La embestida del poder

El Poder Ejecutivo, más precisamente presidencia de la República, ha presionado en los últimos días a sus socios de la coalición y, lo que es más grave, mucho más grave, a una Comisión de la Cámara de Diputados para que su proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales se apruebe a marchas forzadas antes de fin de año.
Las presiones han sido directas. Le pusieron fecha para que se aprobara en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, luego en el propio Pleno y que pasara inmediatamente de votado el Presupuesto a la Cámara de Senadores.
Es la presión de Presidencia y del poder, de los propietarios de los canales abiertos de televisión y de las trasnacionales de las telecomunicaciones que compiten con ANTEL, Claro y Movistar. Es una embestida del poder por imponer su voluntad contra viento y marea.
La firme posición del Frente Amplio, de SUTEL, de organizaciones del campo popular, de la Coalición por una Comunicación Democrática, de APU, entre otras, unidas al malestar generado entre los socios de la coalición de gobierno, particularmente el sector Ciudadanos del Partido Colorado y Cabildo Abierto, ha hecho que hasta ahora no puedan. Pero la pulseada está en curso.
Esta vez se confirma la máxima de que la forma hace al contenido y, habría que señalar, y viceversa.
El contenido del proyecto de ley que deroga la Ley vigente, aprobada en los gobiernos del Frente Amplio, es tan impresentable que tiene que aprobarse así, a prepo y con la menor discusión posible. Este proyecto de ley, sin autor confesado, no tiene quién lo defienda.
A tal punto esto es así que el ministro de Industria, Omar Paganini y la URSEC, rechazaron la convocatoria de la Comisión de Diputados para que vuelvan a concurrir y aclaren dudas surgidas o reafirmadas durante la discusión de estos meses.
La estrategia comienza a derrumbarse, la discusión está saliendo del Parlamento, las diferencias se expresan y hasta el directorio de ANTEL, que recién concurrió esta semana a la Comisión, propuso una modificación a uno de los artículos más polémicos, el 48, que obliga a ANTEL a arrendar su infraestructura para que la use su competencia.
El contenido del proyecto de ley de 90 artículos que envió el Poder Ejecutivo ya ha sido analizado en EL POPULAR, dijimos y reafirmamos que de aprobarse implicaría un retroceso democrático ya que restituye privilegios a los actuales licenciatarios de la televisión abierta, facilita y promueve la concentración, abre la posibilidad de la extranjerización, elimina la participación de la sociedad, restringe a los medios comunitarios, le quita independencia a los medios públicos y golpea a ANTEL.
Hay tres aspectos que hacen que enfrentar este proyecto de ley, parte central de la concentración del poder que implica la restauración conservadora, sea prioritario.
Este proyecto de ley golpea a ANTEL, tras quitarse los artículos 268 y 269 de la LUC la ofensiva privatizadora contra ANTEL se concentra en este proyecto de ley.
El artículo 48 plantea que ANTEL abra su infraestructura de fibra óptica a los cable operadores privados para que estos briden ese servicio. Se ha usado el argumento falaz que esto es para que los cableros del interior puedan sobrevivir. En realidad es para que los tres cables de Montevideo, propiedad de los canales 4, 10 y 12, aumenten su facturación. Y, además, para abrir la puerta a que Claro y Movistar, a través de algunos cables que adquieran o más directamente luego, le disputen a ANTEL, con su propia infraestructura y su inversión, parte de un negocio de enorme desarrollo que ya implica casi 400 millones de dólares al año. Y eso en un país que gracias a ANTEL, a su visión estratégica y a un esfuerzo millonario en dólares, tiene una de las conectividades de fibra óptica mayores del mundo: 85% de los hogares.
En realidad este artículo debería salir de este proyecto de ley. No tiene nada que ver con el resto. Es el único que aborda las telecomunicaciones. Debería quedar para un debate más serio y en una ley que trate eso, las telecomunicaciones.
