Cuando en enero de 2002 comenzó la conducción a la Base Naval de Guantánamo de los primeros presos producto de la “guerra contra el terror”, desatada durante la administración de George W. Bush, casi nadie pudo imaginar que se asistía a lo que hoy se califica como “la página más oscura” en la historia de los derechos humanos.
Aquellos “combatientes enemigos” llevados por Estados Unidos, al territorio usurpado a Cuba, inauguraban “la versión moderna de un campo de concentración”.
No hay que llamarse a engaño, no es la única prisión “secreta” que maneja el gobierno de los Estados Unidos.
Hace pocos días, Wang Wenbin, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China recordó que Guantánamo “es solo la punta del iceberg” de una serie de otras prisiones oscuras estadounidenses que constituyen “un aviso constante de sus crímenes y abusos a los derechos humanos”.
Las declaraciones del vocero chino se produjeron a raíz de conocerse un comunicado de un grupo de expertos independientes designado por el Consejo de la ONU sobre Derechos Humanos, donde se condenaba la existencia de la prisión norteamericana en la base naval de Guantánamo.
Los expertos de la ONU enfatizaron en su comunicado que la prisión de Guantánamo es “un lugar donde se cometen violaciones implacables y continuas de las garantías fundamentales de los detenidos”, por lo que “constituye una mancha en el compromiso del gobierno de Estados Unidos con el estado de derecho”.
A lo largo de sus 20 nefastos años de existencia, señalan los especialistas del organismo internacional, allí se verifican “detenciones arbitrarias sin juicio”, constituyéndose en un lugar donde la tortura o malos tratos se justifican obviándose su condición de prácticas “inaceptables para cualquier gobierno, pero particularmente para el estadounidense, que se dice protector de los derechos humanos”.
“Cuando un Estado no responsabiliza a quienes han autorizado y practicado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, envía una señal de complacencia y aquiescencia al mundo”, se afirma en el comunicado conjunto que demanda, una vez más al gobierno de Estados Unidos que cierre el centro carcelario que “es un símbolo de la falta sistemática de rendición de cuentas y prohibición de la tortura patrocinada por el Estado, así como de la impunidad de la que gozan los responsables”.
Con la excepción del período de Donald Trump, quien llegó a sugerir el traslado de pacientes con Covid-19 a Guantánamo, las administraciones de Obama primero y Joe Biden, ahora expresaron “su voluntad de cerrar las instalaciones”, algo que como ya sabemos no ha acontecido.
Aquellas “voluntades de cierre”, no han sido más que “promesas electorales”, 20 años después, allí quedan 39 detenidos de los más de 780 que alguna vez pasaron por ella.
La prisión de Guantánamo ocupa 28,5 kilómetros cuadrados, de los 117,6 km cuadrados de la ilegal Base, en ese espacio se levanta un centro de detención donde operan casi 6000 trabajadores.
La siniestra prisión de Guantánamo le ha costado al erario estadounidense, desde su creación, 6000 millones de dólares y a sus sucesivas administraciones de gobierno toda la desvergüenza ante el mundo que pueda imaginarse.
