Un grupo de expertos de Naciones Unidas subrayó su gran preocupación por las muertes de Keenan Anderson y Tyre Nichols, ambas producidas por el violento accionar policial en Estados Unidos.
La preocupación de los expertos fue plasmada en un comunicado conjunto, donde los mismos señalaron “que la fuerza utilizada en ambos casos habría violado las normas internacionales que protegen el derecho a la vida y prohíben la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Los expertos subrayaron, además, que dichas “acciones transgreden las normas establecidas en el Código de conducta y los Pricipios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley».
“Las muertes brutales de Keenan Anderson y Tyre Nichols”, afirmó la presidenta del Mecanismo Internacional de Expertos para promover la justicia y la justicia racial y la igualdad en el contexto de la aplicación de la ley”, Yvonne Mokgoro.
El pronunciamiento de los expertos se produce luego de tomar contacto con la información recibida “sobre los incidentes de Anderson y Nichols”, que fueran solicitados al gobierno de Estados Unidos.
La solicitud pedía “datos sobre las investigaciones en curso y las regulaciones aplicables al uso de armas menos letales en relación con los estándares de derechos humanos aplicables”.
Alice Jill Edwards, quien oficia como relatora especial sobre la tortura y es una de las firmantes del documento recordó que “la policía y las fuerzas del orden tienen responsabilidades especiales al proteger a sus ciudadanos y defender sus derechos, y que cuando esta función básica es superada por la violencia ilegal e incontrolada, la gente común le teme a su propia policía”.
Los expertos señalaron que, en el caso particular de Tyre Nichols, “además de investigar, enjuiciar y castigar debidamente a los perpetradores, se debe brindar reparación a las víctimas y sus familias”.
Los especialistas subrayaron “que Estados Unidos debe mostrar determinación al cuestionar y reformar una cultura policial institucionalizada que permite la agresión criminal bajo el pretexto de la aplicación de la ley y la seguridad pública”.
En sus declaraciones, los expertos fueron enfáticos al pedir “a las autoridades (…) estadounidenses una pronta rendición de cuentas y una reparación”.
