Continuando con el esfuerzo por difundir y explicar los contenidos de la Ley 19.889, conocida como Ley de Urgente Consideración. La diputada Ana Olivera, analizó en EL POPULAR en Radio la Sección 2 de la LUC, referida a Inteligencia del Estado, que va desde los artículos 118 a 126.
Olivera comenzó señalando que “Uruguay tenía una Ley sobre Inteligencia, que fue promulgada el 29 de octubre de 2018, o sea que estábamos hablando de una ley muy reciente y fue modificada en la LUC. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria firmaron y recomendaron la aprobación de un proyecto de ley, que fue discutido durante 7 años, que remitimos, en el año 2016 y con alguna modificación lo envío como proyecto de Ley el Poder Ejecutivo encabezado por el Dr. Tabaré Vázquez, y así resulto aprobado por una amplia mayoría durante la legislatura anterior”.
Ana Olivera comenzó citando textualmente una expresión sobre esta sección de la LUC de un diputado en sala: “Por lo tanto, la primera preocupación que me genera es: quien en principio parece postulado por el Poder Ejecutivo para ocupar este cargo de Director de la Secretaria de Inteligencia Estratégica está promoviendo una serie de modificaciones, algunas de las cuales tienen que ver con la aprobación de sus posibilidades de retener un cargo público como está establecido en el artículo 122 de la Ley que ya fue aprobada, con el hecho de poder mantener el ejercicio de la docencia. Está claro que ninguna de estas cosas nos violenta, en todo caso el cometido de que alguien tenga esa condición preserve el cargo.
Sí, nos parece, que se vuelva a insistir en la Dirección Técnica , desde el punto de vista de la ciencia de la administración tiene mucha mayor amplitud la Coordinación que dirigir técnicamente”. Olivera aclaró que “esto que acabo de leer no lo dijo ningún diputado ni diputada del FA, lo dijo el diputado Iván Posada (del Partido Independiente). Allí nos enteramos todos sobre este proceso y que esto no era parte del programa de ninguno de los otros sectores de la coalición, ni tampoco del acuerdo y el compromiso firmado”.
La legisladora también citó al diputado del MPP, Daniel Caggiani quien señaló que con esta sección de la LUC se modifican dos leyes que tuvieron amplio consenso político, un trabajo muy importante y sobre todo una visión de acuerdo nacional. Una de ellas es la creación del Sistema de Inteligencia en la que se trabajó durante siete u ocho años en una comisión bicameral integrada por todos los partidos político y la otra la Ley de Defensa Nacional, porque se integra el Director de la Secretaria de Inteligencia al Consejo de Defensa Nacional, que no estaba.
Olivera destacó que se trata de “un organismo desconcentrado con una capacidad operativa de más de 800 funcionarios de inteligencia policial, militar, del MEF con atribuciones muy importantes, con organismos como la DGI, dónde los bancos estarán obligados a brindarles la información que requieran”.
“Pasamos de un organismo que coordina a un organismo que dirige, de un organismo que no integraba el Consejo de Defensa Nacional, a un organismo que lo integra. Pero, también está un tema nada menor: ¿cómo se elige su órgano de dirección? Hay un director de este sistema que es propuesto por el Poder Ejecutivo y debe tener la venia a nivel parlamentario. Además del director, este organismo tiene un sub director y quien elige el sub director es el director, pero el subdirector no pasa por el Parlamento”, dijo.
El artículo 121 dice: “el director de la Secretaría de Inteligencia Estrategia será designado por el Presidente de la República, en acuerdo con los ministros del interior, defensa, relaciones exteriores y economía, previa venia de la Cámara de Senadores, de acuerdo con lo establecido por el artículo 187 de la Constitución de la República. El director podrá ocupar el cargo por el máximo de seis años consecutivos y no podrá ser designado nuevamente antes de tres años contados desde la finalización de su función. En caso de ausencia o impedimentos circunstanciales, será subrogado por un plazo no mayor a 180 días por el sub director de la oficina, de acuerdo lo que determina el reglamento a dictarse con las disposiciones de esta Ley. En el caso de que el sub director también debiera ser subrogado lo será por el funcionario que corresponda de acuerdo con la estructura interna y el orden jerarquizo que determine la reglamentación”.
