Pobreza afro: la desigualdad que rompe los ojos cuando se mira para el costado.
Por Rodrigo Gorga (*) y Miguel Pereira (**)
Estamos en tiempos en que el debate sobre la desigualdad y las herramientas colectivas para combatirla —el presupuesto nacional y sus fuentes de financiamiento— ocupa un lugar central en la discusión pública. Sin embargo, ese mismo terreno de conversación suele ser también un espacio de reproducción de desigualdades materiales que afectan con fuerza la vida cotidiana de compatriotas y colectivos. La situación de las personas de ascendencia étnico-racial afro o negra, como se define en nuestro sistema estadístico, es un ejemplo claro. Es una problemática cuya escasa visibilidad contrasta brutalmente con la magnitud de la vulneración de derechos que implica.
Cuando analizamos la pobreza en Uruguay, no hablamos solo de ingresos: hablamos también de desigualdades que atraviesan las carencias. Existen condiciones que se heredan, que se transmiten de generación en generación y que pesan sobre la vida de las personas más allá de sus decisiones individuales. Son fenómenos estructurales. Y si miramos con cuidado las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2024, hay un número que no puede pasarse por alto: el 28,7% de la población afrodescendiente vive bajo la línea de pobreza.
Ese dato pasó casi inadvertido. Mientras la cifra de pobreza infantil —alrededor del 30%— ocupó titulares, abrió polémicas, inauguró coloquios y se destacó como prioridad presupuestal, la pobreza afro quedó invisibilizada. La paradoja es evidente: mientras la pobreza infantil ocupó titulares y debates, la pobreza afro permaneció prácticamente ausente de la agenda pública. Es posible que sea más fácil hablar sobre algunas desigualdades, como la que afecta a la pobreza de niños y niñas, cuando la sociedad asume su inocencia sin cuestionarse. Pero cuando hablamos de afrodescendientes, la compasión parece desvanecerse, como si se insinuara que la responsabilidad estuviera en ellos y no en la estructura social que los margina.
Las cifras que hablan
Como señalamos, mientras el promedio nacional de pobreza es de 17,3%, entre los afrodescendientes trepa a casi el doble: 28,7%. No es un fenómeno nuevo. Con la metodología anterior, la pobreza afro ya llegaba al 19% frente al 8,3% del total de la población. Las nuevas cifras no hacen más que confirmar la persistencia de una desigualdad que no es coyuntural ni fruto del esfuerzo individual. Es estructural. Es histórica.
Ser afro o no en Uruguay sigue marcando la probabilidad de ser pobre. Y esa desigualdad no se limita al ingreso, sino que se reproduce en distintas dimensiones. En la infancia, la pobreza alcanza a casi el 40% de los menores afrodescendientes frente al 28% del promedio general. En materia de vivienda, el 9,7% de esta población reside en asentamientos, contra un 3,8% de la población no afro. En educación, solo un 14% accedió a la universidad y la tasa de finalización de secundaria es de 56%, frente al 67% general. En salud, el 48% se atiende en ASSE, en comparación con el 30% del resto de la población. Finalmente, en el mercado de trabajo, el desempleo entre afrodescendientes es de 11,3% frente a 7,6% en el total, y la informalidad llega al 32,2% contra un 21% general.
No hablamos de una minoría pequeña. El censo de 2023 registró 326.000 personas afrodescendientes, un 10,65% de la población. Para dimensionarlo: es el equivalente a la suma de seis departamentos enteros —Durazno, Río Negro, Florida, Lavalleja, Treinta y Tres y Flores—.
Un problema estructural
Para entender estos datos hay que hablar de historia.
El racismo en Uruguay no adopta la forma de la segregación abierta como en Estados Unidos o Sudáfrica. Se expresa en la integración subordinada: se “acepta” a la población afro en la vida social y cultural, pero en un lugar de subalternidad. Eso explica por qué la pobreza afro sigue siendo un tema invisible: la sociedad se piensa igualitaria, “país de las arcadias”, “La Suiza de América”, como si todos hubiéramos bajado del mismo barco europeo. Pero los datos desmienten la idea de una sociedad igualitaria.
Esa invisibilidad también se sostiene en la política. Se multiplican las actividades culturales en el “mes afro”, pero se evita discutir lo esencial: el acceso al trabajo, la vivienda, la educación, las transferencias sociales. Lo cultural es importante, claro, pero no sustituye a lo material.
Se trata de un proceso histórico y acumulativo que se arrastra desde la colonia hasta hoy. Desde la trata transatlántica y la inserción desigual en la sociedad uruguaya, hasta la expulsión de las familias afro de los conventillos en dictadura y su relocalización forzada en asentamientos. Es un rezago acumulado que no se resuelve con el paso del tiempo. Como advertía UNICEF, aun con políticas fuertes se necesitarían décadas para igualar las oportunidades.
Políticas: cultura y justicia
Si la sociedad y el Estado no generan políticas públicas innovadoras, la situación no va a cambiar por sí sola. Se requieren intervenciones del Estado audaces.
En materia de educación existen cuotas y becas establecidas por la Ley 19.122, que fija disposiciones “con el fin de favorecer la participación en las áreas educativa y laboral de los afrodescendientes”, pero existen importantes deficiencias en su regulación. En el Estado, la Oficina Nacional de Servicio Civil solo puede controlar a la Administración Central, y no pone la misma atención en entes, gobiernos departamentales o servicios descentralizados, que son donde se concentra la mayor cantidad de contrataciones. De esta manera, la cuota del 8% para afrodescendientes establecida en la normativa queda lejos de cumplirse.
En lo social, por ejemplo, las transferencias universales (como la Tarjeta Uruguay Social) no contemplan el eje étnico-racial. Una discusión pendiente es si debería haber un refuerzo específico para las familias afro, reconociendo la desventaja estructural que enfrentan.
En el plano habitacional, los datos muestran que la población afro está sobrerrepresentada en asentamientos. Sin políticas de relocalización efectivas, la exclusión se reproduce en los barrios y se traduce en vulneración sistemática de derechos.
La pregunta de fondo es cuán dispuestos estamos como sociedad a dar estas discusiones. Porque mientras los gobiernos de derecha no tiemblan al imponer recortes o reformas regresivas, del otro lado se hace más difícil avanzar en medidas redistributivas con enfoque étnico-racial.
Redistribución y democracia
El 28,7% de pobreza afro no es un número aislado: es un espejo de cómo funciona nuestra democracia y cómo se distribuyen los recursos en Uruguay. No se puede hablar de igualdad ni de justicia tributaria sin poner sobre la mesa estas desigualdades históricas.
Las políticas universales son fundamentales, pero si no reconocen la diversidad étnico-racial, se vuelven ciegas a esa memoria, necesaria para entender que no partimos todos del mismo punto.
Como sucede ante toda vulneración de derechos, el desafío no recae exclusivamente en el gobierno.
También es responsabilidad de la sociedad civil, de las organizaciones sociales y del campo popular en general. La izquierda en particular debe asumir este tema, que muchas veces queda en un segundo plano, igual que ocurre en otros países latinoamericanos con los pueblos originarios.
El Estado tiene que estar presente, no con gestos simbólicos, sino con intervenciones redistributivas de carácter estructural, a gran escala, capaces de modificar la vida de la gente. Y la sociedad debe reclamarlo, porque solo así se romperá la inercia. No solo con discursos, sino con derechos.
(*) Economista.
(**) Militante por los derechos de las personas afrodescendientes.
