En 1837, Hans Christian Andersen, publicó la fábula «El nuevo traje del emperador», también conocida como «El Rey va desnudo»; en ella narra las desventuras de un monarca, obsesionado con las apariencias, al que le ofrecen la tela más fina jamás creada, que encima es invisible para tontos e incapaces. Por supuesto lo engañan, no hay tela, pero él, para que no lo crean incapaz, y menos tonto, no lo acepta; sus colaboradores más cercanos e importantes tampoco; ni el pueblo que lo ve desfilar desnudo. Todos elogian el traje inexistente. Hasta que pasa lo inevitable, un niño dice lo obvio: El rey va desnudo. Entonces todo se desmorona y el rey queda en evidencia.
184 años después, en Uruguay, un presidente con una inflación desmesurada de autoestima personal y política, está pasando por una experiencia similar.
Lacalle Pou articuló una coalición con todos los partidos de la derecha, junto con un apoyo público, notorio e irrestricto, de las principales cámaras empresariales, los sectores del “campo”, es decir los empresarios vinculados al agronegocio, los sectores del capital financiero e inmobiliario. Julio María Sanguinetti, que se fagocitó en tiempo récord a Ernesto Talvi, la cara visible de la renovación colorada, hizo de titiritero político. Pero hay un núcleo duro, herrerista, con Álvaro Delgado a la cabeza, que, junto con un selecto grupo de especialistas en coaching político, diseñaron y condujeron la campaña electoral y lo siguieron haciendo con el gobierno.
Ellos hacen aparecer como fortaleza lo que en realidad es una debilidad. Por ejemplo, ensalzan el respaldo de 5 partidos, cuando en realidad deberían reconocer que tuvieron que juntar todo ese poder, político, económico y mediático, para derrotar al Frente Amplio y al movimiento popular. Solo no podía ninguno. Entonces, Lacalle Pou aparece como un presidente con un enorme respaldo, cuando en realidad es el mandatario con menos votos propios desde la recuperación de la democracia.
Y Lacalle Pou tiene apuro, el de los sectores económicos que expresa y lo respaldan, la restauración conservadora tiene que ser ahora y ya. Por eso envía una Ley de Urgente Consideración que modifica más de 30 leyes y decenas de políticas públicas. Por eso mete una Ley de Medios que restituye privilegios, concentra la propiedad y extranjeriza. Por eso ataca sistemáticamente a las empresas públicas y todo lo que implique presencia del Estado en la economía, como el Instituto Nacional de Colonización. Porque para el Herrerismo, y lo que históricamente expresa, las empresas públicas y el INC nunca debieron existir, así de simple.
Con mucha habilidad, mucha plata y mucho poder, construyó una imagen y un escenario donde era el jefe impoluto y decidido. Con cadenas nacionales diarias, durante la pandemia, donde hablaba de perillas, de “malla oro” y se “hacía cargo”. Hasta se permitió dar la imagen de escuchar recibiendo al Frente Amplio, al movimiento sindical y cartas de la Intersocial, pero ignorando todas y cada una de las propuestas recibidas.
Alentado por las encuestas, que muestran una buena imagen personal, aunque su gobierno cae aceleradamente en la consideración ciudadana, tuvo salidas de su sello: una soberbia enorme. Como cuando dijo que no sabía que era el Frente Amplio, o cuando asumió su auto asignado rol de líder de la derecha conservadora continental y fue a bardear a una cumbre del MERCOSUR y luego a la de la CELAC, a hacer mandados, a servir de vocero de los sectores más reaccionarios de EEUU, disfrazado de súper héroe de Marvel.
El problema es que le vendieron, y el compró, un traje que no existe. 800 mil firmas juntadas contra todo el ninguneo concebible le rompieron todos los esquemas. Eso tiene la realidad es material, al final se impone, a todas las maniobras y esquemas que buscan negarla.
“¿Cómo puede ser si las encuestas nos daban tan bien?”, es la pregunta que imaginamos realizó con cara compungida a su selecto grupo de asesores.
Estos, empeñados en seguirle vendiendo el traje inexistente, no le dijeron que aunque no integren los datos de las reuniones diarias del gabinete chico, desde que Lacalle Pou gobierna hay 100 mil pobres más; un 30% de la población tiene problemas nutricionales; el desempleo se mantiene; la economía se recupera mucho más lento de lo que Azucena Arbeleche y Lito Alfie auguraron; aumentan los combustibles, las tarifas públicas, las que habían prometido bajar; subió la carga tributaria sobre la sociedad, la que también habían prometido bajar, y bajó sí, pero para los más ricos; cayeron los salarios y también las jubilaciones y pensiones.
