La presencia de móviles y funcionarios policiales frente a las sedes de la agencia Télam, la Televisión Pública y Radio Nacional fue calificada por la secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Carla Gaudensi, como un intento de amedrentamiento.
La representante sindical expresó a la emisora FM La Patriada, Gaudensi que lo acontecido “atenta contra la libertad de expresión y el normal funcionamiento de los medios de comunicación”.
Antes de estos sucesos, varios medios alertaron sobre la presencia permanente de efectivos y vehículos en las proximidades de sus sedes sin que hubiese un motivo claro y fundado.
Al referirse a lo sucedido la presidenta de Télam, Bernarda Llorente afirmó que se trata de algo “sorpresivo e inexplicable”.
Los hechos fueron minimizados por el vocero de la presidencia quien aseguró que se trataba de “un episodio intrascendente”.
“Había una información”, detalló el vocero, “de que podía haber algún hecho fuera del normal funcionamiento de la seguridad. Fue un patrullero que verificó que no había ninguna anormalidad”.
La denuncia tuvo eco en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) que a través de una transmisión abierta en Radio Nacional hizo un llamado a la “defensa del federalismo, la pluralidad de voces y la soberanía informativa”.
El gremio de la prensa bonaerense rechazó la presencia de las fuerzas policiales denunciada también por la presidenta del directorio de la agencia de noticias, Bernarda Llorente, quien posteó en la red social X que los policías llegaron a las puertas de la sede permaneciendo allí por poco más de una hora .
A través de un comunicado el Sipreba repudió la presencia policial en la puerta de los medios públicos”.
“Este hecho sorpresivo”, se lee en el comunicado, “que no se corresponde con el clima en el que se debe trabajar en un medio de comunicación, se da en un contexto de ajuste económico sobre los trabajadores y trabajadoras y de discusión de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, que promueve el traspaso de nuestras empresas a sociedades anónimas para su posible privatización”.
Dicho accionar, agrega el comunicado, “no puede dejar de leerse como una intimidación y representa una amenaza para la libertad de expresión. Los medios públicos tienen el rol de garantizar el derecho a la información, la pluralidad de voces y el federalismo, así como los temas de interés público de manera gratuita en todos los rincones de la patria. Por lo tanto defendemos su rol social y su carácter público”.
“Esperamos que este sea un hecho aislado, producto de una decisión desafortunada, y no signifique el intento de generar un clima de violencia hacia los trabajadores y trabajadoras que todos los días realizan sus tareas con profesionalismo y compromiso”, finaliza expresando el comunicado sindical.
