Un informe destinado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) elaborado por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) denuncia el sobredimensionamiento de los aspectos vinculados a la seguridad en la nueva gestión del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).
Hay un “reforzamiento en la impronta de la seguridad y el control de los centros” señala el documento en el cual se alerta sobre los efectos negativos que tienen los cambios jurídicos introducidos respecto del accionar policial.
SERPAJ grafica sus apreciaciones con varios ejemplos donde se evidencian malos tratos a los adolescentes por parte de funcionarios de la institución, entre ellos sobresale un episodio ocurrido en abril de 2021 cuando un adolescente privado de libertad fuera golpeado por un funcionario, quien también instructor de boxeo.
El relato de la organización denuncia que aún tirado en el suelo, el adolescente “continuó recibiendo golpes sin motivo alguno aparente” y que, posteriormente, fue presionado para que guardara silencio sobre lo acontecido.
El informe de la organización se produce luego de su tradicional visita anual a los centros de detención de adolescentes que, entre 2019 y 2021, alcanzó un total de 23 visitas a todos los centros del INISA en del país.
A partir de este cronograma de visitas, SERPAJ elabora, anualmente, uno de los informes alternativos que son presentados ante el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el actual reporte será presentado este 4 de mayo.
Como resultado de sus visitas a los centros, la organización denuncia la existencia de casos de “tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia los y las adolescentes privados de libertad”, al tiempo que describió la lógica de funcionamiento de la institución como “signado por la lógica premio-castigo”.
Del mismo modo se denuncia la continuidad de las “prácticas de encierro compulsivo”, acompañadas de aislamiento y suministro excesivo de medicaciones.
SERPAJ denuncia, además la presencia de un alto número de intentos de autoeliminación por parte de los adolescentes, en un contexto de graves carencias edilicias.
Atendiendo a lo observado, la organización de derechos humanos reclamó el cierre de dos de los centros inspeccionados.
Aunque las situaciones denunciadas se producen desde años anteriores, SERPAJ resalta que, a partir de la nueva administración de la institución a comienzos del año 2020, se ha ido produciendo una importancia mayor a las cuestiones de “seguridad”, en desmedro de los aspectos socioeducativos.
El sistema, denuncia el informe, presenta serios déficits de personal calificado, en particular en las áreas de trabajo técnico, del mismo modo SERPAJ expresa la preocupación por la permanencia de funcionarios sujetos a investigación administrativas que permanecen en contacto directo con la población de adolescentes privados de su libertad.
La conclusión del informe ratifica el incumplimiento de Uruguay con las medidas socioeducativas destinadas a esta población, ya que las mismas “quedan supeditadas a las medidas de seguridad”.
