Entre el diálogo y el tarifazo

Al cierre de esta edición el mundo superaba el millón de contagiados y las 50 mil muertes, también crecía el número de recuperados, unos 200 mil, es decir, dos de cada diez. En Uruguay registrábamos 350 casos y 4 muertes.
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Persiste la polémica sobre si el número de test realizados permite tener una dimensión real de los contagiados y, obviamente, eso también impacta en el índice de mortalidad y de recuperación.

El debate es aún mayor en torno a los impactos económicos y sociales, tanto en su magnitud como en su extensión en el tiempo.

La OCDE, organización que nuclea a las economías capitalistas más desarrolladas, estima que por cada mes de contención se produciría una pérdida de 2 puntos porcentuales en el crecimiento anual del PBI.

La CEPAL, más cauta y más abarcativa en el análisis, prevé una caída del PBI de América Latina del 1.8%, un crecimiento de 10 puntos en la tasa de desempleo y 40 millones más de pobres.

La OIT alerta sobre la necesidad de proteger el trabajo, con negociaciones tripartitas, ya que estima que se perderán 22 millones de puestos de trabajo.

En nuestro país, el miércoles iban 84 mil solicitudes de seguro de desempleo desde que se declaró la Emergencia Sanitaria. Un récord.

Es cierto que hay mucha incertidumbre, en todos los planos. Pero también lo es que hay algunas certezas. En el discurso hegemónico se sostiene que el virus no distingue y nos impacta a todos por igual. Eso es mentira.

El problema no es el virus. El problema es el contexto en el que virus se propaga, la conformación económica y social en la que impacta y las medidas políticas y económicas que se toman para enfrentar ese impacto. Lo que hace desigual el impacto es el capitalismo y su versión neoliberal.

Eso es lo que está en el fondo del debate para enfrentar la crisis, que es sanitaria, económica y social, y para construir una salida.

No son neutras las medidas, y mucho menos lo son los actores que las proponen.

En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento dirigido por el Partido Popular abrió un fondo de donaciones, recaudó 8.5 millones de euros en dos días. Una maravilla. Claro, luego se supo que estas donaciones se podrán deducir fiscalmente en la próxima declaración de la renta y que ese ayuntamiento exonera a los más ricos de mil millones de euros anuales de impuestos.

En EEUU, Donald Trump, que minimizó el impacto de la pandemia hasta hace unos días, ahora dio luz verde al mayor paquete de estímulo económico de la historia de ese país, por más de 2 billones de dólares. Este plan representa un 10% del PBI yanqui y es el triple del puesto en práctica en 2009 tras el estallido de la crisis financiera.

Pero claro, dos tercios de esa gigantesca suma de dinero se destinarán a las empresas, y solo un tercio para ayudar a los millones de trabajadores a sobrevivir con pagos en efectivo y aplazamientos de impuestos.

Lo reiteramos, el problema no es solo el virus, el problema son las medidas que se toman, a quiénes benefician y a quiénes perjudican.

De una crisis hay dos maneras de salir, con una síntesis restauradora, que fortalezca las relaciones de poder pre existentes, o con una síntesis superadora. Y eso, como enseña toda la historia, no es un problema de relato, ni de diagnóstico, es un problema de correlación de fuerzas.

Lo que nadie duda es que será, ya está siendo, una crisis grande y profunda, que nada quedará indemne.

La globalización neoliberal y sus verdades religiosas, de la austeridad fiscal a cualquier costo, la preeminencia del mercado sobre el Estado, la desacreditación de la política y de todo lo colectivo, están en crisis.

Nadie sabe que harán ahora en Europa con la famosa regla fiscal, EEUU hace rato que no se preocupa por eso y ahora menos. Tampoco se sabe bien que harán ahora las todo poderosas calificadoras de riesgo y su sacrosanto investment grade.

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¿Y en Uruguay?: Tarifazo

 

En nuestro país esas dos lógicas también se expresan. Lacalle Pou encabeza una coalición de derecha, con gran representación del agronegocio y ganó las elecciones con la intención manifiesta de realizar un ajuste para abatir el “espantoso” déficit fiscal, acabar con la delincuencia, achicar la mochila del Estado y los salarios, y, una cosa más, mandar, recuperar la autoridad, terminar con el recreo.

Y Lacalle Pou, su ministra de Economía, Azucena Arbeleche, su director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, intelectuales orgánicos del neoliberalismo ambos, pretendieron, al principio, seguir como si nada hubiera pasado.

Autoridad, yo mando, fue lo se quiso y se quiere mostrar en la escenificación diaria de las conferencias de prensa. Cadenas nacionales diarias.

