Por Gabriel Mazzarovich
El senador Oscar Andrade fundamentó su voto negativo al proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), en aspectos de forma y de contenido. “Los derechos no pueden ser un obstáculo para el desarrollo, son una condición para el desarrollo”, afirmó.
El senador de la 1001, Unidad para los Cambios y el Frente Amplio, Oscar Andrade, abordó en su intervención varios aspectos de la LUC, pero se concentró en dos: el tema seguridad y violencia y las relaciones laborales y el derecho de huelga.
“Reparos constitucionales”
“Estamos ante un debate de una enorme trascendencia. Esta es una forma de legislar que pone al Parlamento en una condición difícil. Y eso lleva a que podamos cometer errores importantes. Se puede constatar hoy con algunos componentes del articulado que quedan que claramente son resultado de un error del Senado y de la Comisión. Creo que esto tiene que ver no con que no se intentó trabajar esta semana, sino con que es imposible abordar la complejidad de un articulado de este tamaño, con un conjunto tan gigantesco de temas. Y que la circunstancia política de inaugurar por primera vez, desde que la Constitución prevé este mecanismo de urgente consideración, que el tratamiento de esta forma del Plan de Gobierno, y el riesgo de que las leyes de urgente consideración pasen a partir de ahora a ser parte principal y no excepcional del derecho, era un riesgo que debilitaba la calidad democrática. Como valoración política, no como interpretación de intencionalidades”, dijo Andrade.
“Esta forma merece reparos constitucionales porque claramente la Constitución prohíbe enviar más de un proyecto de ley de urgente consideración por vez. Y parece bastante obvio que no estamos ante un solo proyecto de ley. No es una interpretación forzada decir que hay decenas de leyes dentro de este proyecto de ley, y que por lo tanto se intenta lograr vía indirecta lo que no se puede lograr vía directa”, dijo.
“Somos de los que participamos de la idea de que debe existir una circunstancia de urgencia para recurrir a mecanismos excepcionales, que no se puede declarar de manera discrecional”, agregó.
“Con la LUC se puede generar más violencia”
Andrade indicó que el “capítulo 1 intenta atender un problema que existe en la sociedad, el de la violencia, que nadie niega, un problema estructural, que tiene que ver con la segmentación territorial, con los esfuerzos desde el punto de vista de la cultura, pero que tiene poco que ver con el incremento punitivo, o con la posibilidad de dar rienda suelta a los operativos policiales”.
Andrade resaltó que no es el Frente Amplio el que cuestiona los potenciales resultados de la aplicación de esta ley y destacó que “el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de DDHH, sostuvo en la Comisión, hablando del capítulo 1,”abona un camino hacia un modelo general más punitivo de la política penal, el mismo que se mostró ineficaz y contraproducente en la experiencia internacional, incluso en países de la región. Este modelo resulta en el aumento de personas privadas de libertad, hacinamiento en las cárceles y falta de rehabilitación. Entonces esto puede resultar un círculo vicioso de creciente violencia”. Y que advirtió que “varias de las disposiciones propuestas estarían en tensión con los estándares internacionales sobre los DDHH. Nos parece que la legislación actual está más propicia para proteger la seguridad humana que varios de los cambios que se proponen. Se pueden presentar retrocesos desde la perspectiva de los DDHH y desde el concepto amplio de la seguridad humana”.
Andrade dijo que hacía referencia a “seguridad humana” porque en la fundamentación de motivos de la LUC se afirma que se busca seguir ese concepto de la ONU.
El Instituto de Derecho Penal y Criminología fue todavía más duro y sostuvo en un informe: “la sala se pronuncia por unanimidad de los presentes rechazando la propuesta, entre otras consideraciones técnicas, porque implica la supresión de derechos, vulneración de principios y garantías constitucionales, restricción de libertades e incremento punitivista, alteración inadecuada de la dosimetría de las penas, expansión penal desmedida. Asimismo, se expresa, en consideración que exhibe diferencias jurídicas, así como de rigor científico y también carencias hermenéuticas, primando aspectos meramente políticos. Se concluye que su implementación legal podría ocasionar graves inconvenientes interpretativos de aplicación de la praxis forense, así como cuestionables criterios político criminales de selectividad negativa”.
El legislador recordó que “Uruguay tiene una cantidad de personas privadas de libertad que está entre las 30 mayores del mundo y es segundo en América Latina, después de Brasil”.
Citó los pronunciamientos contrarios al Capítulo 1 de la LUC del Alto Comisionado Parlamentario de Cárceles y Amnistía Internacional.
