Por Paola Beltrán
Este miércoles en el Senado se aprobó por unanimidad la Ley de Empleo Integral, proyecto del Poder Ejecutivo, elaborado por el Ministerio de Trabajo, que tras la introducción de algunas modificaciones en la Cámara de diputados, logró su aprobación final en el Senado. Se trata de una ley que promueve el empleo acompañado de formación, que incorpora una mirada nacional con una fuerte apuesta a los pequeños y micro empresas, emprendimientos y cooperativas de trabajo con miras a incentivar el empleo en el interior del país apuntando a la población con mayor vulnerabilidad a la hora del acceso al trabajo digno.
La ley está dirigida a jóvenes (entre 15 y 29 años), mayores de 45 años, personas con discapacidad, jefas de hogares monoparentales, personas afrodescendientes, trans, privadas de libertad o con medidas alternativas o liberadas.
Los subsidios van desde el 25% al 80% del salario del trabajador, dependiendo del colectivo y su situación de vulnerabilidad. Además los contratos son a término, entre 6 y 12 meses, con la posibilidad de contratos de 3 meses en temporada estival.
Para micro y pequeñas empresas (menos de 20 trabajadores), el subsidio se extiende por 18 meses con una escala decreciente (75% en los meses 13-15 y 50% en los meses 16-18).
Entre las modificaciones realizadas en la cámara baja, se incorporó como población objetivo de la ley a las madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 años de edad. También se añadió, a texto expreso, que las personas privadas de libertad que sean contratadas mediante la ley no podrán recibir una remuneración menor al salario mínimo nacional.
EL POPULAR dialogó con el diputado del Frente Amplio y la 1001, Daniel Diverio, quién señaló las principales iniciativas de la ley, las particularidades del proceso en que fue construida, el impacto que se busca y el valor de su aprobación en un gobierno del Frente Amplio.
-¿Cuáles son los principales elementos de esta ley, con respecto a la anterior, que genera el entusiasmo de que efectivamente se pueda cumplir con el objetivo de generar trabajo digno, en buenas condiciones, con formación, para quienes más lo necesitan?
Este proyecto fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo, que hizo un buen trabajo. Y es un proyecto de ley que, si es verdad, profundiza mucho más lo que venía de la ley anterior, abarca más población y tiene algunos elementos que fortalecen la posibilidad de la aplicación de la ley a lo largo y ancho del país. Es el Estado participando en la democratización del trabajo.
Porque cuando dejamos librado a que sea el mercado el que resuelva tenemos muchos riesgos, porque el mercado, por lo general prioriza la rentabilidad, la acumulación de la riqueza. El capital no tiene una mirada social, no tiene una mirada solidaria, no tiene una mirada de oportunidades.
Está claro que es importante que el Estado se involucre en el mundo del trabajo para, justamente, aquellos sectores que tienen mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo tengan las mismas condiciones.
Cuando nosotros miramos las gráficas de desocupación, a lo largo de la historia, encontramos que las gráficas muchas veces tienen niveles de desocupación muy altos, en algunos otros periodos son bajos, y eso depende de muchas cosas, de la economía, de los niveles de inversión, de la inversión pública, de una cantidad de cosas. Lo que es cierto es que hay unos sectores de la población que no importa cómo tengas la gráfica, sus niveles de desocupación son los más altos. Y ahí tenés personas trans, tenés las personas afrodescendientes, tenés las personas con discapacidad, tenés los jóvenes de 18 a 29 años, tenés los mayores de 45 o 50 años, las mujeres jefas de hogar, tenés, ni que hablar, las personas liberadas.
Entonces creo que esta ley intenta, justamente, dar herramientas para que esos sectores de la población puedan acceder a un puesto de trabajo. Y en ese marco es importante resaltar algunas cosas. Lo primero, que apunta a esta población con mayores dificultades, pero es una forma también de trabajar en combatir la pobreza y la pobreza infantil.
Porque la mayoría de los hogares donde viven estas personas son hogares que están por debajo del nivel de pobreza. O sea, una jefa de hogar, sin ningún tipo de puesto de trabajo, es parte de esos niveles de pobreza. O lo mismo que puede pasar con una persona con discapacidad que está al frente de su hogar. No tener la posibilidad de tener un ingreso también tiene dificultad. Ni que hablar con los privados de libertad, de que su expectativa, mientras está esperando para ser libre, es bueno, salgo a la calle y lo que me queda es el circuito nuevamente de calle y terminar nuevamente en el Comcar. Yo creo que dar las oportunidades a esta población es intentar revertir un escenario complejo que tenemos.