Lacalle Pou les comunicó a los funcionarios públicos que les iba a rebajar el salario, ni siquiera se planteó una instancia de negociación, de diálogo al menos.

Autoridad, es lo que quiso transmitir al rechazar enfáticamente dejar sin efecto el aumento de tarifas públicas.

Esa actitud es fogoneada desde El País, vocero eterno del poder, que en un editorial del lunes 30 de marzo marca la cancha con meridiana claridad.

El editorial se titula “No se precisa acuerdo” y dice que “el gobierno está ejerciendo el mando que le corresponde por su legitimidad de origen”. Más adelante fundamenta su rechazo a la iniciativa del FA y de la Intersocial: “El mentado acuerdo nacional sería un error por un motivo muy importante: en estas semanas ha quedado claro que las propuestas del FA no son las del gobierno para enfrentar la crisis que estamos viviendo. En efecto, el FA ha planteado medidas que el oficialismo no está dispuesto a llevar adelante porque, evidentemente, son de una enorme demagogia e irresponsabilidad: desde suspender el aumento de tarifas, en momentos en que más precisarán las empresas públicas ajustar sus ingresos por causas de previsibles bajas de facturación, hasta promover ingresos para centenares de miles de personas, como si el Estado fuera un barril de plata del cual poder tomar dinero para repartir a diestra y siniestra sin importar más nada”.

La misma línea es la que defiende Julio María Sanguinetti, espada destacada del conservadurismo, haciendo gala en estos días de toda su verborragia para atacar al FA y, en especial, a los comunistas y al movimiento sindical.

Ese es un camino posible. Nadie discute su legalidad. El tema es si permitirá afrontar la crisis y construir una salida.

El resultado de ese camino es que el gobierno uruguayo es el único del mundo que aumenta las tarifas públicas, aumenta el IVA al consumo por tarjeta, no controla los precios que se disparan, deja que el dólar aumente libremente, exonera las empresas sin contrapartida y, a la vez, rebaja salarios públicos y contrae la inversión pública, restringiendo la ejecución presupuestal.

Más allá del coaching cuidado, del eficiente trabajo en redes sociales y en los medios afines, está quedando claro que gobernar un país no es igual que una campaña electoral.

Y entonces hubo reunión con el tan peligroso y desestabilizador Frente Amplio, que hizo sus propuestas “demagógicas”, muchas de ellas tomadas parcialmente entre las más de 70 que comunicó el gobierno en sus diarias conferencias.

Y además, hubo un compromiso de convocar al Consejo Superior de Salarios, ese que había que eliminar, llevar la negociación colectiva por empresa y solo para discutir el salario mínimo, nada más.

Y claro que hay concepciones distintas. Hay diferencias de método y un problema de escala. De método porque de un lado se promueve un gran Acuerdo Nacional, político y social y del otro se quiere decidir solo y sin consultar a nadie, y seguir aplicando un programa de ajuste que si era grave sin COVID 19, ahora equivale a un suicidio.

De escala porque las medidas anunciadas son insuficientes. El Fondo Coronavirus, que se nutre de los descuentos a los cargos políticos y a los funcionarios públicos con sueldos más altos, va a recaudar entre 12 y 15 millones de dólares. La versión más modesta de la Renta Extraordinaria, para atender a 320 mil hogares vulnerables, que plantean el FA y la Intersocial, implica unos 120 millones de dólares mensuales.

Hay que construir un Plan Integral, sanitario, económico y social, que no existe. Ese Plan debe tener un alto grado de consenso. El único camino para lograrlo es un diálogo amplio y abierto.

Habrá que tomar medidas extraordinarias, de expansión del gasto público, lo está haciendo el mundo entero y a niveles inéditos. Habrá que estudiar el uso de una parte de los 18 mil millones de dólares de reservas internacionales. O gravar, aunque sea mínimamente, a los 8 mil millones de dólares de depósitos en el exterior. O incrementar los impuestos a la riqueza, como el del Patrimonio, que es el único impuesto que exonera más de lo que recauda.

Hay dos visiones. Hay programas distintos. Hay protagonistas políticos y sociales distintos. Eso no va a cambiar.

Pero se puede construir un camino que tenga un objetivo básico, lo dijo Oscar Andrade en el Senado: Que ninguna uruguaya o uruguayo tenga que poner en riesgo su vida por razones de necesidad.

Eso no se resuelve con coaching, ni con editoriales cavernarios y, mucho menos, con tarifazos.

Habrá que proponer y dialogar, mucho, con responsabilidad, pero también habrá que ampliar la red de solidaridad popular. Las más de 200 ollas populares, las miles de canastas repartidas por los sindicatos. Habrá que organizar la solidaridad, como siempre.