El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) declaró nula la cláusula 3.5.4 del decreto firmado por el ex presidente Lacalle Pou que otorgaba el monopolio de hecho a la empresa Belga Katoen Natie para la instalación y explotación de una Terminal de Contenedores Especializada. Este punto fue denunciado por el Frente Amplio (FA) desde el momento de su aprobación en 2021 por considerarlo inconstitucional, ilegal e inconveniente.
Desde el principio
“Desde un primer momento advertimos que el acuerdo alcanzado era inconstitucional, ilegal e inconveniente. Hoy, la justicia administrativa nos dio la razón”, afirma la declaración de la Mesa Política del FA aprobada en su sesión de este lunes 10 de febrero.
En julio del 2021, el entonces senador Charles Carrera, que junto al entonces senador y hoy intendente de Montevideo, Mario Bergara, encabezaron esta denuncia sistemática, había señalado que el acuerdo significaba “el mayor acto de entrega de soberanía nacional, algo nunca visto”.
El acuerdo, a través de ese inciso, ahora anulado por el TCA, implicaba que todos los contenedores debían pasar por TCP (Katoen Natie), se prohibía el manejo de contenedores en los muelles públicos de la Administración Nacional del Puerto (ANP), y en los hechos se volvía imposible que haya una segunda terminal en el futuro, está claro que por lo menos hasta 2081 TCP tendría la exclusividad para todo el manejo de contenedores en el puerto, señalaba el FA durante este proceso.
Esta denuncia quedó ratificada por la sentencia del TCA que establece que esa cláusula ahora anulada, “impide, salvo excepciones, el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la instalación de una segunda terminal especializada durante el plazo de concesión de TCP hasta 2081, por lo que asegura un monopolio de terminal especializada a cargo de TCP hasta entonces” (Cl. 3.5.4). En opinión de los ministros del TCA, “para el cumplimiento de la libre competencia prevista en el artículo 23 de la Ley N° 16.246, es necesario que exista la posibilidad de competencia entre sujetos que se encuentran en las mismas condiciones, es decir, al menos dos concesionarios”.
Algo bien distinto a lo que declaraba el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Alberto Heber, en la comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado en que fue consultado sobre el asunto. En ese momento, según figura en las versiones taquigráficas de la comparecencia, Heber, ante el reclamo de los legisladores del FA sobre la creación de un monopolio de hecho, señalaba “Y se dice: «Esto es monopólico». ¡¿Cómo va a ser monopólico?! En el puerto de Montevideo puede haber más de una terminal; no existe porque no hay volumen comercial como para hacerla”. El tiempo demostró que esto no era cierto.
También se cuestionó la transparencia del acuerdo ya que, a pesar de haber sido solicitado formalmente por los legisladores Carrera y Bergara, en representación de la bancada del FA, no se pudo acceder al expediente, los informes jurídicos ni a los contenidos de las negociaciones que derivaron en el acuerdo.
Fruto de esta contienda encabezada por los dos legisladores frenteamplistas, estos fueron víctimas de un caso de espionaje en democracia. El caso de espionaje salió a la luz durante las investigaciones por el caso Astesiano. En el celular de este se encontraron pedidos de que armara “fichas” de Carrera y Bergara, con toda la información personal que pudiera recabar. El pedido se produjo luego de que ambos legisladores radicaron una denuncia por el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga.
El caso culminó con la condena del ex policía retirado Marcelo Acuña a 18 meses de prisión, que se sustituyeron por libertad a prueba. Además, se le impuso el pago de 50 unidades reajustables y dos años de inhabilitación especial. Sin embargo nunca se determinó la identidad de quién contrató y puso los recursos para el armado de las carpetas personales, la campaña de enchastre y el seguimiento personal de los entonces senadores.
Recuperar la iniciativa
Con esta resolución irrevocable del TCA, “se podrán licitar nuevas terminales especializadas de contenedores, recuperando el derecho del Estado a decidir el futuro de una actividad fundamental para el país” expresa el FA y agrega que “podremos mejorar la eficiencia de nuestro principal Puerto, recuperar sus niveles de competitividad y reducir sus costos potenciandolo como motor fundamental para el desarrollo nacional”.
Más allá de los intentos de los legisladores de la derecha de hacer pasar esta resolución como un triunfo para ocultar la gravedad y opacidad de la entrega que había realizado el gobierno de Lacalle sobre el puerto, más allá de que sea imposible competir con la hegemonía comunicacional que refuerza esta idea de que nada pasó, lo cierto es que la resolución del TCA le devuelve al país la posibilidad de fijar su política portuaria y por tanto el comercio exterior, importaciones y exportaciones, los costos que esta operativa implica y el impacto que estos tienen en los bolsillos de la ciudadanía.
Mesa Política del FA del 9 de febrero del 2025. FOTO: Carlos Lebrato – Comunicación FA
