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La ola de ajuste

Luis Lacalle Pou, fiel a su estilo, es, también en política, un surfista arriba de una ola. Esa ola es el ajuste neoliberal que aplica, apoyado por las clases dominantes, en medio de la pandemia.

Uruguay sufre el impacto del COVID 19 y de la crisis económica y social mundial, a lo que desde hace cuatro meses se suma la acción de un gobierno que, sin pausa, aplica un programa restaurador y concentrador de la riqueza y del poder.

Es eso lo que ha provocado que Uruguay sea hoy más desigual.

En estos días, se conocieron las cifras de la evolución del empleo de abril y los salarios de mayo.

Los datos ratifican que estamos ante un deterioro -muy severo- en los dos principales indicadores del trabajo, el empleo y el salario real.

Tenemos 120.000 ocupados menos y se produjo una pérdida de salario de 4.1% en tres meses.

A esto hay que sumar lo conocido el mes pasado en cuanto a la caída del PBI y del Índice Medio de Salarios. Este último indicador es muy importante porque en función del mismo se ajustan las jubilaciones y pensiones.

Hay que decirlo con toda crudeza para medir la dimensión de lo que hablamos: es la primera vez, en 15 años, que cae el salario real.

Es cierto que la economía de nuestro país venía sufriendo el impacto de la crisis general del capitalismo y, particularmente, la recesión en Brasil y Argentina, provocadas por el desastre de los gobiernos neoliberales de Temer, Bolsonaro y Macri.

Pero no es menos cierto que, en función de las políticas de los gobiernos del Frente Amplio y la lucha del movimiento popular, por primera vez en la historia ante el desplome de Argentina y Brasil, Uruguay no se precipitaba al abismo, no incrementaba la pobreza ni la indigencia y se mantenía el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones y pensiones.

No es solamente la pandemia. Lo que agrava su impacto social y económico, es la implementación de un ajuste neoliberal en medio de ella.

Las crisis del capitalismo siempre generan recesión, crecimiento de la pobreza, caída del salario, aumento de la desigualdad y como contracara concentración de la riqueza. Esa es la tendencia “natural” del sistema.

Lo que corrige, con mayor o menor intensidad este rumbo, son las políticas instrumentadas desde el Estado y la lucha popular.

Que Uruguay ahora tenga 200 mil personas en el seguro de paro, 120 mil ocupados menos, que caiga el salario, es el resultado de una política, no un acto de magia.

En estos meses, el gobierno de la coalición de derecha aumentó las tarifas públicas, redujo la ejecución presupuestal, rechazó la implementación de una política de transferencias hacia los sectores más vulnerables, que tenía todas las condiciones para hacer, aumentó el impuesto al consumo, permitió y alentó la devaluación más importante del peso frente al dólar de los últimos veinte años y el crecimiento de la inflación, especialmente el crecimiento del precio de los alimentos y los productos de primera necesidad.

Pero además ha planteado su voluntad de proyectar eso hacia el futuro. Los lineamientos salariales, planteados en el Consejo Superior Tripartito, implican una pérdida de salario para este año y para el 2021.

Hay algunos elementos más que son indicativos de la falsedad de los argumentos esgrimidos por el gobierno, en el sentido de una supuesta defensa del empleo y de los sectores más vulnerables y postergados.

En los lineamientos planteados por el gobierno, repitiendo lo que ocurrió con las exoneraciones y fondos extraordinarios destinados a las empresas en el marco de COVID 19, no hay ningún planteo de contrapartida referida al mantenimiento de las fuentes de trabajo. Las empresas no se comprometen a nada. Otro aspecto revelador es que, a diferencia de lo que ocurrió en todas las rondas de negociación colectiva durante los gobiernos del Frente Amplio, no hay ninguna medida de incremento especial o, al menos, de salvaguarda del salario mínimo o de los sectores más sumergidos.

Como muestra del ánimo restaurador y de revancha social de las clases dominantes, las patronales no se sintieron conformes y fueron por más: reclamaron además que cayeran todos los beneficios de los convenios colectivos.

Ratificando esta concepción neoliberal pura y dura, el gobierno presentó una Rendición de Cuentas cuya exposición de motivos expresa una preocupación, casi excluyente, sobre el déficit fiscal y la necesidad de contraer el gasto público y aumentar la recaudación.

Eso mientras en el mundo casi todos los países expanden la inversión pública para enfrentar el impacto de la recesión y del déficit fiscal no se habla.

