La vinculación de Guillermo Lasso con paraísos fiscales, provocó que una Comisión del congreso ecuatoriano lo acusara de incumplimientos de normas legales.
La acusación al jefe del Estado es por incumplir una norma “que prohíbe a los funcionarios tener bienes o capitales en cuentas offshore”, señala Página 12.
De acuerdo al medio argentino, “la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Ecuador aprobó con votos opositores y rechazo del oficialismo un extenso informe que advierte que el presidente Guillermo Lasso tiene “vinculación directa” con paraísos fiscales”, al tiempo que denunciaba “que el jefe del Estado incumplió el “mandato popular” que prohíbe a los funcionarios tener bienes o capitales en cuentas off shore”.
En un extenso informe de 205 páginas, aunque no se solicita de forma abierta la destitución del actual mandatario, si hace explícita referencia “al artículo 130 de la Constitución, que establece esa potestad de la AN, y advierte sobre una crisis de gobernabilidad”.
“Se verifica la inobservancia por parte del presidente al Pacto Ético (consulta popular sobre paraísos)”, particular que sustenta la afirmación de que se, “configura el incumplimiento constitucional a lo dispuesto el artículo 130, numeral 2 por conmoción interna y afectación al mandato popular sobre los paraísos fiscales”.
Luego de conocidos los llamados Pandora Papers, la comisión inició un trabajo intenso de investigación sobre aquellos documentos que se relacionaban con Lasso.
La comisión ecuatoriana, agrega el medio de prensa, ha solicitado se apruebe “una resolución para llevar a Lasso al pleno de la AN en no más de ocho días”, sugiriendo, además que se inicie el pedido “de juicio político contra las autoridades que no colaboraron en la investigación”.
El documento de la Comisión tuvo la aprobación final en el Congreso con los votos de la fuerza indigenista Pachakutik y de la correísta UNES, y solo fue rechazada por “los dos legisladores de la Bancada del Acuerdo Nacional, que agrupa a los sectores cercanos al Gobierno”.
La Comisión, que ahora debe esperar se eleve lo aprobado al pleno de la Asamblea, resalta en sus conclusiones que “hay una vinculación directa” del presidente ecuatoriano “con las empresas Banisi y Banisi Holding, que tienen sede en Panamá, y da por hecho que la creación de compañías offshore dentro del Grupo Banco de Guayaquil, de la que Lasso era accionista, algo que, “necesariamente deben contar con el conocimiento y aprobación” del mandatario.
En el caso particular de la afirmación del presidente sobre su no relacionamiento con Banisi, se denuncia que “no se ajusta a la verdad”, por lo que se supone la probable existencia de “un posible delito de defraudación tributaria” ya que se detectaron “disparidades en el pago de impuestos en las distintas empresas que forman parte del Grupo Banco de Guayaquil y del mismo presidente”, reportó el sitio Primicias de acuerdo al medio de prensa argentino.
“En ese contexto, el presidente de la República no tendría margen de maniobra para llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo y su credibilidad social se desplomaría, al tiempo que genera en la sociedad un ambiente de frustración, conflicto social y vergüenza colectiva”, se destaca en el texto de la Comisión que agrega que lo denunciado “generaría un escenario de conmoción social porque altera de forma radical las coordenadas éticas y deontológicas del sistema político, y (…) de las instituciones”.
Rolando Arbesún
