La LUC y la democracia

Esta semana hubo novedades importantes en el debate sobre la Ley de Urgente Consideración que se está dando en la Comisión Especial del Senado. El gobierno anunció que se retiraban del proyecto de ley los artículos 268 y 269, lo más lesivos para ANTEL, que obligaban a compartir su infraestructura con su competencia. Unos días después se informó que se retiraban del proyecto de ley los artículos que autorizaban a sociedades anónimas ser titulares de tierra sin dar los nombres de los propietarios. En concreto, el artículo 367 del proyecto que sustituía un artículo de la ley 18.902, aprobada en los gobiernos del Frente Amplio, que lo prohibía expresamente y fue destacado por varios organismos internacionales porque es una herramienta contra el lavado de activos.

Son dos logros resultado del debate, la denuncia, la argumentación y la crítica de organizaciones sociales, de la academia y del Frente Amplio.

Lo son en varios sentidos. En primer lugar, por el hecho obvio de que dos aspectos muy negativos de la LUC ya no están. En el caso de los artículos referidos a ANTEL, en declaraciones contradictorias, distintos voceros del gobierno dijeron cosas distintas, pero algunos indicaron que se los retiraba de la LUC para incluirlos en otro “instrumento legal”, aunque no aclararon cuál. En el caso de los referidos a las sociedades anónimas y a la propiedad de la tierra solo dijeron que se retiraban.

En todo caso, es trascendente que dos medidas regresivas no estén en una ley que por su carácter determinaba que en un plazo máximo de 90 días se aprobaban sí o sí. Habrá que ver si en el caso de los referidos a ANTEL se vuelve a insistir en otra ley, aparte de la LUC. Podría ser en la nueva Ley de Medios que está en discusión en Diputados, que también contiene elementos lesivos contra ANTEL, pero que no son exactamente los que estaban en la LUC.

En segundo lugar, y no es tan obvio, porque el desglose de temas de la LUC demuestra, con hechos, el carácter inconstitucional de ésta y, además, que ninguna de sus disposiciones reviste urgencia ninguna.

¿Por qué? Porque la separación de temas, la derivación hacia otras leyes, muestra que esta no es una ley, es un conjunto de leyes, y eso no es lo que define la Constitución para que tenga el carácter de urgente consideración, al contrario, lo prohíbe expresamente. Dice textualmente que el Poder Ejecutivo no podrá enviar más de un proyecto de ley de urgente consideración a la vez, ni mandar otro mientras haya uno en discusión. El gobierno al aceptar separar temas y discutir cada capítulo como una ley aparte demuestra la maniobra, inconstitucional, que está haciendo con la LUC.
Lo de la falsedad de la urgencia se cae por su propio peso. Todo era urgente, tan perentorio que había que usar un mecanismo de excepción en la Constitución. Bueno, ahora resulta que no tanto.

En tercer lugar, porque muestra las dificultades internas de la coalición de derecha, las diferencias en temas sustanciales. La urgencia de la coalición de derecha es interna, no saben cuánto tiempo ni en qué temas van a poder sostener los acuerdos y las mayorías. Esto también muestra su inestabilidad política.

En cuarto lugar, y no por orden de importancia, porque muestra que la argumentación, la crítica y la movilización logran cambiar cosas y generan espacios de acumulación popular, aún en medio de la ofensiva restauradora y con todas las dificultades y limitaciones que implica la emergencia sanitaria. No es casual que todas estas dudas le hayan venido a la coalición de derecha después del gigantesco 1º de Mayo.

¿Asumir como logros estos avances parciales implica desconocer que el peligro es la LUC como tal y quedarse satisfechos y tranquilos? De ninguna manera.

La LUC es inconstitucional, su forma implica un deterioro democrático, atenta contra el equilibrio de poderes; su contenido es restaurador, privatizador, concentrador de la riqueza, represivo.

Modifica 60 leyes y 30 políticas públicas. Cambia el Código Penal, el Código Civil, atenta contra el derecho de huelga, contra la libertad de expresión. Es más, la LUC es una de las expresiones más acabadas del proyecto restaurador conservador. Es refundacional, no con respecto a los avances conquistados por la lucha popular y los gobiernos del Frente Amplio en estos 15 años, retrocede con respecto a construcciones históricas de toda la sociedad uruguaya como la centralidad y defensa de las empresas públicas y la educación pública; es un retroceso con respecto al primer batllismo y también a varias ideas impulsadas por el wilsonismo. Incluso, para ser estrictos, es negacionista del artiguismo y de todo lo que implicó como revolución popular y ciudadana.

