Por Martín Jauge (*)
Este año se vota una nueva Ley de Presupuesto. Con esto, el Gobierno asigna dinero a los diferentes organismos públicos y entes descentralizados, para el período 2026-2030. Por lo tanto, el Presupuesto puede verse como una foto que muestra las prioridades y el rumbo del nuevo Gobierno.
Si el rumbo es disminuir la desigualdad y erradicar la pobreza, no podemos dejar de mirar a la Escuela.
En este artículo me centraré en la Educación Pública: analizando su presupuesto actual e intentando argumentar sobre la necesidad de darle más recursos.
El punto de partida es definir a la Educación como un derecho humano fundamental. Las personas deberían tener la posibilidad de acceder a un sistema de educación de calidad a lo largo de su vida.
Además, esto debe suceder sin importar la condición de la persona (barrio en el que vive, si tiene capacidades diferentes o si está privada de libertad). Por eso, el Estado debe ser garante de que todas las personas puedan acceder a dicho derecho.
En esa línea se enmarca el programa del Frente Amplio, que define a la educación “como un derecho humano para todas las personas durante toda la vida” y establece el objetivo de que el presupuesto sea el 6% del PIB al final del quinquenio; textualmente manifiesta: “retomaremos el crecimiento de la inversión en educación pública estatal, sobre la base del 6% en educación”.
Vamos aclarando el panorama
¿Cuán cerca estamos de alcanzar el objetivo? Según los datos del MEC, en 2024 Uruguay invirtió 4,7% de su PIB en Educación. Por lo tanto, incrementando 1,3% se llegaría al objetivo del 6%.
Demos un paso más y veamos cómo evolucionó la inversión en Educación en los últimos años, para intentar dilucidar si es un escenario factible. Si analizamos los últimos 20 años, podemos ver que entre 2005 y 2024 el presupuesto de Educación respecto al PIB creció: pasó de 2,9% a 4,7%. Eso es una buena señal.
Ahora, al poner la lupa y mirar lo que pasó dentro de esos 20 años, vemos realidades muy diferentes. Mientras que durante las administraciones del FA el dinero invertido en Educación creció de 2,9% a 4,9%. Esto permitió por ejemplo implementar el Plan Ceibal en Enseñanza Primaria y Media; universalizar la educación a partir de los 4 años; por nombrar algunas de las políticas.
Sin embargo, durante la administración de Lacalle, bajó levemente para situarse en 4,7% (nada que llame la atención en el “el país de los malla oro”), al camuflar una batería de recortes presupuestales bajo el slogan de la Transformación Educativa. Durante la anterior administración se eliminaron 2 horas de coordinación, lo que generó un recorte y ahorro muy grande. La coordinación suele ser una instancia muy valorada por el colectivo docente ya que permite abordajes interdisciplinarios entre colegas; mejora el seguimiento de las trayectorias de los estudiantes o habilita intercambios sobre las prácticas pedagógicas.
Por lo tanto, si la política actual del Frente Amplio sigue la trayectoria de las administraciones anteriores (2005-2015), hay motivos para creer.
No todo lo que brilla es oro
Pero, una vez más, la teoría choca contra la gris realidad. Aunque aún no hay información definitiva sobre el mensaje presupuestal, las señales que llegan desde el Ministerio de Economía y Finanzas no son alentadoras: se habla de revisar la base de cálculo de 2025 —lo que podría implicar recortes—, abandonar la lógica de aumentos progresivos y condicionar los fondos a proyectos específicos en lugar de asignaciones globales a cada organismo. Todo apunta a un presupuesto con menos recursos incrementales y más restricciones en su uso.
Por lo tanto, todo indica que no será un presupuesto con incrementos significativos, y el objetivo de mejorar sustancialmente la inversión en educación comienza a desdibujarse.
El dinero no es todo, pero como ayuda
Supongamos por un momento que se alcanzará el 6% del PIB para la Educación al final del quinquenio —un ejercicio más cercano a un acto de fe que a una proyección real—. Hagamos entonces un pequeño ejercicio: analizar que implica para la ANEP, en términos de dinero.