Andrade indicó que en el capítulo de seguridad hay algunos cambios que “son muy difíciles de entender. La advertencia que se nos hace en materia de los cambios referentes a la legítima defensa, me gustaría poderla seguir discutiendo y si fuera posible, en el tiempo que nos queda, modificar. En el actual artículo 26 del Código Penal se sostiene que está amparado en la legítima defensa el que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño siempre que ocurran las circunstancias enumeradas en el numeral 1, esto es, si cualquiera de nosotros en la calle ve a una señora a la que agreden de manera violenta y la defiende, estaría amparado en la legítima defensa. Este aspecto fue derogado en la actual redacción. El Instituto de Derecho Penal nos reclama cómo es posible que un elemento de solidaridad mínima lo deroguen a la vez que incrementan un conjunto de postulados de la legítima defensa vinculados a lo patrimonial”.
“Sobre este tema de la legítima defensa y su ampliación, el Alto Comisionado de la ONU, dice que “se dispone la exención de responsabilidad penal a funcionarios encargados de cumplir la ley, creando nuevas hipótesis de legítima defensa que, según nuestra oficina, no reflejan las normas y estándares internacionales, se relativizan requisitos de racionalidad, proporcionalidad y progresividad, dicha expresión puede abrir la puerta a arbitrariedades y al uso innecesario de la fuerza, bajo el pretexto de la legítima defensa”, dijo el Senador.
Andrade indicó que “la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales, los Defensores de Oficio, todos coinciden en que el tipo penal que se crea es impreciso y puede dar lugar a arbitrariedades”.
El senador frenteamplista reafirmó que “no es el FA el que le busca la quinta pata al gato, expertos e instituciones especializadas internacionales, nacionales, todos los operadores de justicia, todos coinciden en que los cambios planteados en la LUC sobre legítima defensa pueden generar un caos de todos contra todos y de más violencia”.
Andrade dijo que, en la Comisión, a favor de los cambios argumentó la “Asociación Rural del Uruguay, que aplaudió este artículo y sostuvo que además lo quería ampliar, en el sentido de que entiende que esto le genera la posibilidad de proteger la propiedad contra el hurto. Y creo que si algunos actores sociales que creen que estaba bien el homicidio como respuesta al hurto, tenemos que ser claros en decir que no, que no es eso lo que estamos habilitando”.
Manifestó su rechazo y preocupación porque en el articulado de la LUC se establece que la legítima defensa pueda ser ejercida ante la afectación de “cualquier derecho de contenido patrimonial”.
Andrade dijo que hay un conjunto de normas en la LUC, vinculadas a la seguridad, que hablan de “una concepción autoritaria del derecho penal” y las resumió: “el tiempo que te pueden tener detenido en una comisaría, poder revisarte aunque no estés vinculado a nada, que coloca un delito tan confuso como el agravio a la autoridad, cuando ya existe el desacato”.
Andrade reconoció que “el texto salido de la Comisión es menos grave que el original que llegó desde el Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con los adolescentes en conflicto con la ley. Lo votamos en contra porque sigue partiendo de una perspectiva que es equivocada. La cantidad de adolescentes en conflicto con la ley penal viene en una tendencia de reducción en los últimos años. Sería muy reduccionista pensar que esto tiene que ver con el incremento de penas. La respuesta para la no reincidencia se juega en otra cancha, la del trabajo, la del estudio, la de la reinserción. Sin embargo en la LUC lo único que hay es incremento de penas más graves, incremento de penas mínimas, ampliación de la cantidad de delitos en los que se recogen los antecedentes, limitar la posibilidad de libertad y eliminar la suspensión condicional del proceso”.
Andrade indicó que en esto “como en muchas cosas de la LUC, se carece de un estudio previo profundo, del tiempo necesario para su discusión, y por lo tanto las normas terminan no encontrando el objetivo que se persigue”.
Sobre la Secretaria de Inteligencia, Andrade hizo suyo un señalamiento de la Comisión Interamericana de DDHH, el Relator, sobre que “se deroga la prohibición de interponer reservas basadas, en cualquier motivo, para brindar información cuando se trata de investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos”.
“Las intenciones de limitar la huelga son viejas y nuevas”
En otra parte de su intervención Andrade abordó el tema del trabajo y la LUC. Dijo que “tenemos una diferencia sustancial al respecto del papel del trabajo. Cualquier perspectiva que no considere la centralidad del trabajo comete un severo error”.
“El problema es si la centralidad del trabajo tiene que subordinarse a las reglas del mercado que impongan un concepto de competitividad a la baja, esto es en base a costos. Es decir que tenemos que asumir las condiciones de organización del trabajo que la división internacional del trabajo nos impone. Es esto o tener una perspectiva diferente, centrada en el trabajo de calidad”, sostuvo.
