Esta semana quedó aprobada por el Parlamento la Ley Integral de Empleo, presentada por el gobierno en marzo de este año. Tanto la Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores, la votaron por unanimidad. La ley, con este importante nivel de consenso político y también social, constituye un avance para enfrentar algunas de las desigualdades más importantes que tiene nuestro país en cuanto al acceso al trabajo.
La aprobación de esta ley, importante porque aborda un problema central de nuestro país y de nuestro pueblo, es relevante por su forma y por su contenido.
Antes de profundizar en el análisis de estas dos dimensiones, digamos que hay un elemento central, conceptual, a destacar de la ley aprobada. Está inspirada en la concepción de que el Estado debe jugar un papel importante en el mundo del trabajo, de contralor del cumplimiento de las normativas, sí, pero también como rector de las políticas de empleo y como protagonista activo, con políticas públicas, para mejorarlo. Esta ley está inspirada en la concepción de que el mercado no resuelve el acceso al empleo, que genera desigualdades y que estás deben ser enfrentadas desde el Estado. Este es un aspecto muy importante y no debe ser soslayado.
La forma
Esta ley, propuesta por el gobierno nacional en marzo, cumple con un compromiso electoral del Frente Amplio: darle centralidad al empleo y al acceso al mismo. Se construyó en diálogo directo y abierto con toda la sociedad, durante meses, equipos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, recorrieron el país, realizaron decenas de reuniones con organizaciones de trabajadores, empresariales, intendencias, juntas departamentales y organizaciones de personas con discapacidad. En esas reuniones se analizaron los instrumentos legales ya existentes, su impacto, sus limitaciones, los elementos que había que corregir. En base a lo recogido en ese intercambio se elaboró el proyecto de ley, hoy aprobado, y participaron de la misma todas las reparticiones del gobierno y del Estado que tienen que ver con el empleo. El proyecto se analizó en el Consejo de Ministros y luego fue presentado, como decíamos en marzo, por el presidente de la República, Yamandú Orsi y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo y señalado como prioridad para el gobierno. Luego fue enviado al Parlamento, fue discutido en ambas cámaras, se le introdujeron modificaciones, algunas planteadas por la oposición, otras por distintos colectivos y finalmente fue aprobado por unanimidad, tras cuatro meses.
Hay que destacar, entonces, que una iniciativa importante para el gobierno, que aborda un problema central de la sociedad, haya logrado este nivel de consenso social y político y su aprobación en un plazo breve de tiempo.
El contenido
La Ley Integral de Empleo, sintetiza y busca superar las limitaciones de varias leyes anteriores: la Ley de Promoción del Empleo, 19.973; la ley de Empleo Juvenil, 19.133 y la ley 19.689.
En un sentido general, se trata de pasar de una lógica basada en modalidades de contratación a otra centrada en las personas.
Apunta fundamentalmente a favorecer el acceso al empleo a sectores de nuestra sociedad que tienen graves dificultades para ello y presentan tasas de desocupación, precariedad laboral y pobreza mucho mayores a las generales. En particular los jóvenes de 15 a 24 años; mayores de 45 años; mujeres jefas de hogares y de hogares monoparentales; personas con discapacidad y sus familias; personas privadas de libertad, con medidas alternativas o recientemente liberadas, hasta tres años tras la liberación; personas afrodescendientes y trans.
La ley impulsa mecanismos que buscan generar nuevas fuentes de trabajo, el mecanismo principal, no el único, son subsidios por parte del Estado a las retribuciones mensuales, con tasas que varían según la situación de cada sector. En el caso de las y los jóvenes de 15 a 24 años, con desempleo mayor a tres meses, alcanza un 33% del salario, si es mujer, y un 25%, si es varón. Para los jóvenes en vulnerabilidad socioeconómica: hasta 66%, si es mujer y 50%, si es varón. Para los mayores de 45 años con desempleo mayor a seis meses: hasta 33%, en el caso de las mujeres, y un 25%, para los varones. En casos de vulnerabilidad, 66% para mujeres y 50% para hombres. Para las personas con discapacidad, liberadas y trans: hasta el 80% del salario.
