Naciones Unidas pide al gobierno colombiano protección a excombatientes en próximas elecciones

El representante del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), en Colombia pidió a las autoridades del país que aseguren medidas que “garanticen los derechos de los excombatientes que se presentan a las próximas elecciones”.

“Como votantes, miembros de un partido, titulares de cargos locales o miembros del Congreso, los hombres y mujeres que dejaron las armas son ahora participantes activos de la democracia colombiana, aseguró Ruiz Massieu, durante su intervención trimestral ante el Consejo de Seguridad para evaluar los avances en el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

De acuerdo al portal de noticias de la ONU, el representante del organismo internacional, solicitó al gobierno de Iván Duque que generen acciones para el desmantelamiento de los grupos ilegales opuestos al proceso de paz, porque lo consideran como “una amenaza a sus intereses ilícitos”.

En el próximo mes de marzo, los colombianos elegirán un Congreso que, por primera vez, incluye representantes de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, lo que ha sido calificado por el representante del Secretario General de la ONU como una “oportunidad histórica”, que debe “ser protegida”.

“Debemos permanecer vigilantes y centrados en las amenazas que siguen enfrentando los excombatientes. Aunque reconozco que se ha reducido el número de asesinatos en comparación con el año anterior, cada muerte es un golpe para la paz y es necesario hacer todo lo posible para proteger a cada uno de ellos”, afirmó Ruíz.

En su intervención resaltó que además de la seguridad personal de los que se han incorporado al proceso de paz, el gobierno colombiano debe “asegurar las zonas afectadas por el conflicto, donde los actores armados ilegales siguen aprovechando la limitada presencia del Estado en algunas partes del país”.

Al ejemplificar, situaciones donde se verifica el accionar de estos grupos ilegales que se oponen a la paz, Ruíz mencionó “el reciente traslado de la antigua zona territorial de entrenamiento y reinserción de La Macarena, así como la situación de seguridad en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, que se agravó sensiblemente como producto de acciones del Ejército de Liberación Nacional y grupos disidentes de las FARC-EP, afectando a las comunidades locales y a los excombatientes que residen en la zona”.

“Condeno una vez más las acciones de actores armados ilegales en contra de las comunidades, las instituciones civiles y la fuerza pública, y renuevo el llamado a que respeten los principios humanitarios. Hechos como el reciente asesinato de Breiner Cucuñame, un menor indígena ambientalista miembro de la guardia indígena del Cauca, deben llamar a actuar colectivamente para detener esta violencia sin sentido”, enfatizó el representante del Secretario General.

Para Ruiz Massieu, los casos que se vienen presentando en el país, fruto del accionar de los grupos ilegales y de la baja presencia del Estado, son una muestra “de la urgencia de fortalecer la presencia integral del Estado”, y para ello “es imprescindible la aprobación e implementación de la tan esperada política de desmantelamiento de los grupos ilegales”.

Finalmente, resaltó la relevancia que tiene, para la reintegración económica de los ex combatientes “acelerar el acceso a la tierra y a la vivienda para que sus esfuerzos puedan prosperar, incluyendo su trabajo conjunto con las comunidades de acogida, tan importante para la reconciliación a largo plazo”.

Aunque los asesinatos de excombatientes han disminuido en un 27% en el último año, la ONU confirmó una tendencia creciente de amenazas por parte de grupos armados ilegales contra quienes participan en iniciativas colectivas.

El pasado año, fruto de estas acciones ilegales, cerca de 72.600 personas fueron desplazadas y 65.200 confinadas forzosamente.

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