Este domingo se cumplen setenta y tres años del asalto al cuartel Moncada. El 26 de julio de 1953 poco más de un centenar de jóvenes atacaron la segunda fortaleza militar de Cuba con armas viejas y una convicción enorme. La acción fracasó. Decenas fueron torturados y asesinados en las horas siguientes y los sobrevivientes terminaron presos. De aquella derrota salió, seis años después, el movimiento que terminó con la dictadura de Batista y con la condición de patio trasero que Washington le había impuesto a la isla desde 1898. Recordamos la fecha en una semana incómoda, porque el mismo país que sostuvo a Batista acaba de convocar a decenas de Estados para explicarles que el enemigo del siglo XXI vuelve a ser la izquierda.
El jueves 16 de julio, en la sede del Departamento de Estado, el secretario Marco Rubio encabezó la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político. Según el propio Departamento participaron representantes de 66 países, sobre más de ochenta invitados, en su mayoría europeos y buena parte con delegaciones de segunda o tercera línea, un detalle que dice bastante sobre la incomodidad con la que varios gobiernos aceptaron la convocatoria. Junto a Rubio hablaron el subsecretario Christopher Landau, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el director del FBI Kash Patel y el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller. La tesis fue que la doctrina antiterrorista arrastra un «punto ciego» frente a la violencia de izquierda, y que corregirlo exige coordinación de inteligencia, restricciones de visado, persecución financiera y designaciones como organización terrorista, herramientas ya aplicadas en noviembre sobre cuatro colectivos europeos. Rubio se quejó de que la sola idea de esa amenaza sea tratada como «un delirio de la derecha» y describió a los militantes de izquierda como gente que solo rebosa fealdad y que busca imponerle esa fealdad al resto del mundo. Eso ya no es lenguaje de política exterior, es el vocabulario con el que siempre se preparó una persecución.
Lo que no se dijo en esa sala importa tanto como lo que se dijo. En toda la jornada no hubo una palabra sobre el terrorismo de extrema derecha, que los propios organismos de estudio estadounidenses vienen documentando hace años como la amenaza interna más persistente de ese país. Tampoco se presentó una sola prueba que respaldara la acusación más grave del día, la de que el gobierno cubano está inextricablemente vinculado a los grupos de extrema izquierda de todo Occidente y que habría ayudado a construir la izquierda radical estadounidense. Ni una transferencia, ni un campo de entrenamiento, ni un documento. Es una mentira vieja y tiene la ventaja de que nunca necesitó probarse. Fueron los Estados Unidos, y no Cuba, los que entrenaron a los ejecutores del Plan Cóndor, financiaron escuadrones de la muerte en Centroamérica y voltearon gobiernos electos desde Guatemala hasta Chile. Fue Cuba la que enterró a los setenta y tres pasajeros del vuelo 455 de Cubana, volado en el aire en 1976 por hombres formados y protegidos por Washington. Y es Cuba la que sigue soportando un bloqueo que la Asamblea General de la ONU condena año tras año, que encarece los alimentos, que traba la llegada de medicamentos y que castiga deliberadamente a una población entera para forzar un cambio de gobierno. Eso también tiene un nombre.
Para nosotros la reunión no fue una discusión abstracta. Landau abrió el encuentro recordando a las Brigadas Rojas, al grupo Baader-Meinhof y al Weather Underground, y sumó enseguida a los Tupamaros y los Montoneros. Rubio volvió después sobre lo mismo y agregó a las FARC y al ELN. La coalición que se propone armar no discute solamente el presente, viene a reescribir nuestro pasado, a reabrir desde afuera y con criterio policial un debate que las sociedades latinoamericanas procesaron a un costo altísimo en sus propias transiciones democráticas. Meter en una misma lista a organizaciones de hace medio siglo y a los movimientos sociales de hoy no es un descuido, es el procedimiento. Cuando un Estado extranjero se arroga la facultad de definir qué es terrorismo político sin presentar pruebas y sin distinguir entre violencia criminal y disenso organizado, lo que está armando es un instrumento de disciplinamiento continental. Ese instrumento ya lo conocimos. Se llamó Doctrina de Seguridad Nacional, se enseñó en la Escuela de las Américas y dejó en nuestros países decenas de miles de detenidos desaparecidos, torturados y exiliados.
Nada de esto ocurre en el vacío. Pasó seis meses después del 3 de enero, cuando Estados Unidos bombardeó Caracas, capturó al presidente de Venezuela y a su esposa, los trasladó a un tribunal de Manhattan y anunció, con la naturalidad de quien administra una propiedad, que se ocuparía de conducir los destinos de ese país. Pasó después de que más de treinta embarcaciones fueran destruidas en el Caribe y el Pacífico con sus tripulantes a bordo, sin juicio y sin más justificación que la palabra de quien apretó el gatillo. Y pasa en un continente donde el resultado de las elecciones vuelve a ser validado o invalidado desde afuera según convenga. La denuncia de fraude sirvió de excusa para invadir un país y la propia inteligencia estadounidense terminó relativizando el argumento cuando ya había cumplido su función. La soberanía que tanto costó conquistar se está desmantelando pieza por pieza y a la vista de todos.
Uruguay estuvo en esa sala, y eso hay que decirlo con todas las letras. La Mesa Política del Frente Amplio se pronunció el lunes 20, repudió el ámbito convocado por la administración Trump y lo definió como un nuevo intento de injerencia en la soberanía de los pueblos de América Latina. El canciller Mario Lubetkin afirmó que el gobierno está en las antípodas de esos discursos y que no admite que se trate de esa manera a una fuerza que lo integra. Está bien, y era lo mínimo. Queda pendiente, sin embargo, algo bastante más difícil que una declaración. Cancillería informó primero que había mandado a un funcionario de segunda línea de la embajada y después se supo que quien concurrió fue el embajador en Washington. Esa diferencia no es un problema de protocolo, habla de cómo se resolvió la participación y de quién la resolvió. Si la evaluación diplomática fue que asistir era el mal menor, corresponde explicarlo ante el Parlamento y ante la militancia, no administrarlo ante los medios. La política exterior no es un asunto reservado a la burocracia diplomática, es una definición política que compromete al conjunto de la izquierda uruguaya. La Mesa Política marcó el rumbo. Falta hacerlo valer donde se toman las decisiones.
Por eso el aniversario del Moncada no es una efeméride decorativa ni un gesto de simpatía hacia un país lejano. Aquellos jóvenes perdieron la batalla del 26 de julio y ganaron algo bastante más difícil, la convicción de que la dominación no es un destino y de que un pueblo chico, bloqueado y rodeado, puede sostener su independencia si está organizado. Cuba lleva más de sesenta años demostrándolo, con errores y con carencias que nadie que la defienda en serio necesita esconder, pero sin ceder lo esencial. Por algo Washington necesita convertirla, una y otra vez, en el origen de todos los males del continente.
La tarea es conocida y es urgente. Exigir el fin del bloqueo y la salida de Cuba de toda lista de países patrocinadores del terrorismo. Reclamar del gobierno una posición inequívoca contra la intervención en Venezuela y contra cualquier coordinación regional que termine criminalizando la protesta social. Y sobre todo organizar, en cada sindicato, en cada comité de base y en cada barrio, la solidaridad concreta que en los momentos decisivos siempre vino de los pueblos y no de las cancillerías. Setenta y tres años después la consigna sigue alcanzando, la historia absuelve a quienes no se rinden.