“¿Cuál es el problema?”, se preguntó Olivera, “que ese director tiene una competencia muy importante, porque es el que clasifica la información de esta Secretaría de Inteligencia, en que cosa es confidencial, reservada y secreta, es ese director. Fíjense qué competencia importantísima tiene este director para que tenga sub director que puede prorrogarlo durante seis meses y que sin embargo fue elegido por él y no tuvo la venia parlamentaria”.
La diputada señaló que “en la Ley vigente hasta el 9 de julio de este año, existían dos categorías: la información reservada y la información confidencial. Había una excepción muy importante, el criterio de reserva y/o confidencialidad en todo lo vinculado con la violación de los Derechos Humanos, no se podía usar.
Este es un punto muy importante que había contemplado la Ley que se votó en el año 2018, y a su vez se daba la posibilidad en otro artículo de acceso a esta información por orden de un juez.
Fundamentalmente para vincularlo con el tema del acceso a la información pública, o sea, un juez podía determinar que se tuviera acceso a determinada información y esto es vital para el cumplimiento de las funciones de la Institución de Derechos Humanos, que es una de la que es absolutamente critica casi con todos los artículos vinculados con la Secretaria de Inteligencia Estratégica del Estado”.
“También se crea una nueva categoría de información, la información secreta. Esta categoría no existía y vuelvo a señalar que quien así lo clasifica es el director”, dijo Olivera.
“Cuando Alvaro Garcé (que es quien será el Director del Sistema de Inteligencia creado en la LUC) fue a la Comisión de Diputados hicimos un doble planteo. Uno vinculado con lo que Edison Lanza (Relator de Libertad de Expresión de la OEA) planteaba en relación al acceso a la información, o sea esto era una derogación táctica de la Ley de Acceso a la Información Pública, porque se crea una nueva categoría que no estaba contemplada en la ley 18.381 de acceso a la información pública. Y el otro referido a la información vinculada a las violaciones de DDHH y la posibilidad, ahora, de declararla secreta y por lo tanto sin acceso”, dijo Olivera.
“Garcé dijo que no, que esto no es así, que si alguien interpretó eso que conste en actas que esa no fue la voluntad del proyecto que se estaba presentando. El diputado Ope Pasquet dijo algo que se sumó a nuestras preocupaciones, no cualquier cosa puede ser declarada secreta. Solamente lo que se indica que pueda provocar daño a los acuerdos internacionales de cooperación en materia de inteligencia, a la independencia del Estado respecto de otros estados, u organismos internacionales y a las relaciones con estos. Solo esto es lo que la ley dice que puede ser declarado secreto. Por eso nosotros en nuestra intervención en cámara señalamos que esto nos preocupaba aún más. Es decir el hecho de que no se aceptara que se pusiera esa excepción, dos excepciones planteábamos en un sustitutivo del artículo 125, en el que decíamos que la información de esta clasificación de secreto se exceptuaba toda la información en relación a la violación a los derechos humanos, y en el artículo 126 planteábamos una sustitución en la que decíamos que exceptuaba de esto la información que requiriera la Institución Nacional de Derechos Humanos para el cumplimiento de su función. Esto no fue aceptado”.
“Destaco esto, no aceptaron modificar la redacción y que se señalara esas dos excepciones y eso que parece tan inocente, dicho por Ope Pasquet, por eso recordamos en nuestra intervención la participación de nuestro país en el Plan Cóndor”, finalizó Olivera.
La entrevista completa a Ana Olivera se puede escuchar en: https://anchor.fm/elpopular/episodes/Ana-Olivera-analiza-la-seccin-2-de-la-LUC-Inteligencia-del-Estado–los-peligros-de-la-discrecionalidad-ehgf3d
