Lo urgente son las políticas sociales

En la madrugada del pasado 1º de julio murió Gustavo Castro Marcadal luego de no poder ingresar a un refugio por falta de lugar.
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Por Mariana Arias

Desde que asumió el nuevo gobierno las trabajadoras del Mides y las trabajadoras del Programa de Atención a Personas en Situación de Calle (PASC), han denunciado un plan de desmantelamiento de las políticas sociales. Específicamente, en torno a las políticas vinculadas a personas en situación de calle, la no renovación de los contratos por licitaciones coloca a los refugios en un limbo para poder realizar su trabajo, y no garantiza que puedan continuar abiertos, por lo tanto tampoco se puede garantizar cuantos lugares de alojo hay.

Luego de las diversas expresiones públicas sobre la muerte de Gustavo, el jueves 2 de julio las trabajadoras del PASC nucleadas en SUTIGA realizaron una declaración pública denunciando nuevamente el desmantelamiento que están sufriendo las políticas sociales.

En la declaración hacen una explicación del protocolo, elaborado por las autoridades del Ministerio, que deben seguir las trabajadoras cuando llegan personas que no tienen lugar permanente y ya no hay lugar en el refugio. Según detallan “si una persona no tiene un lugar permanente en ningún centro, para poder ingresar al programa, debe concurrir a la puerta de cualquier refugio y solicitar que se le agregue a una lista que se elabora por orden de llegada y esperar a las 20hs a que se confirme o no la disponibilidad de cupos por faltas de otros usuarios. En caso de que en el centro al que concurrió no haya cupos disponibles, el equipo de trabajo se comunica con el dispositivo Puerta de Entrada (que por decisión de las nuevas autoridades paso a funcionar telefónicamente) para coordinar un posible cupo en otro centro”. Expresan también que la persona debe realizar este procedimiento “a diario hasta lograr la permanencia en algún centro, siempre sujeto a la disponibilidad de cupos”.

En declaraciones para EL POPULAR la ex directora del Programa, Micaela Melgar expresó que “importa destacar que los trabajadores cumplen con su trabajo y cumplen con los protocolos que están establecidos”, explicó que los trabajadores “siempre refieren a autoridades del Ministerio para tomar ese tipo de decisiones. En ningún caso un trabajador es responsable de lo que pasa, no es responsable de que no haya lugar en su centro de atención, ni de no tener herramientas”.

Para Melgar “responsabilizar trabajadores es una jugada para distraer la atención de lo que verdaderamente importa:la incapacidad de gestionar el problema de la situación de calle por las nuevas autoridades”.

De acuerdo a lo trascendido en los medios de prensa, la noche de la muerte de Gustavo un total de 45 personas quedaron sin lugar en refugios. Las actuales autoridades del Mides declararon a los medios de comunicación que se había aumentado a 400 los cupos de los refugios, sin embargo, esto es solo en el contexto de la pandemia, y por lo tanto solo pueden acceder a esos cupos las personas consideradas población de riesgo. En la declaración las trabajadoras expresan que estos cupos “no fueron pensados para dar respuesta a la totalidad de personas que están en situación de calle”, y se suman a una solicitud del colectivo Ni todo está perdido (que representa a las personas en situación de calle) para “fiscalizar la existencia y distribución de los cupos generados”.

Las trabajadoras también denuncian que las autoridades del Ministerio no escuchan a los equipos de trabajo y la experiencia acumulada que tienen sobre esta realidad, y expresan que “Las/os trabajadoras/es seguimos siendo quienes damos la cara por un Ministerio que no responde, o mejor dicho, solo responde a los medios masivos de comunicación, seguimos siendo las y los trabajadores quienes tenemos que dar la cara a la hora de decirle a una persona que no puede ingresar por falta de cupos, somos nosotras/os quienes estamos ahí para trasladar las carencias del Programa y del sistema de respuesta en general”.

La declaración es contundente al expresar que “estos lamentables hechos son consecuencia de la negligencia que imparte el Estado al desactivar y precarizar dispositivos sociales que atienden a la población en situación de calle”, e informan que a día de hoy no existe un plan que garantice el acceso a refugio a todas las personas en situación de calle durante el invierno, y que “las autoridades no previeron en tiempo y forma ampliar la cobertura acorde a las necesidades”.

Consultada sobre este punto Melgar expresó que no sabe “si es por la falta de experiencia, falta de capacidad de gestión o si es una decisión política de recorte presupuestal pero siendo julio no se implementó un Plan Invierno”, al respecto de este Plan explicó que “implica apertura de centros, entre otras coordinaciones, que deben preverse con bastantes meses de anticipación y no se hizo”. Para la ex directora del Mides las consecuencias ya se pueden ver en la reducción de los centros de acogida respecto de los inviernos anteriores “a pesar de que se anuncian mayor disponibilidad de camas pero que al parecer son camas solo para la emergencia sanitaria, no lugares de atención a personas en situación de calle con equipos profesionales”. También mencionó un dispositivo que se había implementado durante la gestión anterior para los días de alertas meteorológicas y que tampoco se está implementado actualmente.

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