Por Fabricio Mato
Nuevas revelaciones sobre el escándalo de espionaje del gobierno de Mauricio Macri: más de 400 y aliados políticos muy cercanos al ex presidente, fueron vigilados, seguidos, sus teléfonos intervenidos, sus mail, e incluso les pusieron cámaras en sus oficinas y casas.
El aparato gubernamental de espionaje y extorsión que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri en Argentina tuvo una escala con pocos antecedentes en la región. La metamorfoseada Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –anegada con 400 militantes provenientes de las juventudes de Propuesta Republicana (PRO, el sello partidario de Macri) y la Unión Cívica Radical (UCR, el partido político decano de América Latina, fundado el 26 de junio de 1891)– fue transformada de una burocracia básicamente inútil y no muy barata (durante los dos sucesivos gobiernos de Cristina Fernandez, 2007-2015), a una burocracia delictiva y excesivamente cara (gobierno de Macri, 2015-2019), con un propósito singular: apretar a los amigos y aliados. Con ello, el gobierno de Cambiemos introdujo una impronta original a la corrupción institucional argentina.
Hasta el más plañidero sentido común republicano y democrático especula con la bella idea de que un servicio de inteligencia que se precie de tal, por inútil que sea, debe al menos fingir que cumple con tareas que atañen a los intereses y la seguridad del Estado. Así resguarda el misterio del que toda oficina de espías es objeto, tanto de parte de los civiles que pagan con sus impuestos la carga del derroche, como del miedo y crédito que invierten los políticos que llegan, pasan y se van al ritmo electoral. Pero, otra vez, Macri y sus cambiemitas ni siquiera dieron con la talla que un postureo tan simple requiere; su legado hoy es el mega escándalo de espionajes y extorsiones político-institucionales más importante de los últimos 37 años de democracia constitucional argentina.
Si bien el mapeo judicial actual no es definitivo, hay –a la fecha– al menos dos denuncias en sede tribunalicia impulsadas por las nuevas autoridades interventoras de la AFI. La primera, apunta a la producción de inteligencia humana (seguimientos personales e infiltración del entorno social del blanco con confidentes) y técnica (interceptaciones de telecomunicaciones hogareñas y laborales del blanco) sobre más de 80 personas, siendo varias –incluso– figuras centrales de la propia alianza bipartidaria Cambiemos, entonces con responsabilidades de gobierno. La segunda denuncia, relativa a un listado de más de 400 periodistas locales y extranjeros, sistemáticamente perfilados por su ideología en un flujo de trabajo compartido con el Ministerio de Seguridad de la Nación (que durante aquellos años estuvo al mando de la exmilitante montonera, ya devenida en agitprop neoliberal, Patricia Bullrich).
Calabria en el poder ejecutivo nacional
Mauricio Macri proviene de una familia vinculada en sus orígenes italianos a la ‘Ndrangheta, la tradicional organización criminal predominante en Calabria. En su ADN está la vigilancia y castigo de los propios, lo que ha hecho a estos clanes familiares robustos y difíciles de penetrar para las autoridades encargadas de la lucha contra el crimen organizado trasnacional. La amenaza –la más grave– para toda buena ‘ndrina y Locale (células mínimas que fungen como elementos fundantes de la ‘Ndrangheta) es siempre el enemigo interno, alguien de la familia o el clan, el íntimo. Todo el resto es comprable.
Francesco Raúl Macri (fallecido el año pasado) y su hijo han contado desde la década de 1970 en adelante con un aparato de espionaje privado que, primero, sirvió al fundador del Grupo, segundo, al clan familiar y, finalmente, a la presidencia de Mauricio. Avezados en el logro de la impunidad (concomitante en América Latina a la disposición de una fortuna dudosamente habida por mecanismos poco convencionales y nada transparentes), resulta cada vez más probable que el miembro dilecto de la familia Macri deba dar explicaciones en sede judicial a la luz de la ingente documentación en proceso de rescate sobre sus múltiples delictividades realizadas bajo el amparo de la institucionalidad constitucional.
Los casos de espionaje de la AFI macrista a los amigos de Mauricio por pedido del propio Macri son demasiados –se cuentan no a decenas, sino a centenas– como para ser abreviados en una nota, pero algunos ejemplos salientes pueden orientar sobre el grado de perturbación que anidaba en el entonces presidente argentino.
Criptomacrismo para los amigos y compañeros
Una disquisición se impone, por la identidad partidaria de las víctimas. Macri y su jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, distinguían entre los amigos (el partido Propuesta Republicana, PRO) y los aliados de conveniencia (la Unión Cívica Radical, UCR) a la hora de distribuir la carga de trabajo de la AFI, pero nunca al momento de resguardarlos de la actividad clandestina que dirigían desde el vértice del poder ejecutivo nacional.
Según varias fuentes, judiciales y políticas, en lo que hace a los amigos, tal vez la principal víctima del espionaje macrista sea Horacio Antonio Rodríguez Larreta, economista y político porteño que desde 2015 reemplazó a Macri como como jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (reelecto el año pasado). Ya presidente, Macri exigió prioridad para los esfuerzos de espionaje contra su compañero y socio partidario, al que considera en la intimidad “un tipo tibio” para heredarlo políticamente (las ambiciones presidenciales de Rodríguez Larreta son sobradamente conocidas desde que fundara el Grupo Sophia, el lobby neoliberal con el cual el actual jefe de Gobierno porteño comenzó su andadura pública). Las tareas contra Rodríguez Larreta incluyeron la interceptación de sus teléfonos e internet, así como el plantado de captadores ambientales y microcámaras electroópticas en su despacho municipal, en su vivienda personal y en una de las casas de descanso familiar en la provincia de Buenos Aires.
