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No puede valer todo

La pandemia del COVID 19 continúa exponiendo, agudizadas, las contradicciones de la sociedad en que vivimos, en el mundo y en Uruguay.
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En el mundo Henry Kissinger, uno de los artífices del imperialismo y de la globalización neoliberal, escribe espantado en el muy distinguido The Wall Street Journal que podemos estar ante el ocaso del orden liberal del mundo y duda de la capacidad de EEUU para continuar siendo la potencia hegemónica luego de esta crisis. Pide a los poderosos del mundo, casi les suplica, que tomen medidas para evitar tamaño cataclismo. Reclama autoridad.

Donald Trump se erige casi en emperador, ordena a los gobernadores que levanten la cuarentena, le quita los fondos a la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia global y quiere retomar las actividades, cuando EEUU es el país con más contagiados y más muertos del mundo. Impide que Cuba compre respiradores y amenaza a todos los países que quieran competir con EEUU para comprarlos. Reivindica su autoridad.

Bolsonaro, cuyo fanatismo absurdo tiene a Brasil como el país más afectado por la pandemia en América del Sur, despide a su ministro de Salud que lo contradijo, viola el aislamiento social y ordena que hay que reactivar la economía. Ejerce su autoridad.

En el medio de la pandemia que hasta ahora ha mostrado más velocidad de expansión y ha sido la única que ha afectado y provocado una crisis sanitaria, económica y social, en todo el mundo simultáneamente, se disparan los precios de los respiradores y las mascarillas. Importa el lucro, la vida es lo de menos.

Estamos en una crisis, el COVID 19 la agravó, de las crisis se sale con una síntesis superadora o con un retroceso restaurador. Nada está escrito, pero nada es espontáneo, hay que construirlo. Tenemos la obligación de construir una organización social que supere el capitalismo y su versión neoliberal. Es una realidad objetiva, pero falta construir la subjetividad, que incluye la organización, que lo haga posible.

En Uruguay, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, presiona para que la construcción retome las actividades y se mantengan “prendidos los motores”. Explica que todas y todos tenemos que pedalear, sin quejarnos, para no tocar al “malla oro”, el capital, que será el que nos salve luego. Por eso, festeja que el ministro de Ganadería y Agricultura, Uriarte, expresidente de la Federación Rural, anuncie conmovido una ficticia “donación espontánea” del “campo”, cuando en realidad se trata de recursos del Instituto Nacional de Carnes y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y devoluciones fiscales, o sea, recursos que pagamos todos. Mantiene el tarifazo y el aumento del IVA a las compras con tarjetas, porque “ya se tomó la decisión”. Ordena el comienzo de clases en las escuelas rurales, sin consultar a nadie. Le niega la cadena de radio y televisión, que su gobierno está usando diariamente desde hace un mes, al PIT-CNT para el 1º de Mayo. Envía al Parlamento el proyecto de Ley de Urgente Consideración, con 502 artículos, que es una verdadera andanada neoliberal y conservadora, fijando una regla fiscal, aumentando la represión, coartando la libertad de expresión, recortando el derecho de huelga, desmantelando ANCAP y entregando la refinación e importación de combustibles a los privados, poniendo la infraestructura de ANTEL también al servicio de los privados, modificando decenas de leyes, entre ellas el Código Penal y Civil y, además, modificando leyes para asegurar las herencias. ¿Habrá algo más urgente que las herencias en esta emergencia y crisis? Por supuesto que no, ¿A quién se le ocurre? Su socio privilegiado en la coalición de derecha que está en el gobierno, Guido Manini Ríos, ataca a la Justicia, defiende a torturadores y se defiende a sí mismo haciéndolo y Lacalle Pou guarda piadoso silencio. Muestra autoridad y matriza la idea de que la única agenda posible, la única que existe, la única que puede expresar la sacrosanta “unidad nacional”, es la de ellos, la del poder.

Los únicos que pueden hablarle a toda la ciudadanía, todas las veces que quieran.

Lacalle Pou sabe que su coalición de derecha expresa, política y socialmente, una enorme concentración del poder. Al que siempre tuvieron, el económico, el de la propiedad de la tierra, los medios de producción, la propiedad inmobiliaria, el mundo financiero, el de la mayoría de los medios de comunicación, le agregan ahora el del Poder Ejecutivo, la administración del Estado y su aparato central.

Y Lacalle Pou exhibe ese poder, lo ejerce sin pudor y hasta como una reivindicación histórica. ¿Que estamos en crisis? No interesa. El ajuste económico, social, político e ideológico tiene que hacerse igual. Es una necesidad material, un imperativo de su ideología conservadora y neoliberal, y una necesidad política.

Esa empresa necesita construir consenso a marcha forzada. Todos los días. No debe haber fisuras, ni un resquicio para la crítica y la alternativa. Es la verdad única. Y como tal, se aplica. Quien discrepe, quien plantee alternativas, quien ponga en duda el camino fijado, será objeto de una dura campaña de demonización.

En realidad no es una sorpresa, es la restauración en todo su esplendor, y como era obvio, incluye la impunidad.

Y Lacalle Pou no está solo, lo defiende con toda su verborragia y capacidad de maniobra política Julio María Sanguinetti quien reclama que la salida debe ser respetando “estrictamente las normas del mercado” y denuncia la “ominosa herencia” de los gobiernos del Frente Amplio con el 25% de las y los trabajadores en la informalidad. Insólito, cuando Sanguinetti sabe bien que durante su gobierno y durante los gobiernos de la coalición blanca y colorada, la informalidad superaba el 40%. Y también lo defiende el diario El País, oficialista del poder, del real, siempre, en democracia y en dictadura, que desde su editorial pontifica: Ningún acuerdo.