Hay otros aspectos enormemente nocivos de este proyecto de ley. Promueve la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La ley actual permite que un grupo económico tenga hasta tres licencias de radio y televisión. El proyecto de ley eleva ese número a 8, casi lo triplica, y como si fuera poco, elimina el concepto de grupo económico y dice que el límite es para personas, y además establece que una persona si tiene menos del 30% del capital accionario de una empresa no se considera como titular del permiso. Por lo tanto, en realidad, establece que una persona puede tener la cantidad de medios de comunicación que quiera.
El proyecto de ley mantiene la prohibición de que un extranjero licite por un permiso para radio o televisión, pero en el artículo 14 elimina esa prohibición para las transferencias. No hace falta ser Einstein para entender qué es lo que habilita. Las trasnacionales Claro, Movistar y las que vengan podrán, si quieren, ser dueñas de todos los cables y de las televisiones abiertas, como ya lo son en varios países de América Latina.
Esos son los tres aspectos centrales, pero hay mucho más.
Como lo decíamos en abril, cuando se presentó el proyecto de ley, durante la campaña electoral todos los integrantes de la coalición de derecha, especialmente el Partido Nacional, sostuvieron que iban a cambiar la legislación sobre los servicios audiovisuales. Se hacían eco de un reclamo perentorio de los empresarios de los medios, particularmente de los titulares de las licencias para televisión abierta en la capital.
El proyecto de ley refleja casi textualmente la posición empresarial. Es un proyecto de ley hecho por empresarios para empresarios. No es una ley de regulación de servicios audiovisuales, es un modelo de negocios, y un mal modelo de negocios, porque beneficia a unos pocos, incluso entre los empresarios.
Uruguay tiene un sistema de medios de comunicación concentrado, privado y comercial. Esto es un problema grave para la democracia. Los medios de comunicación son parte del poder, en un doble sentido, para decirlo en términos marxistas, lo son en la base material y en la superestructura. Es muy extendido el análisis sobre su capacidad de construir sentido común, en el sentido gramsciano del término, o para decirlo de otra manera, construir agenda pública, legitimación social. Lo es menos el que las telecomunicaciones son ya hoy uno de los rubros más relevantes del PBI y uno de los de mayor crecimiento y perspectiva.
En 2014, luego de un proceso de elaboración de más de dos años del que participaron el gobierno, los empresarios, los trabajadores, la academia, los expertos nacionales e internacionales; y también después de 2 años de trabajo parlamentario, en gran contraste también en la forma con lo que se hace ahora, se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, solo con los votos del Frente Amplio.
Esta ley, brutalmente atacada, fue pensada para defender el derecho a la información y la libertad de expresión, que son derechos individuales y colectivos de la ciudadanía.
Este proyecto de ley la deroga y retrocede en aspectos fundamentales. No se animaron a reivindicar el dedazo como criterio de adjudicación de licencias, mantuvieron el concurso público, aunque eliminaron las audiencias públicas y todas las instancias de control social.
El proyecto establece que quienes hoy tengan licencias, sin mediar trámite alguno, verán renovadas las mismas por 15 años, a contar desde la aprobación de la ley. Elimina el reparto del espacio en tercios entre medios comunitarios, públicos y privados, lo que consolida la preeminencia casi absoluta de los medios comerciales.
Elimina cualquier canon o pago por el usufructo de las frecuencias y al hacerlo elimina el Fondo de Promoción a la Producción Audiovisual Nacional.
Nadie está planteando que desaparezcan las empresas, ni siquiera que pierdan sus licencias quienes las detentan, en algunos casos, desde hace medio siglo. No planteó eso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales que hoy quieren derogar, ni lo hace ninguna organización popular, social ni política.
Nadie dice que no tengan que tenerse en cuenta los intereses empresariales. Lo que sí decimos es que no se puede tener en cuenta solo los intereses empresariales. No se puede mirar la sociedad solo desde los empresarios. Y eso es lo que hace este proyecto de ley.
En estos días la Asociación Rural y la Cámara de Industrias destacaron la plena coincidencia de este gobierno con la agenda empresarial. Este proyecto de ley es parte de esa coincidencia.
Lo que no puede ser es que esa agenda sea impuesta llevándose puesto al Parlamento y conquistas que no son del Frente Amplio, son de toda la sociedad, degradando la democracia. Eso es lo que hay que enfrentar, con argumentos y con lucha.