Un informe publicado por el portal de noticias InSight Crime explora qué efectos tendría el tráfico de armas ilegales en América Latina.
En el reporte se destaca que la aprobación de una nueva legislación en Estados Unidos tiene como objetivo eliminar una serie de “lagunas que han posibilitado la proliferación del tráfico de armas”, sin embargo, explora si ello realmente puede “ayudar a reducir el número de armas ilegales que fluyen hacia México, ¿el resto de América Latina y el Caribe?”.
Conocida como “la Regla final de marco o receptor”, la nueva normativa estadounidense comenzó a regir el pasado 24 de agosto, luego de su anuncio en el mes de abril.
Con ella, señala el reporte del portal especializado, se “busca ampliar la definición de lo que es un arma de fuego2, así como “tomar medidas más drásticas contra la proliferación de las “armas fantasmas”.
Con algunos puntos de contacto con la llamada “ley bipartidista de comunidades más seguras”, que fuera “promulgada en el mes de junio por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden”, la norma pretende “limitar la violencia armada corrigiendo la laguna legal de las ventas privadas y apuntando a los compradores testaferros (straw buyers)”.
Esta legislación, se añade, “podría tener un impacto real por fuera de Estados Unidos”, sobre todo si se considera que “el tráfico de armas ilegales es uno de los principales causantes del constante aumento de las tasas de homicidios en América Latina y el Caribe”.
Las armas en poder de civiles, recuerda el reporte son de alto calibre y su procedencia, de acuerdo a los expertos es, mayoritariamente, estadounidense.
La investigación sobre estas normativas realizada por InSight Crime describe “tres posibles consecuencias de estas nuevas leyes”, así como “los principales desafíos para detener el tráfico de armas ilegales hacia América Latina y el Caribe”.
Una de las consecuencias estimadas en la investigación es la que afectaría a los llamados “testaferros”, sobre la cual se mencionan varios ejemplos.
En ese sentido, la nueva normativa persigue “como mínimo, aumentar la presión sobre quienes compran armas ilegales actuando como testaferros”, asignando para ello “más recursos a la ATF para la investigación en torno al tráfico de armas”, al tiempo que crea delitos específicos relacionados con las compras ficticias, con penas significativas de entre 15 y 25 años de prisión, si el arma se usa en un delito grave”.
En lo que se refiere a los traficantes de armas, la nueva ley pretende corregir las ambigüedades legales “en cuanto a la diferencia entre vendedores privados y empresas”, algo que ha sido aprovechado por los traficantes de armas para llevar su negocio hacia México, República Dominicana, y Puerto Rico.
Ello permitió se afirma que, “en algunos casos, las pandillas utilizaron las ventas en línea para ingresar miles de armas en el mercado negro”.
Aunque la “ley bipartidista de comunidades más seguras”, no elimina las lagunas legales existentes en las ventas privadas, que exigen “verificaciones de antecedentes universales”, la norma aprobada cambia las definiciones y con ello “quienes venden armas con ánimo de lucro” están obligados a registrarse.
Si esta norma se aplicase “adecuadamente, las autoridades tendrían más campo de acción para atacar y desmantelar las redes que trafican las mayores cantidades de armas ilegales, incluso a América Latina”, enfatiza la investigación.
En lo que se refiere al impacto que la nueva normativa pudiera tener sobre los llamados casos de “armas fantasmas, el reporte señala que este tipo de armas que son fabricadas por individuos, “carecen de número de serie” por lo que “son casi imposibles de rastrear”.
Esto sucede, se explica porque “durante décadas, Estados Unidos solo ha regulado y otorgado números de serie a una parte del arma: el receptor o marco inferior”, pudiendo los comerciantes particulares evadir “esta regla vendiendo marcos o receptores casi completos”, conocidos como “partes inferiores al 80 por ciento”.
El ensamble de este tipo de armas, ha sido descrito por los expertos, como de baja complejidad y en ese sentido citan las declaraciones al portal especializado por parte del experto Andrei Serbint Pont quien trabaja como analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), un think thank de políticas públicas para Latinoamérica.
“Se puede hacer una parte inferior en casa, todo lo que se necesita es un torno”, dijo a InSight Crime el experto.
Esta característica de las “armas fantasmas” que son de fácil acceso las ha convertido en una “fuente creciente de armas de fuego del mercado negro en toda la región”.
“Sigue aumentando la proliferación (…) de este tipo de armas ensambladas artesanalmente y compradas sin verificación de antecedentes”, declaró otro especialista a InSight Crime.
Se trata, añade el estudio de una “propagación” que “no se da en un país o subregión más que en otro, sino “este tipo de armas surgen en las favelas de Río, en manos de organizaciones criminales colombianas y, en cierta medida, también en México”, especificó Pont.
En consideración a ello, la Regla final de marco o receptor, que entró en vigor el 24 de agosto, “busca corregir esta laguna legal de las “armas fantasmas” al expandir la definición de “arma de fuego” en Estados Unidos, con el fin de incluir las armas operativas, así como los bloques básicos para la fabricación de las armas, y las armas y kits casi completos si se pueden convertir fácilmente en armas de fuego operables”.
Junto a ello se exige a “los distribuidores con licencia registren todas las armas de fuego en sus inventarios y que les asignen un número de serie”.
Finalmente, el estudio concluye afirmando que “si bien la legislación reciente es un avance concreto (…) todavía hay trabajo por hacer”.
“El eslabón más débil en el nuevo paquete legislativo es la Regla final de marco o receptor, que es efectiva, pero no permanente. A diferencia de la Ley bipartidista de comunidades más seguras, la regla es una acción ejecutiva, no una ley, y los expertos dicen que, por lo tanto, puede ser fácilmente revertida por una nueva administración”, se lee en el texto de la investigación que recuerda que ya se han producido “intentos, tanto en el Senado como en los tribunales, de bloquear o detener la implementación de la norma”.
Aunque la ley Bipartidista de comunidades más seguras divide las opiniones de los expertos, la misma se considera como “un considerable intento de atacar el flujo de armas ilegales”.,una aseveración que es puesta en duda por Lindsay-Poland quien se posiciona más escéptico.
“Dudo que (la nueva ley) cambie la economía del tráfico de armas (…) Es muy difícil saber si afectará el tráfico transfronterizo”, dijo a InSight Crime el experto que concluyó enfatizando que “los fiscales tendrían que estar más motivados para destinar más recursos a la investigación, para que la ley realmente tenga un impacto sobre la dinámica del tráfico de armas”.
