Desde el año 1992 todos los 25 de julio es el día de la mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la diáspora.
UJC
Este día tiene un por qué: visibilizar la lucha, la resistencia, la reivindicación histórica de igualdad de derechos de mujeres afro y de sus aportes. La fecha se instala durante el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas que se realizó el mencionado año, en República Dominicana.
Los encuentros de mujeres, lejos de ser una ocasión de celebración, son instancias de lucha, de resistencia y rebeldía, necesarias para la conquista de derechos, para impulsar estrategias e ideas en colectivo que permitan construir un mundo que pueda ser habitado por todas las personas por igual, donde la vida digna, las oportunidades, el goce y ejercicio de los derechos humanos sean una realidad.
Desde mucho antes de 1992 la búsqueda de la eliminación de la discriminación racial y la equidad real en la garantía y ejercicio de derechos sigue siendo una necesidad que la sociedad uruguaya debe atender. Cuando las opresiones estructurales y desigualdades que atraviesan a los cuerpos se intersectan, las posibilidades disminuyen. Ser afro, mujer y joven en Uruguay es tener las decisiones, deseos, oportunidades, libertades y derechos limitados. Es tener más posibilidades de vivir en la pobreza, sin acceso a vivienda, trabajo, educación.
El racismo, que establece posiciones desiguales entre grupos étnico-raciales y se manifiesta en la discriminación étnico-racial tiene una vigencia de una magnitud tal que sigue condicionando la vida de la población afrodescendiente. En los procesos de reivindicación, de organización y construcción colectiva de identidad, en el que las personas afrodescendientes se definen como sujetos de derechos específicos, en tanto grupo que ha sido históricamente excluido, discriminado y vulnerado, las mujeres han tenido un protagonismo particular en las transformaciones cultrales logradas y los derechos conquistados.
Aún así, 34 años después del Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas, continúa siendo necesario visibilizar sus reivindicaciones, a la vez que contribuir a la transformación de las estructuras y mecanismos de discriminación que siguen operando. Las desigualdades estructurales establecidas por el modelo socioeconómico capitalista operante, utiliza al racismo, el género y la clase como mecanismos de ordenamiento social, económico y político para perpetuar y aumentar las brechas entre grupos sociales. Es en este ordenamiento jerárquico que las mujeres e infancias afro continúan ocupando lugares de mayor exclusión, empobrecimiento y menores oportunidades.
Los datos muestran una evidencia contundente respecto a dichas condiciones. El acceso a la educación, a empleos de calidad, salarios dignos, son desfavorables para la población afro respecto a la población blanca y aún más si se analiza la situación de las mujeres, las infancias y adolescencias. Incluso en un marco normativo que dispone de leyes que tienden a la equiparación de derechos y la eliminación de la discriminación étnico-racial, los recursos, la eficiencia, el cumplimiento y la garantía de los dispositivos sigue resultando insuficiente.
La ley N°19.122 Fijación de disposiciones con el fin de favorecer la participación en las áreas educativas y laborales de personas afrodescendenientes, a la vez que reconoce la discriminación y estigmatización histórica que vive y ha vivido la población afrodescendiente en Uruguay, también establece una serie de disposiciones reparatorias y de equiparación. Entre las acciones afirmativas se encuentran la incorporación en los programas de educación la el legado de las comunidades afrodescendientes en la historia y destinar el 8% de cupos en cargos públicos. Sin embargo, sin el presupuesto necesario son disposiciones reproductoras de las desigualdades y discriminaciones estructurales que buscan combatir cuando en los hechos no transforman la realidad material de las personas afro y continúan siendo las de mayor vulneración.
Las últimas evidencias muestran que las problemáticas y urgencias que convocaron a mujeres afrolatinas y afrocaribeñas en 1992 siguen vigentes en el Uruguay de hoy: 3 de cada 10 personas afrodescendientes viven en situación de pobreza, las infancias en esa situación son 1 de cada 4. En cuanto al acceso a la educación, 1 de cada 10 mujeres afrodescendientes completa la educación terciaria en tanto 2 de cada 10 mujeres no afrodescendientes lo logra.
Las desigualdades en el acceso, permanencia y egreso de la educación tienen un impacto directo en las brechas que se producen en el trabajo. El acceso al empleo, la calidad del mismo y el salario son más desfavorables para la población afrodescendiente en comparación con la población blanca. Los cupos exigidos por ley que fueron relevados en 2025 aún no se cumplen en todos los organismos en los que se debería y los que lo hacen no alcanzan a cubrir la cuota establecida, 1 de cada 6 mujeres afro está desempleada y 1 de cada 10 varones afro lo está.
En Uruguay no solo los datos vinculados al empleo y la educación evidencian las desigualdades estructurales y la marginación socioeconómica que se presentan para la población afrodescendiente. La desvalorización de su cultura, el ocultamiento de esta parte de la población uruguaya en todos los aspectos de la vida social, cultural y económica impacta en todos los ámbitos de la vida.
Ser afrodescendiente te posiciona en lugares de mayor vulneración de derechos y exclusión, que cuando se interponen con las categorías género y edad derivan en condiciones aún más desfavorables para mujeres e infancias afro. La evidencia relacionada con la violencia basada en género (VBG) muestra que la proporción de mujeres afro que atravesó algún episodio de VBG es 10% mayor que la de las mujeres no afro en todos los ámbitos (privado, pareja, familia). Asimismo, los últimos análisis y estudios realizados de las Encuestas de Hogares de Uruguay revelan que la pobreza asciende a 14,9 % entre la población blanca, en tanto para la población afro este dato es del 28,7%.
Esta realidad requiere de mayores esfuerzos para integrar en las políticas públicas estrategias que transformen las condiciones de vida de las personas afrodescendientes, superando las situaciones de discriminación y exclusión históricas y estructurales que las atraviesan. Los movimientos afro y los movimientos feministas han integrado sus luchas por la igualdad de género.
Quienes históricamente se han organizado, producido conocimiento, generado redes de apoyo, conquistado derechos, estableciendo alianzas sociales y políticas, impulsando transformaciones desde los movimientos sociales, continúan luchando por una sociedad más justa, que no reproduzca desigualdades sistémicas, y que atienda las demandas de las mujeres afro, las visibilice y reconozca su legado y aportes. En este marco, el 25 de julio conmemora una historia de organización, resistencia y transformación política.
