El poder, el mundial, el oligopolio, los cableros del interior y la Ley de Medios.
Fabricio Mato
El formidable tango Cuesta abajo (Carlos Gardel, Alfredo Le Pera y Sara García / 1934) lleva a quien lo escucha a la terrible sensación de desasosiego que produce la consciencia de que estuvimos en una muy buena situación que abandonamos persiguiendo una falsa quimera. “Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá”, señala la letra que todos los rioplatenses somos capaces de entonar y que contribuye a reflejar nuestra idiosincracia. En esa misma situación se encuentran los integrantes de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA que agrupa a los cables del interior del país), a quienes la coalición de derecha les prometió el oro y el moro, pero que se sienten usados y desechados.
La medida cautelar que la empresa Equital (propiedad en partes iguales de los canales 4, 10 y 12 de Montevideo) impuso contra los cableoperadores del Área Metropolitana de Montevideo el pasado viernes 18 para impedirles transmitir sus señales ponía a las claras cuál era el juego que estaban dispuestos encarar estas empresas: alguaciles de los juzgados donde estas acciones habían sido interpuestas llegaron a las cableras a certificar que se dejara de transmitir estas señales.
Los habitantes de Canelones, Pando, Tala, San Jacinto, Ciudad de la Costa y zonas aledañas se quedaron sin poder ver los canales privados de Montevideo y -por ende- también los partidos del Mundial que se están emitiendo por señal abierta, particularmente los de la Selección Uruguaya.
Los amigos en el Gobierno dejaron de atender el teléfono y dijeron que este era un problema entre privados. Los diputados de la coalición se llamaron a silencio (o hablaron de otras cosas) y el único sector que dio la cara por los pequeños y medianos cableros del interior fue el Frente Amplio.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, expresó a través de Twitter: “Los usuarios de los canales cable de Canelones perjudicados, con la señal cortada, ¡y un día antes del mundial! Años atrás el diferendo con los canales abiertos de la capital se generó 2 meses antes y dio tiempo para negociar. Hoy no. Nos jodemos los canarios. No es justo. Aflojen.”
Y es que los operadores de TV para abonados del interior del país encontraron durante los 15 años de gobiernos frenteamplistas un aliado que protegió las fuentes de trabajo, estableció el derecho de colocar en la grilla los canales de aire sin pago de contrapartidas, pagando solamente la mitad de las tasas que si estuvieran en Montevideo y permitiendo que las empresas del interior sean titulares de más licencias que si estuvieran en la capital.
En definitiva, el Frente Amplio los protegió, en el entendido que la existencia de estas pequeñas y medianas empresas en el interior garantizaban la diversidad de voces a lo largo y ancho del territorio, generaban fuentes de empleo y permitían el acceso a la información, el entretenimiento y la cultura a la ciudadanía de todo el país sin exclusiones.
Estos micro, pequeños y medianos empresarios se aliaron a los grandes capitales que integran ANDEBU (la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos), a las empresas transnacionales de la comunicación, a Un Solo Uruguay y a los sectores más radicales de los partidos tradicionales para exigir que se eliminara la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 19.307.
Lo hicieron convencidos de que la posibilidad de distribuir datos -y de esa manera aumentar el valor de mercado de las empresas- los iba a poner a competir con ANTEL y a sentarse en la mesa de los grandes, o a convertirlos en bocados apetitosos para grandes empresas con intenciones de instalarse en nuestro país.
Lo cierto es que lo sucedido con la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Catar 2022 demuestra que no están en la mesa de los grandes, que sus aliados no son tales y -sobre todo- que la Ley que tanto denostaron los protege ante la posición dominante de los grandes capitales de los medios de comunicación que se cartelizan para impedirles cualquier posibilidad de crecimiento.
El presidente de la CUTA, Washington Melo, quien reiteradamente había exigido la derogación total de la Ley Nº 19.307, denunciaba en la diaria que había una “violación de la ley de medios” vigente.
“Si se permite que los que tienen contenidos exclusivos -los que tienen cierta preponderancia en el mercado- hagan lo que les parezca, surgen este tipo de inconvenientes que, en definitiva, atentan contra la competencia, atentan contra la viabilidad de las empresas, pero también atentan contra el usuario”, dijo Melo a MVD Noticias.
Según denunció Melo a la diaria este lunes 21, los canales se están vendiendo en un paquete. “Si vos querés uno o dos canales, no podés [contratarlos] porque tenés que comprar los tres o ninguno; hay una clara violación a la ley de defensa de la competencia. Hay un único precio para los tres canales cuando se supone que son competidores; por lo tanto, hay un pacto”.
De las cinco empresas afectadas por la medida cautelar, dos aceptaron pagar lo que les exigían los canales privados (las de Canelones y Pando), una obtuvo un fallo judicial a su favor (la de Ciudad de la Costa) y dos siguen con la señal cortada mientras negocian un precio con Equital. El clásico “tiene razón, pero marche preso”.
Mientras tanto, los diputados oficialistas Agustín Melazzi (Partido Colorado) y Sebastián Cal (Cabildo Abierto) integrantes de la Comisión de Industria, Energía y Minería, debaten a través de los medios lo que de verdad les interesa. Una nueva Ley de Medios en la que una persona o empresa pueda acumular mayor cantidad de licencias, donde se puedan entregar radios, canales y cables a capital extranjero según la voluntad del gobierno (como hicieron Sanguinetti y Lacalle en sus respectivas administraciones), en la que una familia tenga la posibilidad de ser propietaria de todos los medios del país, entre otras bellezas. Y por supuesto en al que se golpee a ANTEL.
Cabildo Abierto, con sus máximos exponentes, protesta en los medios y en las redes, pero lo cierto es que votó para derogar el Artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, en la Rendición de Cuentas, aunque el Frente Amplio argumentó en sala que eso solo conducía a golpear a ANTEL, fortalecer el poder del oligopolio de los tres canales privados de Montevideo y abría espacio a la extranjerización. Por otra parte, hay señales y planteos, el del diputado Iván Posada del Partido Independiente entre otros, que nos hablan de que la posición de Cabildo Abierto es parte de un ajedrez con un tablero más grande y que lo que en realidad está pidiendo es lugares de representación en otros lugares del Estado. Esto lo decimos nosotros, no Posada, uno de ellos en la Corte Electoral y que ese miembro fiscalice la “imparcialidad” de los medios, o en realidad que garantice que Cabildo esté presente en los servicios de comunicación audiovisual. Parece que las preocupaciones por la libertad de expresión en los medios se quedaron en el camino de la próxima campaña electoral.
La actual Ley Nº 19.307, votada en los gobiernos del Frente Amplio, atacada y cuestionada como pocas, es perfectible -igual que toda obra humana, especialmente sus construcciones jurídicas- pero su mejora no puede ser por el lado de recortar derechos, aumentar la concentración, reducir la soberanía y cercenar los espacios de democratización de la comunicación y la información, camino en el que nuestro país aún tiene un muy largo trecho por recorrer.
Foto de portada:
Sin señal: Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
