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Negociación Colectiva en tiempos de Pandemia

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Por Pablo Da Rocha

Ya han pasado más de ocho meses desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país, lo cual motivó que la octava ronda de los Consejos de Salarios, que debía iniciarse a partir de la asunción del nuevo gobierno, no se desarrollará de la manera habitual.
En efecto, en virtud del distanciamiento social necesario para evitar la propagación de los contagios, la denominada “libertad responsable” llevó a que en el Consejo Superior Tripartito se propusiera para aquellos Convenios Colectivos que finalizaron el 30 de junio que se habilitaran “acuerdos puente” por doce meses.
Allí mismo fueron presentados los lineamientos salariales que conducirían las negociaciones –en caso de existir- durante la vigencia de dichos “acuerdos puente”. Lo propuesto por el Poder Ejecutivo implicaba en el marco de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sobre la economía –léase enlentecimiento acelerado de la actividad y repercusiones inmediatas sobre el mercado de trabajo, que disparó en forma explosiva los seguros de desempleo- que los trabajadores registren durante los próximos doce meses pérdida salarial.
Las “pautas” del gobierno establecían que habría para cada uno de los convenios que se celebren únicamente un ajuste nominal de 3% en enero de 2021, durante el año de vigencia del acuerdo; con un correctivo “parcial”, es decir, que al cabo de los doce meses, se “pasaría raya” respecto al aumento de precios registrado durante dicho período, inflación anual acumulada, a la que se descontaría el ajuste de 3% de enero, pero al mismo tiempo se descontaría la caída del Producto Interno Bruto (PIB) que se registre durante el año 2020. En términos netos, los trabajadores en el marco de este “acuerdo puente” perderían salario real en la misma magnitud que la caída del producto que se estima pueda superar 3,5%, incluso algunos analistas señalan que podría alcanzar 4,7%.
Se establece que la pérdida experimentada durante ese año “puente” se pueda recuperar en futuras negociaciones colectivas (convenios) en la medida que el crecimiento económico lo permita. Dicho de otro modo, no está asegurada. Indudablemente que la pandemia afectó profundamente el desarrollo habitual de la ronda salarial, lo que sumado a la recesión económica forzaron a que la salida comprometiera lo que se había logrado a lo largo de los últimos quince años, que fue el mantenimiento del poder de compra como piso en las negociaciones. Hoy se propone perder.
Son pocos los grupos que han tenido la chance o capacidad para negociar. Uno de los primeros en alcanzar un acuerdo colectivo fue la Construcción, que logró que al cabo de 35 meses se asegure la no pérdida salarial. Otro de los grupos grandes que está negociando desde hace ya unos meses es la Salud Privada.
La Salud Privada (Grupo 15) está en plena negociación aunque todo parece anunciar que luego de largos meses está por llegar a su fin, pero el resultado sigue siendo incierto. Lo que es un hecho es que este grupo de actividad logró conformar una “mesa especial” por ser un sector con regulación del Estado. Suele ser un grupo con enormes complejidades, por tratarse de un derecho humano fundamental, pero al mismo tiempo estar gestionado por privados que persiguen el lucro y un gobierno que debiera orientar la política sanitaria del país, bajo una Reforma que tiene un componente de atención mixto –con lógicas jurídicas bien diferenciadas- pero que ambas soportan o requieren la asistencia financiera por parte del Estado.
El grado de avance de las negociaciones en la Salud Privada muestra cierto estancamiento, sin dudas auspiciado por un cambio en la orientación política de corte neo liberal del nuevo gobierno de coalición, pero a su vez, también, en el marco de una pandemia que ha agravado las condiciones materiales en las que se desarrolla, es decir, con el agravamiento del mercado de trabajo y la recesión de la actividad económica, que ha forzado en forma hasta quizá paradójica por tratarse de quienes soportan la pandemia desde sus lugares de trabajo: la contradicción salario-empleo.
Lo concreto es que arriba de la mesa está la posibilidad de celebrar un convenio colectivo por 24 meses, con dos claros objetivos perseguidos por la Federación Uruguaya de las Salud (FUS): en el primer año, la defensa de los puestos de trabajo, en el segundo año, la recuperación salarial. En efecto, la idea supone que durante el primer año, los trabajadores médicos y no médicos se plieguen a los lineamientos generales –que implican pérdida salarial- a cambio del mantenimiento de los puestos de trabajo; para luego, en el segundo año, condicionados a la evolución de algún parámetro sectorial, alcanzar a recuperar el poder de compra perdido.
Indudablemente son enormes los obstáculos por delante. El primero, la obstinación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de no destinar recursos en virtud de su impacto sobre el nivel de déficit fiscal, incluso lo utilizan como una especie de “ancla” que evita el avance. El segundo, y no menos importante, la postura de las instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC) que se oponen fuertemente a la recuperación en tanto no sea trasladable “a cuota” y todo eso en el marco de la pandemia, donde claramente son los trabajadores, la primera línea de combate y en el mundo entero han sido los “aplaudidos”.
En síntesis, luego de meses de negociación -en medio de la emergencia sanitaria- parece haberse llegado a un punto de estancamiento y sin perspectivas claras. Si bien los objetivos fueron claros desde el inicio, y en apariencia había voluntad para alcanzarlos por todas las partes, hoy no se propone ni siquiera un escenario que permita alcanzar la recuperación total al final del Convenio. Resulta preocupante, y hasta paradójico, que se pretenda dar la espalda a quienes dejan la vida para cuidarnos.
El reclamo de los trabajadores de la salud privada es más que razonable: si como se afirma la caída del PIB “justifica” la pérdida de la capacidad de compra de las retribuciones de los trabajadores, resulta más que razonable que si se recupera la economía también lo haga el salario. Por aquello de “…que los salarios reales evolucionen al ritmo de la economía”. Es algo más allá de lo justo.
Todos quienes participan de las negociaciones colectivas saben con certeza que los convenios colectivos no expresan realmente justicia o razón; en realidad, sintetizan el grado de correlación de fuerzas, es decir, no hay convenios “buenos” o “malos”, hay convenios que reflejan el grado de organización y acción en unidad. La FUS ha demostrado históricamente estar a la altura de los desafíos, todo lo que ha logrado lo conquistó con Unidad y Lucha.
Ha sido responsable y consecuente a la hora de su accionar. Por lo tanto, lejos de resignarse a pesar de que la negociación se desarrolla en el peor momento sanitario, económico y social, con el mayor grado de complejidad conocido, desde que se han reinstalado los Consejos de Salarios en el año 2005, redobla la apuesta. Una vez más en la calle, la FUS se para firme para decirle al actual gobierno, ¨…que aquí están los trabajadores que enfrentan la pandemia en los sanatorios, hospitales y CTI en todo el país. Mientras algunos de nuestros compañeros dejan la vida en esta tarea el gobierno nos da la espalda”.
Así pues la FUS se prepara para una fuerte movilización, con concentración y acto en las puertas de la Torre Ejecutiva, en la mañana del día viernes 4 de diciembre. Como reza su comunicado: “Es tiempo de Unidad y de Lucha. Juntos Venceremos al COVID-19”.
Salud!

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