Por lo tanto la lucha no cesa, no disminuye la alarma ni el peligro para las conquistas populares y para el fortalecimiento de la democracia misma.

Pero para librar esa lucha es importante mirar toda la realidad, intentar incorporar todas sus dimensiones y aristas.

Y mal se puede avanzar si no se atesoran y valoran los pasos que se logran dar, aunque sean parciales, en la dirección trazada.

En ese afán de mirar todas las aristas hay que considerar también que luego de la demostración del 1º de Mayo y de los anuncios de un posible referéndum en caso de que la LUC se apruebe, la coalición de derecha esté intentando dispersar sus medidas en varias iniciativas para dificultar el uso de ese instrumento por parte del movimiento popular.

En la brutalidad del procedimiento de la LUC, unificando todas las medidas principales del gobierno en un solo instrumento legal, también está su debilidad.

Habrá que estar muy despiertos, muy atentos a las movidas políticas de una coalición de derecha que presa de su soberbia creyó que podía imponer todo y se está empezando a dar cuenta que no será tan fácil.

Y esa lucha política, democrática, necesita de la unidad del campo popular, más amplia y fuerte que nunca, de mucha firmeza estratégica y de mucha flexibilidad y fineza táctica.

Hay que dar el debate con nuestro pueblo, demostrar que es mentira lo que dice el gobierno de que “estamos haciendo las cosas bien”. Es cierto que la pandemia no ha golpeado en el plano sanitario, al menos hasta ahora, con la fuerza que lo hizo en otros países.

Pero las medidas que ha tomado el gobierno, y también las que no ha tomado, han provocado que en 60 días haya una devaluación del 10%, lo que junto con un aumento de las tarifas públicas, también del 10% en promedio, y el incremento descontrolado de los precios, ha generado que la inflación supere el 10%; que los trabajadores y trabajadoras en el seguro de paro se hayan multiplicado hasta más de 160 mil, y el desempleo también supere, después de muchos años, el 10%; que en dos meses haya 120 mil pobres más. ¿Eso es hacer las cosas bien?

El gobierno sigue en sus cadenas diarias autorreferenciales, culpa de todo a la herencia del Frente Amplio, ataca a las políticas sociales, desmantela el MIDES, despide a cientos de médicos y especialistas de ASSE en medio de la pandemia, cancela programas que beneficiaban a miles de pequeños productores.

El ministro de Ganadería, Carlos Uriarte, compara el abigeato con los femicidios y luego lo quiere arreglar con un perdón por Twitter. Julio Luis Sanguinetti, el hijo pródigo, logra volver al Estado, y mostrará su formidable sapiencia sobre energía en el directorio de UTE, y le dice “petiso acomplejado” a Ernesto Talvi que puso reparos a su designación. Manini Ríos no pierde oportunidad de mostrar que es el jefe y manda callar a Pablo Mieres y, otra vez, a Ernesto Talvi y les dice muy diplomáticamente que él va a “hablar de lo que quiera y cuando quiera”.

Finalmente, y conste que no es una lista exhaustiva, un diputado suplente del Partido Colorado es imputado por explotación de menores en fiestas en Punta del Este. ¿Ese es el gobierno que garantiza estabilidad y está haciendo las cosas bien?

Está claro que en política no alcanza con tener razón. Siempre se trata y se tratará de generar correlación de fuerzas favorable en la sociedad. De unir y organizar pueblo. De acumular para la perspectiva transformadora. También en un gobierno de derecha.

Por eso importa el 1º de Mayo, importa haber logrado retirar de la LUC los artículos contra ANTEL, importa que las organizaciones sociales expresen sus críticas en el Parlamento, importa que el Frente Amplio presente 12 iniciativas para atender las necesidades populares y un Plan Estratégico para salir del impacto de la pandemia, del que el gobierno carece.

Por eso importa el 20 de Mayo y rodear a Madres y Familiares y reclamar con mucha fuerza por Verdad y Justicia.

La lucha es en todos los planos, porque Carolina Cosse tiene razón cuando dice que la embestida “no es contra ANTEL, es contra la democracia”.