El 9 de abril se llevó adelante la interpelación a la gestión del ministro del Interior Carlos Negro. Durante el debate, el senador de la 1001 y el Frente Amplio (FA), Oscar Andrade, desmontó los argumentos del senador Pedro Bordaberry quien fue el miembro interpelante y cuestionó la incapacidad de la derecha para reconocer los avances y buscar acuerdos para un tema complejo e importante.
Una mirada parcial y engañosa
Durante la interpelación en el senado al ministro Negro quedó en evidencia, una vez más, que a pesar de que los partidos políticos de la derecha declaren la necesidad de construir políticas de Estado que trasciendan gobiernos, en realidad, utilizan el tema de la “seguridad” como un botín electoral.
El miembro interpelante, el senador colorado Pedro Bordaberry, insistió con la idea de que a partir de que el FA fue gobierno en el 2005 comenzaron los problemas de seguridad. Para Bordaberry la interpelación buscaba “orientar al oficialismo a no repetir errores” y repasó datos y hechos concretos ocurridos en el período 2005-2020 fundamentado con datos parciales, sin contexto y de manera tendenciosa. La síntesis podría ser: nunca en los gobiernos del FA se hizo algo que resolviera problemas, al contrario, los agravó.
El juego de la mosqueta
El senador de la 1001 y el FA, Oscar Andrade, fue contundente al dejar en evidencia la falta de sustento y la intencionalidad de la presentación de Bordaberry.
Andrade recordó que la violencia tiene condiciones estructurales y que América Latina es la región más violenta del mundo porque es la más desigual y porque tiene los mayores niveles de segregación territorial.
Pensar violencia en el Uruguay es pensar que la mitad de los niños y niñas nacen en viviendas que tienen condiciones de precariedad; que el dato de la encuesta de violencia hacia infancias y adolescencias nos demuestra que tenemos un 34% de niños que sufren violencia y que cualquier respuesta tiene que tener integralidad. INAU informó en la instancia presupuestal que pasó de un 11% a un 24%, uno de cada cuatro, los adolescentes desesperanzados, profundamente tristes, que abandonaron todo tipo de actividad cultural, recreativa, educativa y que nueve de cada diez personas que están privadas de libertad no terminaron el ciclo básico, indicó el senador de la 1001 y el FA.
Andrade reclamó poner los datos sobre la mesa. Reconoció que los hurtos y rapiñas disminuyeron en el anterior quinquenio pero recordó que terminó con la mayor cantidad de homicidios de la historia del país, un total de 1.795. Los delitos sexuales pasaron de 10.230 a 16.171, un crecimiento del 60%. Las extorsiones se triplicaron y pasaron a 3.654, los secuestros pasaron de 21 entre 2015-2019 a 72 y las estafas de 21 mil a 100 mil en el gobierno de Lacalle Pou.
Andrade reclamó autocrítica a la derecha, “nos vienen a dar cátedra” ironizó, “los campeones de la seguridad. No hay una sombra de autocrítica, un margen para decir ´miren, en esto nos fue muy mal, tuvimos dificultades´, cuestionó
El senador reclamó la falta de reconocimiento de los avances: “En los últimos 24 meses del gobierno de coalición, marzo del 2022 a febrero del 2023, se pasó de 364 homicidios a 390 homicidios. Se dispararon los homicidios en los últimos 12 meses. Ahora hay 26 homicidios menos”
En el mismo sentido señaló que bajaron las denuncias de vehículos robados, mejoraron los índices de homicidios esclarecidos, durante 2025 se logró un porcentaje de esclarecimiento del 67% de homicidios, lo que representa casi un 5% más que el 2024, alcanzando más del 80% de esclarecimientos en departamentos como Maldonado y Canelones.
Y agregó que el gobierno anterior, antes de terminar su mandato, puso como un dato a destacar el “récord de 1.960 allanamientos en un año”, sin embargo, el actual gobierno logra 2.200 allanamientos, pero la derecha no lo menciona; en el gobierno anterior se cerraron 960 bocas y en el actual van más de mil. Entonces se preguntó: “¿Está mal? ¿Pueden decir que están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o es algo a criticar? ¿No es el momento de construir espacios de diálogo, de acuerdo, en un tema complejo como son los problemas de violencia en la sociedad?”.