Se establecen condiciones de trabajo para las contrataciones, que buscan evitar que se utilicen para incrementar la precariedad laboral, los contratos deben durar entre 6 y 12 meses. Se fija una jornada máxima de 20 horas semanales para menores de 18 años y se prohíbe el régimen de horario rotativo para jóvenes y mujeres jefas de hogares monoparentales.
Se incorpora al Estado como posible generador de puestos de trabajo, los organismos públicos deben destinar al menos el 50% de sus contrataciones de becarios y pasantes a jóvenes bajo este régimen, con cuotas que toman en cuenta especialmente a mujeres, personas en vulnerabilidad, con discapacidad, mujeres en situación de violencia de género y afrodescendientes.
Se establece que las personas contratadas bajo los mecanismos que impulsa esta ley tendrán prioridad de acceso a cursos del INEFOP, al programa Uruguay Certifica (certificación de competencias) y a mecanismos de culminación de ciclos educativos.
Con la ley, que se centra en las personas, se busca superar algunas limitaciones y deformaciones que se produjeron en la aplicación de normativas anteriores: en el caso de las personas con discapacidad se elimina el requisito de experiencia previa y también se busca superar la traba para acceder al trabajo que implica que más del 60% de ellas solo culminaron primaria y en casi todos los casos se exige bachillerato completo para lograr un empleo. Hay medidas progresivas, tanto en la duración de los contratos, como en el porcentaje de ellos sobre el total de mano de obra empleada, para favorecer a las pequeñas y medianas empresas, ante el poder de las grandes empresas que fueron las que concentraron los beneficios de las normativas anteriores. Hay también incentivos para que los mecanismos previstos tengan alcance nacional y no se concentren solamente en la zona metropolitana.
El fondo de subsidios previsto es de unos 10 millones de dólares anuales.
Los desafíos
¿Esta ley resuelve los problemas del empleo en el Uruguay? Por supuesto que no. Uruguay tiene graves problemas de desigualdad y estos se expresan en el empleo, en el acceso a él y en las condiciones del mismo.
Estos problemas, graves, que tienen causas estructurales, trascienden largamente el objetivo, el alcance y el potencial impacto de esta ley.
El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, describió sintéticamente la situación del empleo y sus graves problemas, en el acto realizado en el Cerro durante el último paro general. En nuestro país hay 1.892.000 personas que trabajan o buscan trabajo, 1.749.000 tienen empleo. Hay 143 mil personas desempleadas; 154 mil subocupadas o con “salarios de hambre” y 386 mil personas trabajan en la informalidad.
Hay 484 mil personas que ganan menos de 28.600 pesos y 78 mil trabajadores y trabajadoras, aún con empleo, se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Como bien señaló Abdala, estos niveles de precariedad y desigualdad indican que “la organización social de la producción, el modo de acumulación dominante en nuestro país y el modo de inserción internacional vigente no está dando resultado para promover, a escala masiva, la buena vida de la población trabajadora”.
Esto es efectivamente así y también lo es la necesidad de romper con el desarrollo dependiente y construir, como camino superador, una Estrategia Nacional de Desarrollo.
No obstante ello, esta Ley Integral de Empleo es un paso en la dirección correcta, implica un avance hacia la democratización del acceso al empleo y es un esfuerzo por dar respuesta a las situaciones más graves de vulnerabilidad y desigualdad.
Además, desde el punto de vista político, ratifica que es posible, aún en la compleja situación internacional y nacional, construir consensos sociales y políticos que permitan avanzar en problemas centrales para nuestro pueblo y nuestro país.
La Ley Integral de Empleo, cuya aprobación fue definida como un objetivo político importante por el gobierno nacional y por el Frente Amplio y fue reclamada por el PIT-CNT desde la tribuna del 1º de Mayo, hoy es una realidad. No es poca cosa.