Para el surfista Luis Lacalle Pou y su elenco de gobierno las prioridades las marcan su dogma neoliberal innegociable, que prescinde de la realidad y del contexto, y las necesidades materiales, acumulación y recuperación de la tasa de ganancia, de los sectores económicos que componen el corazón de su base social.

Una última reflexión antes de la conclusión. Las consecuencias de este ajuste, junto con más desigualdad, generaran un círculo vicioso de más recesión. La caída del salario y como explicamos de las jubilaciones y pensiones en un país donde el 84% de los hogares tiene uno u otro como principal ingreso, además de generar más pobreza y pérdida de calidad de vida, golpeará al consumo, uno de los elementos que ayudó en los últimos años a atemperar la caída del PBI. Eso, además de afectar la macroeconomía profundizando la recesión, generará un impacto multiplicador negativo sobre la demanda interna y también en los ingresos de los pequeños y medianos comerciantes, productores, etc.

Por lo tanto, además de injusto, es suicida.

Con las políticas del gobierno de la coalición de derecha vamos a un proceso de fuerte redistribución regresiva del ingreso, con una caída de la masa salarial muy severa en estos dos años (más allá de la recuperación parcial del empleo que se pueda producir en 2021) y una disminución del peso de los salarios en el ingreso nacional. Si se suma a esto la reducción del peso del Estado, el resultado es claro: una transferencia enorme de recursos hacia los sectores del capital.

Eso es lo que está en marcha, de eso hablamos cuando decimos reformateo conservador del país.

Y para eso necesitan coartar la participación de la sociedad, aislar a las organizaciones populares, demonizar la protesta.

En la declaración de la Bancada de Diputados del Frente Amplio, luego de la aprobación en general de la Ley de Urgente Consideración en la Cámara Baja, con razón se señala: “El neoliberalismo autoritario tiende a debilitar el Estado en sus funciones de regulación de los negocios privados e igualación social, y a incrementar su poder de fuerza para la represión y criminalización de las y los trabajadores y los sectores más desfavorecidos de la sociedad, condición imprescindible para la aplicación de un modelo de empobrecimiento de las mayorías sociales”.

Es una definición muy acertada.

Y el surfista Lacalle Pou, montado en la ola, zigzaguea entre las crisis y los escándalos, y quiere aparentar que no lo rozan, que no llegan a su cresta coronada de espuma. En apenas cuatro meses precipita la salida de su canciller, Ernesto Talvi, nada menos que líder de la mayoría del segundo socio político de la coalición, que se va diciendo que lo “renunciaron”. El surfista expresa una visión del poder que no admite competencia, lo quiere todo. Mueren de frío dos personas en situación de calle, mientras el ministro Pablo Bartol busca la fecha de vencimiento del café y se desvela con auditorías. La vicepresidenta se ve envuelta en un escándalo público, con sospechas de extorsiones, grabaciones y opacidad.

Pero el discurso dominante, repetido hasta la saturación, es que se están haciendo las cosas bien. “Estamos preparados”, repiten una y otra vez, mientras la realidad muestra lo contrario.

Lo anterior es imprescindible de formular. La denuncia, precisa y documentada, es parte de la acumulación popular para enfrentar la restauración. Pero no alcanza.

Es necesario, más que nunca, levantar alternativas y organizar la lucha contra toda la restauración, contra todos sus efectos e impactos, no solo contra un parte.

Contra la LUC, sí claro, sin descartar ningún mecanismo, pero también contra las pautas salariales, el Presupuesto de recortes y la Ley de Medios.

Defender los gobiernos frenteamplistas y luchar por más en las elecciones departamentales y municipales también es parte de esta lucha. Son parte del Estado y también son espacios de acumulación.

Con la Intersocial, la construcción más prometedora de estos tiempos, con el PIT-CNT, con el Frente Amplio, con todo lo atesorado por el pueblo y lo que es necesario llevar a un nuevo nivel de acumulación.

Con unidad, no es tiempo de marcar perfiles, es tiempo de tejer confluencias populares lo más amplias posible. La amplitud, en relación dialéctica, es, a la vez, un indicador de profundidad.

La democracia, en tanto construcción de libertad e igualdad, se defiende ejerciéndola, construyendo el sujeto político y social que la materialice.

Con unidad, con lucha y con perspectiva emancipadora.

El pueblo uruguayo ha demostrado, una y cien veces, que tiene con qué. Aunque el surfista desde su ola, piense lo contrario.

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