Hugo Guzmán (*)
La mañana del 5 de septiembre de 1970 comenzó todo. Establecido el día anterior el triunfo del doctor Salvador Allende, candidato presidencial de la Unidad Popular (UP), el 5/9 se produjeron reuniones en las sedes de los partidos Nacional y Demócrata Cristiano, en oficinas de la embajada de Estados Unidos (EU), en la residencia del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, y en las casas de altos oficiales castrenses y empresarios.
Fue el preludio de la planificación meticulosa, conspirativa y financiera para, primero, evitar que Allende se sentara en el sillón principal de La Moneda y, luego, apuntar a su derrocamiento.
El clima lo graficaban sutilmente dos titulares de prensa del 5/9. Mientras Clarín aseguraba “¡Allende Presidente”!, El Mercurio relativizaba, “Allende: Mayoría Relativa”.
El candidato de la UP había obtenido el 36% de los sufragios y el del Partido Nacional (PN), Jorge Alessandri, el 35%. Ninguno tuvo mayoría absoluta y el Congreso, en una sesión del 24 de octubre, debía decidir entre ambos.
El primer paso establecido por la derecha fue que los parlamentarios no votaran por Allende. El propio Alessandri, en una entrevista en El Mercurio explicó la táctica: “Ésta consistió en que yo fuera elegido presidente en el Congreso pleno sobre la base de que no asumiera el cargo permitiendo así que el vicepresidente de la República, de acuerdo con la Constitución, llamara a una nueva elección y los que me apoyaron patrocinaron la reelección del señor Frei (Eduardo Frei Montalva)”.
Se barajó una opción paralela. Generar una situación de inestabilidad política y conmoción social que gatillara la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) que apuntara a desechar los comicios del 4/9 y hubiera otra elección donde fueran juntos la derecha y la DC. Ese camino se fortificó porque el aspirante presidencial de la DC, Radomiro Tomic, y el comandante en jefe del Ejército, René Schneider, cerraron la puerta a salidas extremas y de fuerza.
Lo comprobado a través de documentos desclasificados de entidades de Inteligencia y el Senado de EU, testimonios, investigaciones periodísticas y documentación académica, es que desde septiembre de 1970 se diseñó una estrategia destinada a echar abajo la presidencia de Allende con acciones conspirativas y violentas, generando inestabilidad política y desazón social, estrangulando la economía y saboteando la producción y el abastecimiento, y boicoteando la venta del cobre.
Es larga la lista de acciones en el camino golpista. Están los encuentros de militantes ultraderechistas y la fundación del grupo paramilitar Patria y Libertad; la creación del Comando Rolando Matus; encuentros de empresarios agrícolas y grupos financieros; las reuniones en Washington entre el presidente Richard Nixon, el consejero de seguridad Henry Kissinger, el director de la CIA, Richard Helms y Agustín Edwards; la planificación de operaciones secretas de la CIA (Proyecto Fubelt o Track II); las conspiraciones de oficiales de las FFAA; y reuniones de altos directivos de la ITT y el Banco Mundial para ahogar la economía chilena.
Las operaciones criminales
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hizo ver que “el objetivo de derrocar a Allende se comenzó a orquestar antes de que asumiera y de ello da cuenta el asesinato del general René Schneider materializado por grupos de ultraderecha y la CIA”.
El agregado militar de EU en Chile, Paul Wimert, el jefe de la CIA en Santiago, Henry Hecksher, los generales Roberto Viaux y Camilo Valenzuela y un grupo de ultraderechistas, organizan y ejecutan el ataque contra Schneider. Wimert confesó que les entregaron a los terroristas chilenos 50 mil dólares, ocho metralletas, pistolas y gases lacrimógenos. El objetivo era secuestrar al jefe del Ejército y generar un caos político, a partir del cual intervinieran las FFAA. Cuando se concretó, Schneider resistió, lo que terminó en su asesinato.
Otro suceso criminal ocurrió el 27 de julio de 1973, cuando miembros de Patria y Libertad, del Comando Rolando Matus y conspiradores ligados a la Armada y la CIA, efectuaron una provocación en torno de la residencia del Edecán Naval del Presidente, Capitán Arturo Araya, haciéndose pasar por un grupo de ultraizquierda. Cuando Araya salió al balcón de su casa para repeler la agresión, recibió un disparo y a las pocas horas murió.
El viernes 29 de junio de 1973, en el afán de derrocar a Allende, un grupo de oficiales del Ejército, al mando del coronel Roberto Souper, y dirigentes de Patria y Libertad, movilizaron tanques y tropa del Regimiento Tacna, rodearon La Moneda y efectuaron disparos. Murieron 22 personas. Estaban coordinados con elementos de la derecha, oficiales castrenses y algunos agentes de la CIA, pero el operativo se frustró.
Otra situación que ayudó a la organización golpista fue la aplicación de la Ley de Control de Armas, promovida en el Congreso por legisladores opositores para incautar armamento “que estuviese en manos de la población”. Eso posibilitó allanamientos en poblaciones y fábricas, intimidando a pobladores y trabajadores.
La activación gremialista y política desestabilizadora
Una de las movilizaciones que inició las jornadas desestabilizadoras, se produjo el 1 de diciembre de 1971, con la “Marcha de las Cacerolas Vacías”, liderada por mujeres de la derecha. De esa manifestación surgió el grupo “Poder Femenino” destinado a “luchar contra el marxismo”, promoviendo el golpe de Estado.
En octubre de 1972 se produjo la ofensiva desestabilizadora más agresiva de parte de los gremios patronales. El marco de paros y boicot lo dio el “Plan Septiembre”, ideado por la CIA y empresarios. Lo principal fue el “paro de los camioneros”, provocando desabastecimiento, corte de carreteras y generando más conflictividad social y política. Contó con al menos 2 millones de dólares de apoyo de la CIA.
En entrevista con ElSiglo.cl, el exministro de Minería del Gobierno de Allende, Sergio Bitar, expuso que “una de las puntas de lanza de la caída del Gobierno, fue la huelga de El Teniente” iniciada en abril de 1973. Los mineros del cobre, que exigían un doble reajuste salarial, pararon durante 70 días, provocando un golpe a la economía con la baja en la producción y venta del cobre. La huelga fue apoyada por la DC, la derecha y gremios patronales.
El 22 de agosto de 1973, los legisladores de la Confederación Democrática, integrada por el PN y la DC, dieron curso a una resolución en la Cámara Baja, declarando inconstitucional la gestión del Presidente Allende, e instando a los altos mandos militares a no colaborar con el Ejecutivo. Es considerada la carta política para dar luz verde al golpe de Estado.
Abortar el plebiscito
El Presidente Allende tenía decidido convocar a la ciudadanía a un plebiscito para que dirimiera el curso de los acontecimientos y se ratificara el proceso de transformaciones o se convocara a elecciones para un cambio de Gobierno. Esa posibilidad se la comentó a generales de las FFAA, a dirigentes de la UP y a sus colaboradores. El anuncio de la consulta lo haría el 11 de septiembre. Era la salida democrática a la crisis política.
El plan cayó mal en los mandos militares golpistas, en la derecha política y en los gremios empresariales. Era muy riesgoso someter el destino al escrutinio ciudadano. Así que los golpistas apresuraron las cosas. Los contactos para activar la asonada militar se dieron el 9 y 10, quedando fijado el día “D”. Ya nada, ni siquiera una consulta a la ciudadanía, paraba lo que se venía gestando desde el 5 de septiembre de 1970.
(*) Periodista. Director de El Siglo, Chile. Especial para EL POPULAR.