El presupuesto actual de la ANEP asciende al 3,28% del PIB. Si se llegase al 6% del PIB, la ANEP recibiría el 4,03% del PIB. Ese incremento (en un escenario donde el PIB permanece constante a lo largo del quinquenio) representa $24.000 millones en todo el período 2026-2030.
Es cierto que parece mucho dinero, pero los desafíos que enfrenta el país en esta materia son cruciales. Universalizar la educación desde los 3 años, aumentar el tiempo pedagógico, mejorar los niveles de egreso en Enseñanza Media, ampliar el acceso a la Educación Terciaria, atender a la población adulta que aún no completó ciclos educativos, crear o adecuar infraestructura (con un rezago notorio en toda la Educación Pública) y dotar a los centros educativos de equipos completos —de gestión, de servicios, docentes y profesionales universitarios para conformar equipos multidisciplinarios— son metas que están dentro del programa de Frente Amplio y las cuales requieren recursos. Pretender llevar adelante esta batería de políticas sin la inversión correspondiente es, simplemente, una utopía.
Un trato por la Educación Pública
Las políticas que se plantean por parte de la ANEP son deseables (o deberían serlo) como sociedad. A modo de ejemplo, es difícil pensar en alguna persona que no esté afín a que un/a niño/a de 3 años esté escolarizado/a. El propio programa del Frente Amplio reconoce la necesidad de consolidar cambios en la educación “vistas a la universalización de la educación en primera infancia”.
Si bien es posible mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, sin incrementarlos no es posible garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan efectivamente a su derecho a una educación pública de calidad.
Si bien es posible mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, sin incrementarlos no es posible garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan gozar de su derecho a una Educación Pública y de calidad. Más aún, en un país donde la pobreza infantil es reconocida como una de las problemáticas más urgentes por todo el espectro político, avanzar en la escolarización temprana debería ser un compromiso compartido.
Está extendida y documentada la conexión entre educación, desarrollo, igualdad, convivencia. Existe una relación positiva y directa entre la inversión en educación pública y el desarrollo de una sociedad. Una educación de calidad no solo mejora las oportunidades individuales, sino que también fortalece el tejido social, promueve la movilidad social y reduce las brechas de desigualdad. Además, la educación cumple un rol clave en la construcción de ciudadanía contribuyendo así a una mejor convivencia. Invertir en educación pública no es solo una apuesta por el futuro económico del país, sino también por una sociedad más justa. Es necesario un compromiso real y un presupuesto a la altura de lo que el país necesita.
Para muestra basta un botón
En la Dirección General de Educación Secundaria, la Dirección de Infraestructura recibe el mismo presupuesto desde hace 10 años. En ese tiempo, los precios de bienes y servicios aumentaron, lo que reduce cada vez más la capacidad de realizar intervenciones de mantenimiento (arreglo de azoteas, reparaciones eléctricas o sanitarias, etc.) en los liceos. El resultado es tan evidente como preocupante: cambiar toda la instalación eléctrica del Liceo Departamental de Paysandú consumiría casi la totalidad del presupuesto anual de esa dirección.
No se puede discutir el presupuesto educativo sin discutir su financiamiento, y hoy las fuentes de recursos del Estado están atravesadas por profundas inequidades. Una de las propuestas que busca corregirlas —y que ha ganado fuerza en el debate público— es gravar al 1% más rico. Bienvenida la iniciativa.
Y recordemos que la protección a las infancias y adolescencias no solo va de la mano de transferencias directas, sino de un contexto: Educación, Salud y Vivienda.
Como sociedad tenemos que animarnos a dar estas discusiones, con evidencia sobre la mesa y la voluntad de debatir en serio, por más incómodas que sean. Al fin y al cabo, parafraseando a Clemente Estable, es posible afirmar que “con educación grande, no hay país pequeño”, y ese debería ser el norte de cualquier presupuesto.
(*) Economista, asesor de la Dirección General de Educación Secundaria.