El ministro Negro presentó las medidas tomadas para combatir el ciberdelito que lograron un impacto concreto, las estafas y fraudes informáticos que venían en crecimiento constante durante décadas cayeron casi un 16% contra una suba sostenida en el quinquenio anterior que se explica, también, con el aumento de un 60% del personal para atender este tipo de delitos, además de la formación específica.
“Parece que no hay espacio para saludar que estas medidas que dieron resultado, porque mientras multiplicaron por cinco las estafas y los ciberdelitos en el período pasado, ahora empezaron a bajar y en el primer trimestre baja más pronunciado. No; parece que están vedados de reconocer logros o parece que esto de haber incrementado la unidad de ciberdelitos con un 60% de personal es una herencia también. Parece que lo que anduvo bien este año, es todo herencia”, dijo Andrade.
Y agregó: “tengo las dos interpelaciones que hizo el miembro interpelante en el 2016 y en el 2018 al ministro Bonomi. Es un calco. Más de la mitad de la interpelación es un calco de lo que fue el debate en el 2016 y en el 2018. Pero estamos en el 2026, no en el 2016 ni en el 2018, pero el grueso de la argumentación, como está difícil pelearse con la realidad, fue referida a los períodos anteriores. Bueno, no tiene sentido una interpelación en esa dirección”.
“El ministro anuncia que la formación policial pasó de tres meses a seis meses y este año a nueve. ¿Cuál es la opinión de la oposición? ¿Está de acuerdo? ¿Le parece una cosa importante que se mejore la formación de la policía o es algo que no considera? El programa de capacitación continua ¿es válido o no es válido? ¿Son elementos que tenemos que considerar como esfuerzos? En febrero vino el ministro, estuvo seis horas acá y una de las críticas era el no acuerdo con el sindicato policial, se llega acuerdo con todos los sindicatos policiales y ahora parece que el acuerdo fue a fórceps. Bueno… tenemos que llegar a la consideración que parece que nada sirve”, sentenció.
“Viene el ministro e informa que el ingreso a la policía que demoraba 280 se reduce a 80 días ¿estamos de acuerdo con esa medida? ¿nos parece algo a celebrar, a considerar? No. Parece que no importa”, aseveró.
Andrade señaló que la violencia es un “problema que nos interpela”, pero que nadie puede arreglar estos problemas de un día para el otro. “Me parece que se han presentado resultados, datos, en temas donde hubo continuidad, rapiña y hurto del período anterior, pero en temas que en el período anterior se incrementaron, hubo quiebre, y la verdad hay que decirla toda, si presento una parte de los datos y en la otra parte de los datos hago una suerte de mosqueta…”
“Yo pensaba que era un despropósito la interpelación pero capaz que nos sirvió para dar un debate un poco más profundo sobre estos temas; tenemos que reconocer complejidades pero también aciertos y ojalá se construyan espacios fuera del debate de la interpelación, que es un debate para la polémica, en las comisiones, espacios de encuentro para atender problemas que nos pueden desbordar y si desborda el sistema político, en general, se lleva todo puesto”, sentenció.
Nada se resuelve en soledad
El ministro del Interior, en su intervención, a diferencia de la actitud de la derecha, reconoció que el Plan de Seguridad se apoya “en la acumulación positiva”, es decir, lo que funciona debe permanecer, corregirse si es necesario y proyectarse, aunque se haya iniciado en las administraciones anteriores.
“Una política seria de seguridad pública no empieza de cero cada cinco años, hoy nos acompaña acá, en esta sala, el comisario general José Asambuya como director nacional de la Policía Nacional y el Dr. Diego Sanjurjo, ambos actores de confianza en la administración anterior y que hoy se constituyen en prueba privilegiada y si se quiere inédita de que este gobierno conoce y reconoce la calidad de lo que antes se ha hecho”, concluyó. El senado aprobó con los votos del FA una moción de “máximo respaldo” a la gestión señalando que “se reafirma el compromiso con un modelo de seguridad que prioriza la formación profesional de la policía, el respeto a los derechos humanos y el combate al crimen organizado como política de Estado”.
