Este martes 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en acuerdo con lo establecido por las Naciones Unidas.
La fecha es tomada por la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU para hacer una «observación general» del número de desapariciones forzadas que se han producido en el mundo durante ese año y compararlas con los datos de años anteriores, para saber si el problema se ha agravado, ha mejorado o sigue igual.
En Uruguay, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos realizarán un encuentro en la Sala Camacuá a partir de las 19 horas, en el que habrá un espacio de reflexión realizado por la propia organización de derechos humanos, junto con el colectivo «¿Dónde están nuestras gurisas?», conformado por familias que buscan a sus hijas y hermanas desaparecidas, sin acceso a la justicia. Esta ONG nuclea a familias que sufren la ausencia de mujeres que también fueron desaparecidas y dichas historias y ausencias estuvieron acompañadas de violencia de género, vulnerabilidad económica, abusos, adicción, trata y explotación sexual.
El acto del Día Internacional del Detenido Desaparecido culminará con la actuación de Diego Kuropa.
Según explicó al Portal del PIT-CNT el integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea, el 30 de agosto «es un día en el que nos sentimos unidos con todos los familiares del mundo que están viviendo situaciones similares a la nuestra, aunque todas distintas entre sí. Está claro que la desaparición forzada no es algo que haya sucedido solamente acá en Uruguay o el Río de la Plata, es algo que lamentablemente ha sucedido en distintas partes del mundo y hoy día por desgracia, sigue sucediendo en distintas partes del mundo. Se trata de una política represiva de los estados que debemos erradicar».
Errandonea cuestionó el escenario nacional actual para los derechos humanos, particularmente en relación a la situación de la búsqueda de la verdad y la justicia sobre los delitos cometidos desde el Estado bajo la dictadura cívico militar. «La omertá de los militares sigue intacta: las Fuerzas Armadas, los militares, son quienes se llevaron a nuestros familiares y tienen que decirnos dónde están. Documentación hay y la tienen guardada. Es inadmisible que los distintos ministros de Defensa pasen sin exigir a las FFAA que abran todos los archivos. Y esto es algo fundamental para poder avanzara en la búsqueda de la verdad. Hemos solicitado información y algo nos han brindado pero mucha otra información no porque dicen que no la tienen. Y eso es porque no hay una política del gobierno concreta para buscar dónde está la información. Y nosotros sabemos que las FFAA tienen un pacto de silencio y en la medida que no se les exija que brinden la información, no podremos avanzar», fustigó.
Asimismo, el integrante de Madres y Familiares dijo que lo sucedido para renovar las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) «es una vergüenza» y evidencia que la institución «ha sufrido un ataque feroz». Desde su perspectiva, «todos como sociedad hemos sufrido ese ataque porque la INDDHH está para defendernos a todos como sociedad de los posibles embates de los gobiernos de turno y por ello debe ser independiente. Ahora se ha cometido el atropello de repartir los cargos de conducción por cuota política. Lo anunciaron y lo hicieron. Por ello creemos que lo que se ha hecho es un atentado a toda la sociedad y por ello impugnamos la elección de los cargos porque no se cumplió con lo establecido en la Ley», sentenció.
Fuente PIT-CNT
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Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
