Germán Ávila
Sectores de ultraderecha vinculados al narcotráfico y que han convertido el poder judicial y la función pública en su principal bastión, lanzan una violenta arremetida contra el poder ejecutivo en Colombia, Gustavo Petro llama al respaldo popular y la veeduría internacional en lo que podría ser la crisis más grave a la que se enfrenta su gobierno hasta el momento.
El gobierno de Gustavo Petro se logró a partir de la conjunción de diferentes factores, la movilización, la pobre existencia de un proyecto de derecha tradicional y el tremendo desgaste de la extrema derecha cuyos nexos con el narcotráfico se han hecho mucho más que evidentes ante los ojos de una ciudadanía que llegó a ser muy tolerante con proyectos de ultraderecha muy violentos, pero que no pudo dejar pasar más el hecho de que ese poder político esté tan vinculado al narcotráfico que parezca que son lo mismo.
Gustavo Petro empezó su gobierno tratando de establecer unos acuerdos mínimos con diferentes sectores de la realidad nacional, incluso los más inescrupulosos, al inicio de su mandato una de las primeras reuniones que sostuvo fue con el expresidente Álvaro Uribe, el mayor de los caciques del proyecto para-estatal en Colombia. El objetivo era tratar de asegurar la mayor gobernabilidad posible, durante el tiempo que fuese posible sostenerla.
No duró mucho, pero mientras duró logró poner a jugar las mayores reformas logradas hasta ese momento. Una reforma tributaria que le metía el diente a los ingresos más altos, una reforma a la salud que revertía el nefasto sistema privado que rige en Colombia desde los años 90, cuando la ola neoliberal logró introducir el modelo de negocio en todos los servicios de asignación pública.
Con dificultades las reformas han ido avanzando, a la par se han logrado cosas determinantes para la sociedad colombiana como la matrícula gratuita para las universidades públicas, que también desde los años 90 había convertido la educación superior pública en un modelo autofinanciado y patrocinado por la empresa privada. Se lograron también mejoras sustanciales en la distribución y costos de los medicamentos, sobre todo los más difíciles de conseguir para los pacientes con enfermedades de tratamientos más exigentes.
Se logró recuperar la empresa Monómeros de Venezuela, logrando que los insumos petroquímicos para los agricultores bajaran casi en un 60% sus costos, por primera vez llevó el agua potable a los desiertos del norte colombiano, donde las mujeres esperaban el paso de los turistas para pedirles que se llevaran a sus hijos para que no murieran de hambre y sed como murieron tantos niños y niñas.
Pero también el turismo llegó a zonas del país que fueron tan hermosas como violentas por lo que estuvieron siempre catalogadas como lugares vetados para los cruceros extranjeros, que hoy llegan por primera vez a estos puertos que los reciben sorprendidos y felices.
Todo esto a grandes rasgos y muy por arriba, a pesar de todas las dificultades el gobierno de Gustavo Petro ha logrado avanzar en cambios muy sensibles para un gran segmento de la población colombiana, sin embargo, la gran matriz informativa del país señala el camino contrario, el gobierno enfrenta una campaña descarnada de desinformación y señalamientos que día con día van dejando en mucha gente la sensación de que no se está mejor sino peor que antes.
Pero esta campaña no viene sola, también ha sido acompañada con una brutal arremetida por parte de la política ultraderechista que mantiene bastiones inexpugnables en varias instituciones del estado. La Fiscalía General de la Nación, hace parte integrante del poder Judicial y quien debe estar a la cabeza sale de una terna propuesta por el presidente, del que la Corte Suprema de Justicia elige a la persona más idónea para ocupar el cargo los siguientes cuatro años. El fiscal actual, Francisco Barbosa fue elegido de una terna en que los otros dos presentados por el presidente estaban lejos del perfil necesario, y Barbosa, aunque tampoco lo cumplió, es un amigo personal de juventud de Iván Duque, quien lo propuso siendo presidente, de su círculo íntimo de amigos y copartidarios.
La razón por la que la Fiscalía debía tener un funcionario del núcleo duro del uribismo era más que por simple amistad, porque se precisaba alguien capaz de desviar, dormir, engavetar y traspapelar los múltiples procesos que hay contra el uribismo y contra el mismo Uribe, procesos que abarcan peculados, corrupción, encubrimientos, asesinatos, masacres y la participación de varios funcionarios de alto nivel en el sonado caso Odebrecht.
El tiempo de permanencia de Barbosa como fiscal general llega a término el 12 de febrero, luego de lo cual debería tener una sucesora en propiedad. Sin embargo la realidad va por otro lado, la Corte Suprema de Justicia no logra concretar el nombramiento porque varios de sus magistrados siguen votando en blanco, mientras tanto el procedimiento dicta que la vicefiscal asuma el cargo en propiedad.
Aquí la situación se complica aún más, ya que la vicefiscal Martha Mancera, quien ha sido funcionaria de la Fiscalía durante más de 20 años, tiene sendas denuncias por encubrimiento de funcionarios corruptos en las fiscalías regionales, pero no cualquier corrupción, se le señala de proteger a un funcionario vinculado de manera directa con los narcotraficantes que operan en el puerto de Buenaventura.
Esta situación, que en sí misma ya es grave, se hace políticamente mucho más compleja por el hecho de que la Fiscalía, en cabeza de Barbosa y con la continuidad de Mancera, ha abierto una investigación, con serios visos de ilegalidad, en contra del presidente Petro por lo que señala el ente como el ingreso ilegal de 18 mil dólares a la campaña presidencial provenientes de la federación sindical de los maestros de Colombia (FECODE).
Lo que señala la Fiscalía es que, de un lado, las campañas presidenciales no pueden recibir donaciones por parte de entidades con personería jurídica, y por el otro, con los 18 mil dólares en cuestión, la campaña habría superado el tope de gasto permitido por la constitución como gastos de campaña, con lo que el presidente se debe retirar de su cargo.
El dinero de esta donación realmente no fue donado a la campaña sino al partido Colombia Humana, lo que sí es perfectamente legal y ha sido el mecanismo como un sinnúmero de entidades privadas han donado recursos a lo largo de todas las campañas presidenciales desde los años 90. De otro lado, estos recursos fueron usados por el partido Colombia Humana para pagar los servicios de una empresa que se encargó de hacer el monitoreo de las urnas y generar un aproximado de los votos en favor de Petro el día de las elecciones. En ese caso, el tope de gasto no habría sido excedido, ya que este contempla los gastos realizados durante la campaña y el día de las elecciones la campaña ya había sido cerrada tres días antes, por lo que no pueden ser contados como gastos de campaña.
Finalmente, mientras la Fiscalía avanza por un lado, la Procuraduría, órgano encargado de vigilar la función pública, en un acto inédito ha suspendido de sus funciones al ministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva Durán por haber declarado desierta una licitación concedida con profundas irregularidades a una empresa que se encargaría de la impresión y distribución de los pasaportes emitidos por el estado.
Cuando Petro llama la atención de la comunidad internacional por una ruptura institucional, lo hace dado que es claro que el poder judicial está avanzando sobre el ejecutivo al punto en que lo puede intervenir generando una verdadera crisis institucional en un país bajo la artillería pesada de los medios hegemónicos que ayudan a generar un relato de ingobernabilidad.
Foto de portada
Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Presidencia.gov.co