Pero además figuras claves de su gobierno lo dejan muy mal parado. Luis Alberto Heber por partida doble: en el escándalo de la entrega del puerto de Montevideo a la trasnacional belga Katoen Natie por 60 años y también en la fuga inexplicable, o explicada de distintas maneras, ninguna sustentada, las 56 muertes en la cárcel, las torturas y malos tratos. En dos interpelaciones, la del Senado del senador del MPP y el FA, Charles Carrera, por el puerto y la de Lucía Etcheverry, del MPP y el FA, por las cárceles, pasa vergüenza y no da pie en bola.
El ministro Javier García se luce comprando por 26 millones de dólares dos reliquias voladoras desechadas por España, la propia Fuerza Aérea objetó la compra. En la interpelación, llevada adelante por el diputado de la 1001, Unidad para los Cambios y el FA, Gerardo Núñez, García no pudo responder ninguna de las 17 preguntas formuladas. La compra de los dos aviones no se justifica, ni por sus costos operativos, ni por las necesidades del país. Quedó comprobado que el cierre del inexplicable “negocio” con el gobierno español se realizó, igual que en el puerto, sin informes jurídicos previos y sin que los aviones fueran inspeccionados por técnicos de la Fuerza Aérea. Estos 26 millones de dólares se tiran en una compra que es negocio para España y quién sabe para quién más, mientras se recorta el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, en áreas realmente importantes y sensibles, incluyendo la alimentación y los beneficios sociales al personal subalterno, y mientras cae un 5% el poder adquisitivo del salario del personal militar desde que asumió este gobierno.
El ministro de Industria y Energía, Omar Paganini se dedica a darle plata a los empresarios de los canales privados de televisión por todos los medios posibles. Les devolvió por decreto lo que tuvieron que pagar por canon, por primera vez en la historia, al no poder derogar la Ley de Servicios Audiovisuales votada en los gobiernos del Frente Amplio. Como si esa “gauchada” no fuera suficiente, le pagó 2 millones de dólares a una empresa, propiedad de los canales 4, 10 y 12, ante la amenaza por un juicio por perjuicios que podrían haber ocurrido en el futuro. Igual que el puerto, parece que amenazar con un juicio, salvo que seas un obrero que reclama por un despido contra una patronal, es un muy buen negocio con este gobierno de derecha. Y, además, hace todo lo posible para facilitar el camino para que el malogrado líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, pueda comprar Movistar Uruguay y tenga aseguradas mejores condiciones para competirle a ANTEL.
Y claro, Germán Cardoso se tiene que ir del Ministerio de Turismo por un escándalo de compras directas de publicidad. Y el alcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, va preso con buena parte de su familia, por las viejas prácticas clientelares y corruptas. Y resulta que el bueno del alcalde, aunque algunos canales de televisión pudorosamente omitan decirlo, es blanco, es Herrerista y del riñón, tiene fotos con el todo poderoso Delgado e integró el sector personal del presidente, “Aire Fresco”.
Suma el intendente de Lavalleja, Mario García, también blanco, que contrata a su hermano y lo premia por “eficiente” con una partida salarial que le multiplica el sueldo, en medio de un ajuste a todos los salarios públicos.
Ante todo eso Lacalle Pou muestra, otra vez, su soberbia imposible de controlar. Ataca al paro del PIT-CNT por “político”; rechaza los reclamos en Salto y dice que su gobierno va a defender a “quienes tengan ganas de trabajar y no a los que hacen paros” y ya desatado, en un tweet, presiona de forma escandalosa a la justicia. Ante la denuncia penal, presentada por el FA por la entrega del puerto de Montevideo por seis décadas, afirma que quiere “dejar claro” que los funcionarios cuestionados actuaron bajo su “supervisión y responsabilidad”. Es una presión injustificada e indebida a la justicia. No es la primera, ya Javier García había invocado la preocupación presidencial por las condenas a violadores de DDHH, presionando a los jueces, pero ahora es personal, directa y para defender su gestión. Un escándalo.
Lacalle Pou está nervioso. Es que 800 mil firmas; el paro más grande de los últimos años, con los trabajadores de la ciudad y el campo unidos; una gran votación de la FEUU en las elecciones universitarias; tres interpelaciones desastrosas para dos de sus ministros de mayor confianza; una denuncia penal; una movilización enorme de las y los estudiantes de enseñanza media en Montevideo, Canelones y San José; un paro masivo en el puerto; otro en Salud Pública; una conmovedora marcha de 12 kilómetros del SUNCA por el corazón del país culminada en Paso de los Toros, son buenas razones para que el presidente pierda la calma.
Como hace 184 años lo explicara brillantemente una fábula, inexorablemente la realidad se abre paso. La soberbia es un camino peligroso. Se están perdiendo hasta las formas. Se tuvo que meter personalmente en el ruedo porque está perdiendo la iniciativa. Aunque, otra vez, lo quiera disfrazar de fortaleza, cada día es más evidente que el rey, en realidad, va desnudo.