Otra de las víctimas es Diego César Santilli, un contador público y político perteneciente al PRO, actual vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que –luego de sucesivas crisis de seguridad urbana– asumió, también, el cargo concurrente de ministro de Seguridad de la ciudad porteña desde 2018. A pesar de que Santilli carece de ambiciones presidenciales (un estigma que Mauricio sólo le perdona a su amigo Marcos Peña), nunca confió en el polifacético y millonario Santilli, tanto por su condición de hincha de River Plate (contraparte a la parcialidad bostera, con la que se embandera el ex directivo de Boca Juniors), como por su condición de testaferro de uno de los principales núcleos de narcomenudeo de la ciudad de Buenos Aires, lo que le reporta un envidiable flujo financiero con el cual solventa parte de sus actividades político-territoriales, así como sus negocios por interpósitas personas en la siempre predispuesta plaza financiera montevideana.
Criptomacrismo para los aliados políticos
En lo que hace a los aliados de la UCR, la nómina crece con cada aparición de nueva documentación. Entre las listas de los espiados se encuentra el propio Ernesto Ricardo Sanz, un abogado y político que supo ser nada más ni nada menos que el factótum del acuerdo bipartidario UCR-PRO que devendría en el experimento Cambiemos, hoy deshilachándose en su regenerativo nombre de Juntos por el Cambio (JxC). Sanz era por entonces senador nacional de la provincia de Mendoza, y dos veces presidente del Comité Nacional de la UCR. Paradójicamente, el triunfo de Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2015 lo dejó con el pincel en la mano a la hora de pasar a cobrar con un cargo en el gabinete nacional (que nunca llegó). Igual, impostó un consecuente apoyo oral a cada desaguisado del período macrista, con una lealtad pública que se transaba por clientes corporativos privados que la administración cambiemita orientaba al bufete del abogado mendocino. Articulado y lenguaraz, Sanz es otra de las figuras políticas que no oculta sus ambiciones presidenciales, por lo que Macri lo designó blanco de las actuaciones de la AFI. Otro servicio completo de interceptaciones de teléfonos, captadores ambientales y microcámaras que durante cuatro años produjeron una inteligencia cuyo destino aún no queda claro. (Una sospecha, en torno a Sanz como lobista de Techint –el grupo económico de los Rocca– ha estado circulando en los corredores políticos argentinos: la inquina de la familia calabresa Macri contra la familia milanesa Rocca tiene no menos de siete décadas de historia.)
Las víctimas entre sus aliados de la UCR se acumulan. Está el caso de Mario Raúl Negri, un abogado y político que ocupaba (y ocupa) el cargo de diputado nacional por Córdoba. Sus ambiciones a la candidatura de gobernador de dicha provincia argentina lo condenaron a ser víctima de los equipos de espionaje de la AFI macrista.
También el del mediático Martín Lousteau, economista y político porteño de JxC, que ahora procastina como senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Objeto de la vigilancia técnica por parte de los espías de Macri, a pesar que durante el primer año de gestión (2016) fue el embajador argentino en Washington DC, designado por el propio presidente. Aquí las motivaciones para su vigilancia parecen exceder largamente el campo de la política (resultante de la consabida ambición presidencial del senado porteño), adentrándose en el más básico voyeurismo: Lousteau está casado desde 2012 con la bella actriz Carla Peterson, y la pronunciada actividad de sexting incrustada en los iPhones de la pareja era monitoreada y documentada para posible usufructo posterior.
Ni siquiera jefaturas partidarias menores de Cambiemos/Juntos por el Cambio del interior argentino escaparon a los tentáculos de la AFI macrista. El caso de José Manuel Corral, un abogado y político que ocupó la intendencia de la ciudad de Santa Fe entre 2011 y 2019 es un otro ejemplo de fuego amigo: en 2017 recibió la inmerecida atención del entonces jefe de Gabinete de Ministros de Macri, Marcos Peña, que logró la conformación de una unidad de inteligencia en la litoraleña provincia de Santa Fe, con el único propósito de llevar adelante una campaña de desinformación contra el intendente cambiemita, para “bajarle el precio” como factor decisivo en la conformación de las listas de concejales municipales y de otros cargos electivos nacionales en las elecciones a llevarse a cabo durante aquel año. Tal campaña, montada a partir de la profusa documentación obtenida por militantes del macrismo contratados por el propio intendente causaría un estrépito local que se conoció como los “Corral Papers” o “Las Cajas Negras de Corral”.
Es fácil esquivar la lanza, pero no el puñal oculto
Argentina lentamente se despereza de la pesadilla política, económica y cultural resultante de un experimento neoliberal que nació y murió en las urnas, y en donde todo lo que podía hacer mal, se hizo peor. El macrismo deja una herencia maldita, que ahora administra –como puede, en medio de una pandemia global– el gobierno de Alberto Fernández.
Al peruano neoliberal Mario Vargas Llosa le gusta decir de estas coyunturas rumbosas que “Está llegando la época en que la honorabilidad es la excepción y la traición es la norma”. Nada más cierto en el caso de su amigo argentino, el varias veces encausado (aunque no condenado) Mauricio Macri, ex presidente con apenas pocas nuevas probabilidades de presidiario. Sus socios saben ahora por experiencia, que lo más hiriente de cualquier traición reside en que no es un enemigo el que la ejecuta.
(*) La primera nota referida al espionaje macrista fue publicada en la edición 505 de EL POPULAR. Se puede leer en el siguiente link: https://elpopular.uy/crisis-politica-del-disco-duro-macrista/
Notas relacionadas:
- Argentina: Denuncian a Macri por espionaje ilegal a periodistas: https://elpopular.uy/argentina-denuncian-a-macri-por-espionaje-ilegal-a-periodistas/
