A través de un comunicado público la Mesa de organismos de derechos humanos conformada por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (La Matanza), Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Historia y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, señaló “su oposición a la iniciativa del Ministerio de Seguridad tendiente a que personas condenadas por delitos de lesa humanidad dejen de cumplir su pena en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal y sean trasladados a la Unidad 34 de Campo de Mayo”.
La mencionada Unidad penitenciaria es considerada por los organismos de derechos humanos del país como una “cárcel VIP por sus comodidades”.
En el documento los integrantes de la Mesa de organismos de derechos humanos recuerdan que “las sentencias condenatorias a penas privativas de libertad por la comisión reiterada de los más graves delitos que prevé el Código Penal Argentino –privación ilegal de libertad, torturas, homicidios, entre otros- deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos”, por lo que llaman a las autoridades judiciales para que aseguren el cumplimiento de los fallos y se “tomen los recaudos necesarios para que los responsables de crímenes de lesa humanidad no vean morigeradas, en ningún sentido, sus penas”.
“Una vez más decimos juicio y castigo, cárcel común y efectiva para los genocidas”, subraya el texto que lanza un llamado de atención a la población por “los intentos de hacer participar a las Fuerzas Armadas en tareas que les competen a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, como es detener civiles que hayan cometido delitos de flagrancia, violando así lo que disponen las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior”.
“Nuevamente el gobierno de Milei, Bullrich, Petri y compañía buscan congraciarse con aquellos sectores que fueron el brazo ejecutor de los poderes concentrados en la ultima dictadura cívico-militar y que siguen siendo repudiados por la mayoría de la sociedad argentina”, concluye expresando el comunicado.