Que este proyecto de ley apunte a esos sectores es una señal de la participación del Estado en el mercado laboral. Y yo creo que eso hay que resaltarlo, porque si es cierto de que, como decían algunos diputados ayer, que el impacto que va a tener no va a resolver el tema de la desocupación, por supuesto que no. Pero el impacto que pueda tener en aquella persona que recibe la posibilidad de tener un trabajo, va a ser un impacto muy fuerte para su hogar.
Cuando queremos combatir la pobreza infantil, entre otras cosas, tiene que ver con fortalecer estos sectores que fundamentalmente están al frente de esos hogares donde tenemos esos niveles de pobreza. En ese marco, yo creo que es importante esto.
Esta ley también es una forma de fortalecer lo que son las micro y pequeñas empresas que también tienen que competir en un mercado que es salvaje, que es muy salvaje; los pequeños comerciantes tienen que competir, por ejemplo, con las grandes superficies; un taller o un empresario de la construcción que tenga muy pocos trabajadores y que tener una persona más que lo ayude, que trabaje con ellos, les puede generar la posibilidad de mantenerse en la competencia en el mercado.
Creo que es muy importante porque el subsidio que van a tener para tomar a esta persona les permite, reitero, tener alguna persona más para realizar esta tarea que les pueda permitir sostener el comercio, el taller o la pequeña fábrica.
-¿Por qué hay confianza en que en este caso sí sea diferente y tenga un impacto más democrático, no solamente en el acceso, sino en la distribución en el territorio nacional?
Bueno, dos cosas. Primero, es cierto que siempre hubo un gobierno anterior con esfuerzos para esto. En realidad no se lograban los objetivos. El proyecto de la ley anterior, del gobierno de la coalición, promovía la posibilidad del empleo para 8.000 personas, bueno, no llegaron a 4.000. Y aparte no estaban los componentes de todos estos sectores que nombramos nosotros. Era más limitado. Y a su vez, bueno, los datos que hay es que la gran mayoría de esos empleos fueron absorbidos por empresas de más de 100 trabajadores.
Entonces está claro que las microempresas y las pequeñas empresas quedaron casi por fuera de esta posibilidad . Y eso tuvo que ver con la burocracia, la falta de información, asesoramiento, no sé, incentivos para que en el interior se pudiera lograr que las micro y las pequeñas empresas se hicieran de este beneficio. Esta vez la ley que estamos aprobando, tomando esa experiencia, tomó algunos recaudos.
No solamente amplió el universo de la población que puede acceder, sino que también se hace una gran campaña de difusión, discusión y de asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas para que puedan acceder al beneficio.
Lo otro que hay que rescatar en este proyecto tiene que ver con el papel que juega INEFOP. Porque el ingreso a trabajar está bien, pero lo más importante es lograr que esas personas se puedan mantener en el mercado laboral después de terminar el contrato por este proyecto. Y para mantenerse en el mercado laboral, creo que tiene un papel muy importante el INEFOP, donde la formación, la capacitación, el acompañamiento de estas personas les va a permitir poder mantenerse en el mercado laboral. Y eso es central.
Por ejemplo, decíamos hoy un privado de libertad. ¿Qué expectativa tiene? Bueno, la expectativa de poder ingresar a laburar y formarse y mantenerse en el mercado laboral. Cuando hablamos de las personas con discapacidad, ¿qué estamos hablando? Bueno, lograr que el mundo del trabajo se adapte a la discapacidad. Y para eso precisa la formación, la capacitación.
Cuando estamos hablando de los mayores de 45 o 50 años, que es una población que muchas veces vemos cuando, lo define el mercado, cierra una fábrica o termina una obra o un emprendimiento productivo por distintos motivos, y resulta que no puede nuevamente ingresar en el mercado laboral porque ya te miran la célula, no sos dentro de lo más elegible; capaz que tenés un oficio que aprendiste en esa fábrica que después no podés desempeñarte en otro lugar porque no está ese oficio, son los compañeros que muchas veces terminan haciendo changas o con un trabajo mucho más precario, más desregulado, esperando llegar a la edad mínima para poder jubilarse.
