Varios sindicatos del sistema educativo, definieron extender el paro general parcial convocado por el PIT-CNT para el 10 de junio a 24 horas.
La medida, según consignó la diaria, forma parte de las acciones que dichos gremios emprenderán de cara a la próxima instancia presupuestal, en la que ya se ha anunciado que no habrán incrementos presupuestales para el sector educativo.
Tanto la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), la Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) y el Sindicato de Docentes de Formación en Educación ya resolvieron, informó el medio de prensa, “paralizar actividades durante todo el día”.
Junto a ellos, habrá también una paralización de 24 horas resuelta por la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, y otros sindicatos.
Para los sindicatos de la ANEP y para los de la Universidad de la República (Udelar), recuerda el medio, se halla “vigente un acuerdo salarial que cuenta con una cláusula de paz, por la que no se puede hacer paros por reclamos salariales”.
Al comentar las reasignaciones presupuestales, Emiliano Mandacen, dirigente de Fenapes, calificó la situación como “muy preocupante”, pues las mismas no solo afectan “las condiciones de trabajo de los funcionarios”, sino que perjudican, además, “las condiciones de aprendizaje de los estudiantes”.
Una de las reclamaciones de Fenapes, añade la diaria, se refiere a la cuestión de dar mayor tratamiento a los trabajos de “apoyo y equipos multidisciplinarios en los liceos, que permitan atender realidades complejas de algunos estudiantes que cada vez más se terminan manifestando en situaciones de violencia”.
Se trata, añade el medio, de un reclamo compartido por Afutu, donde los “docentes denuncian que cada vez más la violencia se utiliza para resolver conflictos entre pares y también con los propios profesionales de la educación”.
Para los gremios de la educación, uno de los ejes centrales en la discusión es el financiamiento de las políticas dirigidas a infancia y adolescencia, compartiendo en ese sentido la propuesta de gravar con el 1% a los sectores de mayores recursos.
