La pasada jornada tomó estado público la decisión de la Fiscalía Letrada en lo Penal de Montevideo de Flagrancia de 12º turno de formalizar a Marcelo Acuña, un militar retirado y gerente de Vertical Skies involucrado en el caso de presunto espionaje contra los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara.
La investigación había comenzado a partir del proceso investigativo contra Alejandro Astesiano cuando tomó estado público una conversación, vía chats de watssapp del excustodio donde se revelaba la intención de “elaborar unas fichas” con información sobre ambos senadores con el objetivo de usar la misma para presionarlos luego de la denuncia presentada por estos con respecto a la concesión del puerto a Katoen Natie.
Ambos senadores, de acuerdo a lo informado por estos en redes sociales, conocieron directamente por comunicación de la Fiscalía la decisión de la imputación.
A partir de ello y en conferencia de prensa, los legisladores frenteamplistas señalaron no “estar felices” con la noticia ya que el hecho era “sumamente grave” y constituía un “delito contra la democracia”, dijo el senador Charles Carrera.
“Esto”, recordó Carrera en referencia al pedido de espionaje, “está vinculado a una de las causas de entrega de mayor cesión de soberanía de la historia reciente, que es la entrega del puerto a cambio de nada porque son muchos beneficios a un privado y muchas cargas al Estado, pero sí como les decía es una situación que no es feliz, pero por lo menos hay un poco de Justicia”.
La resolución de la fiscal, señaló por su parte el senador Mario Bergara, es “muy importante” y constituye graficó “una parte del medio vaso lleno” que muestra “que esto no quede impune” ya que “se trataba de que buscaran información para extorsionarnos para que retiráramos la denuncia penal vinculado al acuerdo con Katoen Natie”.
“La parte del medio vaso vacío”, agregó, “lleva a que las distintas líneas de investigación que siguió la Fiscalía no permitieron llegar al fondo en cuanto a quiénes son los que efectivamente iniciaron esa solicitud de espionaje”, así como de “quiénes son los que pusieron los recursos para financiar esa actividad”.
Con independencia de ello, puntualizó, “valoramos la decisión de la fiscalía, que confirma el espionaje”, lo que no es “poca cosa” ya que “no queda totalmente impune”.
Charles Carrera reiteró además, como el caso es muy preocupante ya que, recordó, “esto se da en el piso 4 de la Torre Ejecutiva”.
“La Torre Ejecutiva”, subrayó, “es uno de los edificios más importantes del país y justamente se da allí”.
Carrera remarcó que se trata de una investigación con “muchas aristas”, esta de las cuales es el haber podido identificar que esta persona que será formalizada fue la que encomendo “el trabajo” de búsqueda de información.
“Nosotros cuando participamos en la acción política no pensamos que íbamos a ser víctima de este tipo de situaciones, pero hay que legislar y decirles que el relator de libertad de expresión de la OEA está solicitando informe en varias dimensiones, una de ellas, es el espionaje que fuimos víctimas Mario Bergara y yo”, señaló Carrera, quien insistió en la gravedad del tema ya que “en América Latina es muy común que cuando uno denuncia actos de corrupción uno es víctima de este tipo de situaciones y en Uruguay no existe un estatuto de protección a los denunciantes”.
“Hay que legislar entorno a los delitos contra la democracia, pero también para proteger a los denunciantes de hechos de corrupción como es este que denunciamos”, sentenció.
El caso por espionaje a los senadores del Frente Amplio (FA) parte de la investigación al exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, comenzada por la hoy exfiscal Graciela Fossati y que continúa Sabrina Flores.
En el momento inicial de este caso y consultado sobre lo que evaluaba del mismo, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, había afirmado que se trataba de un episodio más “del humo” de la oposición.
“De todo el humo que hay, de todos los pelotazos que hay, estaría bueno que se compruebe. Hay un supuesto seguimiento a legisladores. Si fuera así, es una muy mala señal que sea investigado cualquier político. ¿Pero qué tiene que ver el gobierno?”, había dicho el mandatario, quien insistió en asociar lo demandado por el Frente Amplio de que el gobierno se pronunciara rechazando el hecho, con una supuesta estrategia de ataque al Ejecutivo por parte de la oposición.
