Por Pablo Da Rocha
Durante esta semana se está llevando a cabo la votación en diputados del Proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) remitido desde la cámara alta, en el que, si bien llega con más de una treintena de modificaciones, ninguna resulta significativa en lo conceptual. Por lo que se espera se apruebe sin cambios, a pesar de las duras críticas recibidas desde el Frente Amplio, y numerosas organizaciones sociales y sindicales.
En ese marco, el día 30 de junio ingresó al parlamento –razonablemente por senadores- el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2019, que según consta, es de “artículo único”. Como es habitual, llega acompañado de un informe económico-financiero, que supone la fundamentación técnica-política de lo que en definitiva pretende explicar el proyecto propuesto.
Lo concreto es que no solo la Rendición de Cuentas llega en medio de una ardua discusión sobre los contenidos y preocupantes riesgos de la LUC, sino que el informe económico que lo “respalda” resulta hasta contradictorio con lo que fueron los discursos electorales por parte de los partidos que hoy integran la coalición de gobierno multicolor; que aún hoy, intentan instalar un relato oscuro y caótico sobre la situación heredada. Poco menos que recibirían un país en crisis y devastado.
En efecto, de acuerdo con dicho informe nuestro país desde el año 2015 –fruto de un fuerte deterioro regional y mundial- experimentó una fuerte desaceleración de su actividad que se agudizó en los últimos años- hasta llegar a una situación de cuasi estancamiento. Sin embargo, eso no debería ser noticia, pues fue una realidad más que evidenciada, bastaba ver lo que acontecía en materia de recesión económica, primero en Brasil (uno de nuestros principales socios comerciales) y luego en Argentina (principal fuente de divisas por turismo), para comprender los posibles impactos. La noticia en realidad destacada, es que, a pesar de ello, debieron reconocer, que no hubo impactos en materia de indigencia, pobreza y desigualdad, como sí, la registraron nuestros países vecinos.
En referencia a los contenidos del informe, más allá de dar cuenta que la economía continúa desacelerándose desde el año 2018, lo cual explica el deterioro en el mercado de trabajo y las pérdidas de puestos de trabajo, intenta desacreditar al gobierno anterior en cuanto al manejo de las cuentas públicas, al referirse a una “trayectoria fiscal no sustentable”. Posiblemente, esto sea lo más relevante de lo presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas porque intenta poner en entredicho la gestión del Frente Amplio aludiendo que hubo desviaciones significativas en este tema.
Veamos, efectivamente si vemos las proyecciones realizadas en el marco del Presupuesto Nacional 2015-2019 recordamos las aspiraciones del Poder Ejecutivo (PE) de entonces de reducir el déficit fiscal (DF) para llevarlo, al cabo de los cinco años, en el orden de 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Pero tanto el gobierno como quienes le damos seguimiento a estos temas, somos conscientes que las proyecciones dependen de varios supuestos y factores, en los que no siempre tenemos grado de incidencia, siendo totalmente exógenos. Por lo tanto, ante el deterioro de la economía los ingresos públicos se verían afectados. La pregunta subyacente es: teniendo un Presupuesto Nacional donde más del 80% es gasto público social, ¿qué hacer? Las alternativas son pocas, o bien recortamos el gasto, o bien procuramos mejorar los ingresos. Se optó por un ajuste tributario –criticado por cierto- que implicó como es lógico, cambios en el diseño tributario, de manera tal de no impactar sobre las decisiones de gasto, o lo que es más importante, de modo, dado que se trata de políticas públicas de fuerte impacto social, de no tener consecuencias negativas sobre el bienestar de los hogares y las personas. Son decisiones políticas.
En efecto, un ajuste fiscal que mejore la recaudación –en lugar de un recorte del gasto- busca mantener los niveles de calidad de vida de quienes más lo requieren, de los sectores vulnerables y menos protegidos. Se trata de impedir que la pobreza y la indigencia aumenten o que la capacidad de compra de los ingresos caiga. Por supuesto que asumir tal desafío de política económica supone, posiblemente, un empeoramiento de las cuentas fiscales.
Tal cual sucede ahora, que en el marco de una pandemia donde el distanciamiento social como medida eficaz para la contención de la propagación del virus enlentece la actividad, implicaría –siempre que se busque no afectar la calidad de vida de las personas- destinar mayores recursos públicos a la implementación de transferencias o extensión de los seguros por desempleo, con la inevitable consecuencia de registrar un mayor déficit fiscal. Nuevamente, dependerá de las decisiones políticas que se tomen.
Lo cierto es que durante todas las administraciones pasadas, con crecimiento económico, pero también con fuerte desaceleración de la actividad, no fueron afectados ni el poder de compra de los salarios y las jubilaciones y pensiones, como así tampoco, aumentó la pobreza ni la indigencia. Por el contrario, en esos 15 años de gobierno de izquierda, la pobreza cayó como nunca antes –pasando de más de 32% a menos de 8%-. Ese fue el sello del gobierno del Frente Amplio, mejorar en términos distributivos: crecer y repartir.
De modo que a pesar del relato que intenta instalar la coalición de gobierno, no tiene más que admitir que la pobreza no aumentó de manera estadísticamente significativa, a pesar del empeoramiento de la economía y del mercado de trabajo. Es más, se advierte, que un fundamento del deterioro de las cuentas públicas y la agudización del DF –el cual hemos en más de una ocasión señalado es importante pero no alarmante, en tanto corregido por ciclo económico, dada la solidez financiera que cuenta nuestro país, es sustentable- es haber mantenido, por una decisión política, la red de protección de los más necesitados.
Lo que parece claramente reflejar “otra” decisión de política es la que lleva adelante este gobierno de coalición multicolor. El actual gobierno prioriza la reducción del DF, aún en un contexto mundial de pandemia, donde todos los países ven afectadas negativamente sus cuentas fiscales –incluso más allá de lo posible, pero a sabiendas que las calificadoras no alterarán sus evaluaciones, sino que las contemplan bajo este nuevo escenario- en lugar de poner en primer lugar la calidad de vida de las personas.
A esta nueva administración multicolor, en aras de reducir a toda costa el DF, no le tiembla el pulso para impulsar una regla fiscal que recorte el gasto y limite o evite políticas sociales, sino que también, propone pautas salariales de recorte (por debajo de la inflación) y donde ya se ha “cobrado” miles de personas nuevas bajo la línea de pobreza. El costo social de priorizar el desempeño económico, no se puede medir, en términos del PIB. Son miles de hombres y mujeres que no cuentan con un ingreso suficiente para subsistir. Son miles de hombres y mujeres que verán caer su capacidad de compra. Son miles de hombres y mujeres que no podrán retornar a sus lugares de trabajo, porque se apuesta a priorizar al capital.
La Rendición de Cuentas presentada empieza a delinear un discurso que quiere abrir grietas donde no las hay, y pretende preparar condiciones para un nuevo relato sobre una inexistente herencia maldita, pero que claramente, necesita, que se apruebe la LUC para poder implementar lo que seguramente “se venga” en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional que debe ingresar antes del 1º de setiembre al Parlamento.
