Unión Europea endurece su política migratoria tras aprobar centros de detención para personas migrantes en terceros países

El pasado lunes instituciones de la Unión Europea (UE), llegaron a un acuerdo político provisional sobre el llamado “reglamento de retornos”.

A partir del mismo, será posible la creación en terceros países, de centros para migrantes que deban ser repatriados y permitiendo agilizar las deportaciones.

El acuerdo es calificado como un paso más en el endurecimiento de la política migratoria, ya que permite que los países europeos que lo deseen puedan “levantar centros de detención en otros países que la UE define como seguros y que respetan los derechos humanos como India, Colombia, Bangladesh, Marruecos y Egipto”.

En dicho acuerdo, según consignó el portal de noticias KaosenlaRed, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE, “autoriza a los Estados miembros a deportar a personas migrantes a lo que se ha denominado como centros de retorno en terceros países distintos a los de su origen”, medida esta que es aplicable de forma inmediata tras su entrada en vigor. 

El acuerdo exige, además que los migrantes “cooperen activamente en su proceso de expulsión” y que, en caso que no lo hicieran, estarán sujetos a “sanciones que van desde la retirada de prestaciones sociales y permisos de trabajo, hasta sanciones penales que incluyen el encarcelamiento”.

Las medidas, añade el medio de prensa, permite, además, “la detención de migrantes basándose en su riesgo de fuga y otros motivos de seguridad”.

En los casos de “migrantes considerados un riesgo para la seguridad pública o nacional, se prevé una expulsión prioritaria”, pudiendo “ser encarcelados en prisiones y enfrentarse a prohibiciones de entrada indefinidas”.

La nueva legislación, contó con la oposición de partidos socialdemócratas, verdes y de izquierdas “que sostienen que la iniciativa muestra un giro a la extrema derecha por parte de los partidos de derecha”.

“Es un acuerdo vergonzoso”, sentenció la eurodiputada de los Verdes Mélissa Camara, jefa negociadora de su grupo parlamentario, tras la aprobación del texto.

“Este futuro texto pone ideas y retórica xenófobas en la escritura a expensas de los derechos fundamentales de las personas exiliadas, cuyo único delito era nacer con el pasaporte equivocado”, denunció.

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