Centros de Estudiantes chilenos integrantes del Cordón Secundario de la Región Metropolitana en Santiago de Chile, expresaron su “rotundo rechazo” al denominado Proyecto de Ley “Escuelas Protegidas”, actualmente en fase de aprobación legislativa.
“Durante todo aquel proceso y en repetidas ocasiones”, señala la comunicación, “hemos advertido los peligros y falta de efectividad que representa esta nueva legislación para todos los integrantes de comunidades educativas en el país”.
Para los estudiantes resulta necesario “hablar sobre la falta de protocolos y especificaciones claras dentro de los procesos que se describen en la ley”, ya que, “muchas de sus partes, como la revisión de bolsillos y mochilas o el fortalecimiento de la autoridad docente, pueden generar ambientes arbitrarios y de discriminación, los cuales son un retroceso enorme en la resolución de conflictos que se debe tener dentro de los establecimientos, dando impunidad y generando ambientes favorables para la persecución política, el acoso y la violencia psicológica, entre otros efectos que puede provocar una arbitrariedad discriminatoria generada por este proyecto”.
Al comentar la idea de una “autoridad docente”, se señala que la misma “generará en las comunidades un ambiente de división, contraponiendo a los estudiantes frente a sus profesores, rompiendo con el objetivo de una buena convivencia escolar, y generando, de forma irónica, una posibilidad de mayor violencia”.
“Asimismo”, añade la comunicación, “la falta de claridad sobre qué actores de la comunidad educativa deben implementar esta ley genera una profunda incertidumbre”, que “a su vez, intensifica la precarización de las condiciones laborales que ya afectan a los directivos de los establecimientos públicos”.
“La docencia”, enfatiza el documento, “no puede constituirse mediante el miedo ni imponerse por dicha obligación, el respeto dentro de una comunidad educativa, se genera a través del diálogo, la convivencia, la empatía y el apoyo mutuo entre estudiantes, docentes y funcionarios. Cuando el gobierno impulsa leyes que priorizan sanciones antes que soluciones, solo contribuye a aumentar la tensión y el distanciamiento dentro de los establecimientos. La convivencia escolar no mejorará aumentando ni endureciendo normas. Mejorará cuando existan condiciones dignas, apoyo integral y verdadera preocupación por quienes viven la educación pública”.
De acuerdo a los gremios estudiantiles chilenos, la “violencia nueva de la que hablamos nace directamente como respuesta al posicionamiento del estudiante como un ser delictivo, el cual debe ser revisado, vigilado y castigado en todo momento. Es claro que aquellos que escribieron esta ley, nunca pensaron en las necesidades pedagógicas de las comunidades, sino únicamente vieron el enfoque punitivo, un patrón repetido en distintas leyes y políticas públicas, pero que en todos estos años no han mostrado una mayor efectividad”.
“La violencia en los establecimientos es un problema multicausal, un problema complejo, y que por su complejidad no puede ser tratado con proyectos simplistas que no atacan las raíces estructurales, sino únicamente buscan castigar”, enfatizan al tiempo que aseguran que la ley sometida a aprobación parlamentaria provocará un aumento de “la deserción estudiantil, la cual cada año se ve más afectada gracias a la manera de operar que tiene el sistema educativo en Chile. Dejando a miles de estudiantes sin el derecho a una educación digna, ni una oportunidad dentro del sistema escolar tradicional”.
“Denunciamos”, se reitera, que “este proyecto de ley” es “ineficaz” y “no resuelve los problemas de base que enfrentan los establecimientos educacionales día a día”, ya que ignora “las realidades de las cuales nace la violencia y enfrenta a jóvenes en proceso de aprendizaje con castigos de carácter punitivo”.
Frente a esta iniciativa, los centros estudiantiles afirman “que la educación chilena necesita abordar soluciones profundas y estructurales. En primer lugar, se requiere un mayor financiamiento para garantizar una infraestructura de calidad y materiales dignos para la educación”, así como “priorizar la salud mental dentro de los establecimientos, entendiendo que el estrés, la rabia y el no saber gestionar las emociones son una gran causal de la violencia desbordada. Un sistema justo debe comprender que la violencia también nace desde la rabia institucionalizada cuando se prioriza el castigo sobre el aprendizaje”.
Este proyecto, denuncian, “al ser presentado por personas fuera de las escuelas y liceos, busca cambiar la dinámica general de los establecimientos de forma desconectada. La propuesta pone a los estudiantes en un papel secundario, tratándolos como seres de castigo criminalizados más que como actores en proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que traspasa un mayor peso tanto a los docentes como a los planteles en general. Un proyecto con estas características jamás considerará a las comunidades que viven y vivirán la realidad de la educación día a día”.
“Rechazamos una legislación que criminaliza en lugar de actuar, exigimos detener las lógicas punitivas y tomar acción frente a las deficiencias estructurales, las cuales son las verdaderas culpables de la deserción escolar, la violencia sistemática y los problemas de convivencia”, concluyen expresando los estudiantes que realizan un “llamado a las comunidades educativas y los estudiantes de Chile a mantenerse alertas, a posicionarse frente a las políticas públicas que buscan ser impuestas. Hoy más que nunca es necesario fortalecer la organización, la participación y la conciencia estudiantil. La educación no puede seguir construyéndose desde el miedo, la persecución ni la represión. Empecemos a preguntarnos en colectivo cómo queremos vivir la educación y a tomar acción por ello”.
