El SUNCA realizó un paro general este miércoles y se movilizó en todo el país. No fue por salario, no había un solo peso en juego, la consigna de la movilización conmueve e interpela: “La vida está primero, ¿cuántas muertes son necesarias?”.
En lo que va de este año, solamente en la construcción, murieron 13 obreros en siniestros laborales. En el año 2023, 838 trabajadoras y trabajadores quedaron con discapacidad permanente, según registros del Banco de Seguros del Estado (BSE). En el 2024 hubo, también de acuerdo con el BSE, 40 mil siniestros laborales, si se suman los no registrados se estima que se superaron los 50 mil. ¿De qué hablamos cuando decimos los siniestros no registrados? De las y los trabajadores en la informalidad, que no están registrados en el BSE, por ejemplo, de los accidentes, graves muchas veces, de quienes trabajan en los delivery o “aplicaciones”, que quedan registrados como incidentes de tránsito, no como lo que son, siniestros laborales.
El SUNCA afirmó, fuerte y claro, que este incremento de los siniestros laborales en Uruguay es “inaceptable” y que requiere respuestas múltiples, firmes, para detenerlo y bajarlo, y para que los responsables de su crecimiento, las y los empresarios que violan la normativa de seguridad laboral, no queden en el anonimato y la impunidad.
Para las y los trabajadores de la construcción esto requiere, entre otras cosas, una nueva normativa, por eso promueven una Ley Nacional Integral de Seguridad y Salud laboral.
Antes de entrar en las características de esta nueva normativa que plantea el SUNCA, con el respaldo explícito de todo el PIT-CNT, son necesarias algunas consideraciones previas.
Uruguay tiene una larga tradición de leyes sobre seguridad y salud en el trabajo, la primera, la 5.030, tiene más de un siglo. La creación, en los años 90, del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONASSAT), ámbito de negociación de estos temas específicos y de tanta relevancia. En los últimos años hubo avances importantes, el mayor, sin duda, fue la aprobación de la ley 19.196 de Responsabilidad Penal Empresarial en el año 2014, que transformó en delito poner en peligro la vida de un trabajador o una trabajadora. Pero también hubo otras normativas, como el decreto 125/14, de la industria de la Construcción, que, entre muchas otras cosas, establece la potestad del delegado de Seguridad de detener el trabajo si considera que hay riesgo para la integridad física de las y los trabajadores.
Estos avances normativos y la movilización popular y la discusión en toda la sociedad sobre la gravedad y la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo generaron que se tomaran medidas de protección, que se contrataran muchos más técnicos prevencionistas, que se hicieran cursos y formación con las y los trabajadores.
Todo este acumulado social permitió que la siniestralidad laboral bajara sustantivamente. Entre el 2014, año en que se aprobó, en el marco de una gran movilización popular y debate nacional, la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, y el 2019, la denominada tasa de lesiones no mortales por accidentes de trabajo disminuyó en un 20.8% y los siniestros mortales se redujeron en un 37.3%.
Dicho de otra forma: Hubo casi un 40% menos de muertes en el trabajo y un 20% menos de manos amputadas, espaldas reventadas, huesos rotos.
¿Qué pasó para que desde el 2021 los números otra vez crecieran? Pasó el gobierno de la coalición de derecha y su famosa “libertad responsable”, pasó el retiro del Estado del cumplimiento de la normativa de seguridad laboral, se redujo el número de inspectores del Ministerio de Trabajo, se decidió que las inspecciones del Banco de Previsión Social no controlaran más el cumplimiento de los Convenios Colectivos, y esto incluye muchas normas y disposiciones vinculadas a la seguridad y la salud laboral, se rebajó el monto de las multas que deben pagar las patronales que no cumplen las normas. El neoliberalismo, el objetivo de privilegiar a los “malla oro” como política de Estado, el modelo de la desigualdad, eso pasó.
En la movilización del miércoles el SUNCA estableció una base de 9 puntos que debería contemplar la Ley Nacional Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo:
1) Las campañas de sensibilización, planificadas, de alcance nacional y obligatorias, como Derecho a la Información. 2) La formación, programas concretos, con participen del INEFOP, la Cátedra de Salud Laboral, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, también debe ser obligatoria. 3) La fiscalización, aumentar el número de Inspectores de Trabajo y su presencia en todo el país. 4) Integrar y generalizar normas de seguridad laboral que son conquistas en algunos gremios o ramas 5) Revisar el Servicio de Salud Ocupacional. 6) Contemplar los riesgos psicosociales y de salud mental en el mundo del trabajo. 7) Revisar el papel del BSE, asegurar que los siniestros laborales se investiguen, para poder prevenir y para terminar con la impunidad de los responsables de violar las normas. 8) Creación de una Fiscalía Especializada en Seguridad y Salud Laboral o que se capacite a los fiscales sobre el tema. 9) Vincular el registro de empresas infractoras con la posibilidad de exoneraciones fiscales y participación en licitaciones.
El SUNCA no está solo en este reclamo, como decíamos tiene el respaldo del PIT-CNT.
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), planteó este tema como un centro de sus políticas y lanzó en abril el Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad, en el trabajo. El objetivo es reducir la siniestralidad laboral y fortalecer la cultura de prevención. Por ello el MTSS promovió una serie de acciones para garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad y Salud Laboral y fomentar la cultura de la prevención, con la participación de trabajadores y empresarios.
Ya está en marcha una campaña de sensibilización masiva. El equipo de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social recorrerá el país para capacitar sobre las condiciones laborales y la normativa vigente. Posteriormente llevará a cabo un proceso de fiscalización por rama de actividad en todo el territorio nacional.
Varios legisladores, entre ellos el senador de la 1001 y el Frente Amplio Oscar Andrade y el diputado de la 1001 y el Frente Amplio, Daniel Diverio, están impulsando la discusión en el Parlamento de una nueva normativa sobre seguridad y salud laboral.
Es muy importante que se logre una síntesis entre la lucha social, la iniciativa política y parlamentaria y la acción de gobierno para superar esta verdadera pandemia social.
Para ello, como la experiencia de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial lo muestra con claridad, lograr que este tema este en el centro del debate nacional es fundamental, denunciando, proponiendo y movilizándose.
Porque la vida tiene que estar primero. Porque la sed de incrementar las ganancias empresariales no puede ir hasta la sangre y la salud de las y los trabajadores. Porque la competitividad no puede ser construida sobre la base de aumentar la explotación hasta el punto de poner en riesgo la vida.
Defender la vida y la salud en el trabajo es una bandera justa y digna. Es justo y digno pelear por ellas. Levantémosla una vez más hoy.