¿Qué opciones hay ante esto? Hay varias, pero hay una que la derecha no puede soñar que el movimiento popular vaya a tomar: la rendición, la capitulación, la entrega sin pelear de las banderas históricas de la izquierda. Y mucho menos en una crisis.

Eso es lo primero.

El movimiento popular, el PIT-CNT, la Intersocial, el Frente Amplio, otros sectores representativos de la sociedad como el Sindicato Médico y la Universidad de la República, han demostrado su compromiso democrático y ciudadano, han hecho propuestas y han manifestado su voluntad de diálogo.

Está claro que el gobierno no tiene porqué asumir todas esas propuestas. Pero también está claro que no puede ignorarlas todas.

El diálogo es necesario, exige flexibilidad y definir prioridades.

Planteemos algunas. Es imprescindible proteger la salud de nuestro pueblo, la de toda la población y, en particular, la de los sectores más vulnerados de nuestro pueblo y la de los que tengan más riesgos de salud con la pandemia. También lo es que simultáneamente se tomen medidas para mitigar los impactos económicos y sociales de la crisis actual. Se han hecho muchas propuestas pero hay dos que son centrales: lograr el máximo de aislamiento social posible, en particular de quienes más riesgo tienen, es la única medida preventiva que ha funcionado en el mundo y, para hacerla sostenible -porque no es lo mismo quedarse en casa para que el que no tiene trabajo, el que está en la informalidad, el que gana 20 mil pesos, o el que tiene una empresa de gran porte o vive de las rentas- hay que instrumentar transferencias económicas del más amplio espectro posible, por eso la renta extraordinaria. La propuesta de 1.200 pesos del gobierno, es un absurdo. Se debe ir hacia un salario mínimo nacional. El costo de esta medida para alcanzar por tres meses a 320 mil hogares, más o menos un millón de personas, es de 360 millones de dólares, 140 millones menos de los que se otorgaron, y está bien, para créditos para las PYMES.

No es sensato afirmar que no se puede. Claro que se puede.

Pero además, hay que lograr que las medidas tengan el mayor consenso social y político, el real, no el que indican las encuestas, y para eso se necesita dialogar y habilitar los espacios institucionales para hacerlo. ¿Por qué se sigue sin convocar la JUNASA para ver la estrategia sanitaria? ¿Por qué se toman medidas inconsultas y se transmiten como órdenes?

En el diálogo y la negociación hay que ceder y construir síntesis. Pero lo que no es aceptable es que se aproveche de forma oportunista la crisis y las limitaciones que esta genera para imponer un ajuste conservador.

El Uruguay enfrentó en estos años recientes el impacto de tres crisis graves. En el 2001 y 2002, en el 2008 y 2009 y ahora. En la primera se impuso un esquema neoliberal a ultranza y la consecuencia fue, además de la devastación económica y social, una concentración de la riqueza enorme, la masa salarial pesaba en el ingreso nacional bruto un 30% antes de la crisis de 2002, cuando salimos implicaba un 17%. En el 2008 se puso todo el Estado y el diálogo más amplio al servicio del objetivo de amortiguar la crisis y que el costo no lo pagaran los más humildes. Se evitó la recesión y no aumentó la pobreza, el salario no se depreció. Ese es el camino y no es teórico, está comprobado por la práctica política y social de nuestro país.

También hay que enfrentar la impunidad y a los impunes, sin concesiones. La impunidad es parte del poder, es su lado oscuro. No habrá democracia plena mientras se mantenga la impunidad. Manini Ríos lo sabe. Su exabrupto antidemocrático en el Senado debe ser repudiado. Es una vergüenza. Es un chantaje inaceptable a la justicia. Pero además es un acto de cobardía. Manini Ríos no solo defiende a un miembro de la OCOA, implicado en torturas, asesinatos y desapariciones, se defiende a sí mismo. Manini Ríos lo que tendría que decir es qué va a hacer con los fueros cuando sea citado por encubrir torturadores.

Manini Ríos no tiene nada de valiente, se vale de la mentira y se esconde en su inmunidad parlamentaria para seguir siendo, él también, un impune, igual que los que defiende. Enfrentar esa maniobra antidemocrática es un compromiso redoblado en estas fechas, a 36 años del asesinato en tortura de Vladimir Roslik, a 48 años del asalto fascista al Comité Central del PCU, y también, a 48 años del asesinato de los 8 obreros comunistas en la Seccional 20º.

Pero todo esto es un desafío político, no alcanza con tener razón, hay que, aún con las dificultades presentes, organizar, convencer y generar respaldo social para las propuestas que se impulsan. Por eso valen tanto las pintadas por el aniversario de la 20, la lucha por un protocolo de seguridad y la protección a los trabajadores de más riesgo en la construcción, el compromiso de las y los trabajadores de la salud y la educación, las ollas populares en todo el país. Por eso hay que lograr, aún en estas condiciones y con las modalidades que podamos, un gran impacto con la recordación de la 20 y un gran 1º de Mayo.

Hay que construir una táctica que evite que aíslen al movimiento popular y que impongan su agenda neoliberal, que antes de la crisis era peligrosa y ahora sería un suicidio.

Hay que levantar perspectiva y articular la más amplia unidad posible para impedir que esta crisis profundice la desigualdad, en la salud, en la economía, en todo el cuerpo social. Ese es el objetivo democrático y transformador. Eso es lo que hay que militar.

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