quinientos) “blancos de reunión” (eufemismo que refiere a personas asignadas para la interceptación de sus smartphones y servicios fijos y móviles de internet) que se designaron desde 2016 por directiva del entonces presidente Macri.

El presidente Fernández anticipó que confirmará a Caamaño al frente de la agencia, y destacó que ella es “una mujer incorruptible”, que jamás aceptaría que le pidan que espíe a nadie, ya que, dijo, en ese caso, “renunciaría y lo haría público”. Pero a la luz de la autonomía institucional alimentada por la desinstitucionalización de las actividades de inteligencia por el macrismo (una tradición cuyos huevos de la serpiente datan de su época de alcalde porteño), y en medio de una grave crisis económica y social, cualquier intento de reforma y profesionalización de la AFI guarda hoy pronóstico reservado.

Foto: Presidencia de la República

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