Este miércoles el Senado votó, por unanimidad, darle sanción definitiva al proyecto de ley de Abreviación del Trámite Expropiatorio de los inmuebles con deuda compensable. Es un hecho político de enorme relevancia, por varias razones, que incluyen el proyecto de ley en sí y lo que implica, pero que lo trascienden largamente.
Es un avance muy importante por los temas que involucra, la democratización del acceso al suelo urbano y un camino para garantizar el derecho a una vivienda digna; por la forma en que se construyó el proyecto y por el respaldo político y social que logró.
Pero, además, y siendo muy importante todo lo anterior, es importante también porque muestra un camino para avanzar en otros temas. La votación del Senado demuestra que se puede, en temas centrales e importantes, con todas las complejidades del escenario político actual, dar pasos concretos y avanzar.
Da respuestas a problemas reales y graves
El proyecto, que ahora es ley, tiene dos artículos y básicamente lo que promueve es la abreviación del trámite judicial que permite expropiar los bienes inmuebles, viviendas o padrones, vacíos, deteriorados o en desuso y ponerlos al servicio de garantizar el derecho a la vivienda o a su utilización para otras políticas públicas.
Uruguay tiene graves problemas de desigualdad. Unas de las manifestaciones más complejas de esto es el acceso a la vivienda y la segmentación territorial.
Hay cientos de miles de uruguayas y uruguayos viviendo en condiciones de precariedad o directamente sin vivienda, y, a la vez, hay decenas de miles de inmuebles vacíos. Una formulación más clara de esto es que hay miles de casas vacías y miles de personas sin casa.
Solo dos ejemplos, hay muchos más que fueron citados en la discusión del proyecto de ley. Un informe muy reciente realizado por UNICEF y la Cámara de la Construcción determinó que la mitad de las y los niños y adolescentes uruguayos, 400 mil, viven en viviendas con problemas de precariedad. Este solo dato, duro, muy duro, bastaría para que se asumiera lo dramático de la situación que vivimos y la necesidad imperiosa de tomar medidas urgentes, decididas, para enfrentarla y superarla.
El otro dato es que en Montevideo la población bajó, vive menos gente que hace 40 años, pero la población en la periferia creció más de un 80%. La segmentación territorial es un drama, para la democracia, para la igualdad y para el desarrollo urbano.
Ninguno de estos problemas los puede resolver el mercado. El mercado lo que hace es encarecer el suelo urbano, encarecer la vivienda y aumentar la segmentación territorial.
¿Esta ley va a resolver todos esos problemas? No, por supuesto que no. Pero es un paso importante en la dirección correcta para empezar a enfrentarlos con más decisión y profundidad.
Garantizar la vivienda y frenar y empezar a revertir la segmentación territorial importa porque se trata de construir igualdad, de hacer efectivo un derecho humano básico, de combatir la pobreza infantil, de avanzar en la cohesión social, de enfrentar los crecientes problemas de salud mental y porque también impacta en la continuidad de miles en la educación y en la seguridad ciudadana.
Esta ley aprobada permite dar pasos concretos, modestos, pero muy importantes, para atender esos problemas reales y generar impactos positivos en todas esas dimensiones.
Un método
El proyecto de ley se construyó sintetizando experiencias anteriores, tomando en cuenta sus avances y las dificultades que enfrentaron.
Contrariamente a lo que algunas campañas afirmaron, sobre todo en redes sociales, pero no solo, que se hicieron desde sectores de derecha y desde corporaciones privadas de gran poder que se sintieron afectadas en sus intereses, este proyecto no crea la figura de la expropiación ni es un peligro para quienes tengan una vivienda o dos. La posibilidad del Estado de expropiar inmuebles existe en Uruguay desde hace más de 100 años, desde 1912 para ser más precisos.
Este proyecto lo que hace es bajar los tiempos en los que estos procesos se pueden concretar, manteniendo todas las garantías de un proceso judicial para hacerlo.
Decíamos que sintetiza la experiencia de aplicación, y las dificultades que esto enfrentó, de varios instrumentos legales anteriores.
Pero lo más importante, en cuanto al método de elaboración del proyecto, son otras cosas.
La iniciativa partió del senador de la 1001 y el Frente Amplio (FA) Óscar Andrade, fue tomado por la bancada del Senado del FA y luego promovido en la Comisión de Vivienda del Senado.
La Comisión, con un trabajo en el que se involucraron el Partido Nacional y el Partido Colorado, hizo varias cosas importantes. Convocó y escuchó a la academia, la Facultad de Arquitectura, también a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que aportaron lo acumulado en décadas de investigación sobre el tema.
Convocó y escuchó a organizaciones sociales que llevan décadas luchando por el acceso a la vivienda digna, y que también tienen un acumulado muy valioso de propuestas y experiencias, como FUCVAM y el SUNCA, aunque fueron más.
Pero además decidió, en un hecho inédito, salir del Palacio Legislativo y recorrer el país, planteando la iniciativa, informando, escuchando, incorporando miradas y propuestas. La Comisión de Vivienda, durante el año pasado, presidida por Andrade e integrada por Gustavo Gonzáles y Aníbal Pereira del FA, José Falero y Carlos Moreira, del Partido Nacional y Tabaré Viera del Partido Colorado, recorrió y sesionó en 14 departamentos.
Se reunió con los intendentes, con las Juntas Departamentales, con los municipios, con organizaciones sociales, visitó asentamientos, cooperativas y construyó acuerdos y una visión común.
El acuerdo político y social no se construyó entre cuatro paredes ni fue fruto de negociaciones de último momento, es fruto de la sumatoria de un acumulado histórico y de un trabajo colectivo realizado en todo el país.
Este trabajo ya tuvo consecuencias prácticas. La Comisión de Vivienda reveló y sintetizó un mapeo de los inmuebles vacíos y en desuso a nivel nacional municipio por municipio, lo que permitirá avanzar mucho más rápido una vez aprobada la ley.
En varios departamentos eso ya empezó, en Paso de los Toros, en Treinta y Tres, en Maldonado, ya se hizo o se está haciendo un relevamiento detallado de los padrones urbanos que se podrían expropiar y en algunos casos ya se hicieron expropiaciones, aún con el trámite judicial más largo vigente.
Anterior a esto y solo por dar un ejemplo del impacto que esta ley podría tener, si se trabaja en su aplicación con rapidez, está la experiencia de la Intendencia de Montevideo, que en el período anterior expropió 60 padrones, se los otorgó a cooperativas de vivienda y logró soluciones habitacionales para más de 1.000 personas, además de recuperar una deuda millonaria.
Es decir, el solo hecho de poner los temas en discusión, de trabajar en la información y plantear caminos de superación, ya provocó acciones que de otra manera no se habrían tomado.
El resultado
Todo este trabajo, con ese método, tuvo como resultado que la ley se aprobara por unanimidad en el Senado.
Nunca es fácil lograr unanimidad de todos los partidos para una iniciativa, en estos tiempos de polarización y enfrentamiento permanente menos.
En síntesis, se logró, en un tema central, no marginal, aprobar una ley de avance, con gran respaldo político y social.
En medio del ruido político permanente, donde lo central parece accesorio y viceversa, hay que destacar este paso, valorarlo y celebrarlo.
Se pueden construir mayorías parlamentarias, políticas y sociales para avanzar en los temas importantes. No es fácil, pero se puede avanzar.