Yo creo que hay que saludar dentro de estas cosas lo que ha sido el resultado del diálogo social que permite que esos trabajadores y trabajadoras con 60 años se puedan retirar. Yo creo que es una ley que no resuelve definitivamente el tema, pero sí marca un camino correcto de lo que tiene que ver con una sociedad que debe generar las condiciones para que todos tengan las mismas oportunidades.
– Mencionaste antes el trabajo previo que se hizo desde el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Empleo, recorriendo todo el país, hablando con los diferentes actores. ¿Se puede decir que es una ley que se construyó de manera participativa, conectada con la gente y con las necesidades reales de los distintos lugares del país?
Sí, claro. El diagnóstico sale a partir de la realidad que se palpa cuando recorres el país. Y a su vez también del reclamo de las micro y pequeñas empresas de no poder competir en un mercado que es tan duro, porque el capital es salvaje y que permanentemente las van corriendo de poder ser parte de ese mercado. Y eso pasa con un almacén que tiene que cerrar porque no puede sostenerse a lo que puede ser la gran superficie, puede pasar con un taller, puede pasar con pequeñas empresas o pequeños productores también.
Es una ley que está construida con una gran participación social, es una ley que se construye con el colectivo y es una ley que tiene, en mi opinión, un gran respaldo del conjunto de la sociedad. Voy a reiterar que no resuelve de fondo el tema, pero marca cuál es el camino para seguir, para cambiar la realidad de lo que tenemos con miles y miles de uruguayos y uruguayos.
-Hablabas también de que el éxito depende de la apropiación que se haga de esta ley. ¿Las organizaciones vinculadas al trabajo tienen un rol que jugar en este proceso?
Claro, porque aparte hay experiencia en algunos sectores de actividad, en algunos gremios que han firmado algunos convenios colectivos, a veces convenios que son bipartitos en algún centro de trabajo, donde dentro de esos acuerdos está el ingreso de compañeras mujeres, de compañeras con discapacidad, de liberados.
Hay experiencia en el movimiento sindical de trabajar en un tema tan sensible como este. La idea es que esos acuerdos se sigan sosteniendo y, a su vez, fortalecidos con esta ley que va a ser fundamental.
Por ejemplo, había un sector que no estaba en el periodo anterior por dificultades por la ley 14.411 que era la construcción, bueno, se va a buscar la redacción para que la construcción también pueda ser parte de los sectores que puedan ingresar trabajadores y trabajadoras que están en estos sectores.
– También en la ley hay un impulso al cooperativismo.
Sí, el cooperativismo también es importantísimo. Que las cooperativas de trabajo también tengan posibilidad de acceder a esos beneficios les va a permitir, vuelvo a reiterar, competir en un mercado que es realmente salvaje si lo dejas únicamente dependiendo de lo que resuelve el mercado y el capital. Y, fundamentalmente, eso apunta al interior del país. Hay muchas cooperativas de trabajo, que son cooperativas sociales o de distinto tipo, que está claro que pueden aprovechar esta ley y eso derrama empleo en el interior y en los lugares donde hay un mayor nivel de desocupación. Con la ley del periodo anterior la amplia mayoría de los ingresos fueron en la capital.
La idea es que si vos le sumas ahora a las cooperativas y también incentivar a las pequeñas y medianas empresas del interior, vos vas a tener un derrame de este beneficio en aquellos lugares con mayor desocupación que, justamente, son algunos departamentos del interior.
-¿Qué valor tiene la aprobación de una ley de este tipo en un gobierno del Frente Amplio?
Creo que es una ley que tiene componentes con una mirada de izquierda, eso es importante, tiene, dentro del Frente Amplio, un componente que es muy importante, que es construido en forma colectiva. Y lo otro que también, creo que es interesante, importante, es que esta ley ha tenido modificaciones a partir de la opinión de organizaciones sociales.
Y eso habla de una forma de hacer política de izquierda que va a contrapelo de lo que han sido los gobiernos de derecha, que sentados en un escritorio piensan que agarrando una hoja Excel se resuelve cómo se distribuye la riqueza.
Capaz que estamos en medio de un mundial de fútbol y capaz que gritar los goles baja justo en ese momento, pero creo que en el Frente Amplio debemos sentirnos, no conformes ni satisfechos, pero saber que estamos en el camino correcto para modificar y construir una sociedad que nosotros queremos.