“Tener trabajo de calidad requiere relaciones laborales de calidad, un diálogo social profundo. Requiere que los aspectos principales del trabajo, la formación profesional, las desigualdades basadas en género, el desempleo juvenil, la informalidad, la siniestralidad, formen parte de un amplio diálogo social, ese sí urgente”, aseveró.
“Enfrentar los desafíos de la revolución científica y tecnológica del tamaño que estamos viviendo implica un gran desafío en la educación, que debe hacerse con la comunidad educativa y no sin la comunidad educativa”, dijo, y agregó que este es el “principal reparo” que le hacía al Capítulo 2 de la LUC referida a Educación.
Agregó que el desafío incluye una presencia fuerte del Estado “y por eso tenemos una diferencia sustancial con el papel que se les daba a las Empresas Públicas en el proyecto original que venía del Poder Ejecutivo”.
Andrade cuestionó que “la LUC aborde el tema del trabajo desde la patología de las relacionales laborales, no desde su integralidad”. “
El senador frenteamplista criticó que “se intenta colocar un derecho humano fundamental, como es el de huelga, equiparado con otros derechos que no son equiparables. Ninguna huelga pone en cuestión el derecho de propiedad, no es cierto. Entre otras cosas porque la huelga tiene un carácter transitorio, provisional, no hay huelgas eternas. La huelga es un instrumento de los trabajadores, el sector que en la relación laboral tiene menos peso”.
“Sería desconocer la historia de las relaciones laborales, en el Uruguay y en el mundo, no incorporar que en una sociedad plural el conflicto tiene una función. Alcanza con revisar la discusión parlamentaria de la ley 5.032, cuando el Partido Colorado presentaba la primera ley de salud y seguridad en el trabajo, y se decía parte de estos aspectos ya están conseguidos por los sindicatos en tal y cual área”, fundamentó.
“Lo mismo pasa cuando se discute en 1915 la Ley de 8 horas, parte de la fundamentación, y está en actas, es que en sectores amplísimos de actividad los sindicatos ya habían conseguido las 8 horas”, dijo.
“Elementos que hoy son patrimonio nacional, desde el punto de vista cultural, fueron conquistados por los sindicatos y por las huelgas”, dijo Andrade.
“Hay tres pilares, conflicto, negociación colectiva y sindicatos que son sustanciales para una sociedad democrática”, afirmó y dijo que “alterarlos” es un retroceso.
Andrade dijo que la OIT y el Comité Internacional de Libertades Sindicales reconoce la ocupación como “una forma de ejercicio del derecho de huelga”, y Uruguay tuvo observaciones con respecto a la ocupación, pero “la coalición de gobierno decidió no hablar de ocupación si no de huelga”.
Andrade dijo que “las intenciones de limitar a la huelga son viejas y nuevas” y citó el proyecto de ley que Cabildo Abierto presentó en Diputados “con una intervención descarada del Ministerio de Trabajo en los sindicatos, que tiene mucho que ver con la ley de Bolentini (ministro de Trabajo en la dictadura en los años 80) o con la que en agosto de 1973 se intentó prohibir manifestaciones sindicales”.
Andrade dijo que la verdadera urgencia con respecto al trabajo “debería ser un amplísimo diálogo social y político para ver como logramos que los efectos de la pandemia, que tiene más de 220 mil uruguayas y uruguayos en el seguro de paro, se minimicen y se mitiguen. Para tratar que los despidos sean los menos posibles, para que la cobertura social se amplifique. Para que no se deteriore más el salario. Para que no crezca la desigualdad”. “Para que no haya actitudes oportunistas”, dijo Andrade y denunció que la Directora del Hospital de Clínicas le explicó que los “tapabocas de doble filtro aumentaron 10 veces su precio” durante la pandemia.
“Los derechos no pueden ser un obstáculo para el desarrollo, son una condición para el desarrollo”, dijo Andrade.
El legislador también criticó las disposiciones de la LUC referidas al Instituto Nacional de Colonización y destacó que hay que asegurar que “la pequeña producción y la producción familiar, que es responsable del 30% del Producto Agropecuario, no se vea resentida”.
“Las diferencias que tenemos en este punto parecen resumirse en lo siguiente: hay quienes piensan que tomar medidas para alentar la inversión es igual a limitar derechos”, sostuvo.
Finalmente Andrade destacó que el Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DDHH alertó a la Comisión que las modificaciones establecidas sobre los piquetes vulneran los derechos a la libertad de expresión, asociación y manifestación.
