Tras conocerse el veto parcial resuelto por el presidente de la República sobre tres artículos de la Rendición de Cuentas, las reacciones políticas no se hicieron esperar.
Uno de los artículos vetados por el mandatario es el referido a la prohibición a los fiscales para poder ejercer el derecho penal durante un año luego de su cese.
La resolución del presidente de la República fue recibida con beneplácito por el presidente del gremio de fiscales, Wiliam Rosa, quien en su cuenta de la red social X (exTwitter), calificó lo resuelto por Lacalle Pou como “sensato, razonable y destacable”.
En su posteo, Rosa insistió que se trataba de la normativa aprobada en la Rendición de Cuentas era “flagrantemente inconstitucional”.
“Como dijimos y fundamentamos en todos lados, la norma de la inhibición de fiscales era flagrantemente inconstitucional, por tanto es muy sensato, razonable y destacable el veto del presidente”, escribió el fiscal adscripto. en su cuenta de X (Twitter).
Más allá de elogiar la decisión de Presidencia, Rosaa señaló que “aun así, lamentablemente, los fiscales y la Fiscalía seguiremos en la misma situación, que venimos padeciendo desde 2017: sin recursos suficientes. Y para peor, eso será hasta 2026”.
En su extenso posteo, el fiscal adscripto expresó su esperanza de que apareciera “la sensatez y razonabilidad para solucionar la violación a la equiparación salarial que la ley establece entre fiscales y jueces” y reiteró que resultaba “inadmisible” que los “obliguen a reclamar en vía judicial algo tan lineal”.
“Con la equiparación entre adscritos y adjuntos”, agregó, pasa “lo mismo”.
A juicio de dirigente del gremio, “luego de tanto trajín, solamente se soluciona un problema que nos crearon en el Parlamentario, entre gallos y medianoche, ejemplo claro del ensañamiento contra la Fiscalía y los fiscales que vivimos hace tiempo”.
Lacalle Pou vetó parte del artículo en el que se establecía que: “En el caso de los fiscales letrados con competencia en materia penal estarán inhibidos por un año, desde su cese, de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones durante el año anterior a su cese, patrocinando o asistiendo a terceros. Los fiscales comprendidos en el presente artículo que no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de la desvinculación de sus cargos, tendrán derecho a percibir por el tiempo de la inhibición un subsidio equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del total de haberes del cargo en actividad”.
El veto presidencial no alcanzó a la primera parte del artículo 636, donde se inhibe por tres años, desde su cese, al fiscal de Corte, al procurador general de la Nación y al fiscal adjunto de Corte “de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros”.
La resolución del mandatario de vetar parte del articulado fue rechazada por el senador cabildante Guillermo Domenech, quien declaró a Montevideo Portal que se cometía “un error”.
Es evidente, sostuvo el senador, que existen difrencias de criterios con el mandatario “sobre varios aspectos de la realidad”.
En sus declaraciones al medio de prensa, Domenech dijo que “la disposición respondía al interés de un amplio sector del foro que veía con preocupación que funcionarios que habían sido fiscales, que habían recibido hasta formaciones, poseían conocimiento de la oficina y de los criterios manejados, tuvieran que competir en el ejercicio profesional”.
El cabildante calificó la posición del presidente de la República “como una discrepancia más de criterios”.
“Lo que es evidente es que tenemos criterios distintos sobre varios aspectos de la realidad, subrayó el senador de Cabildo Abierto.
Para Domenech, la persistencias de este tipo de discrepancias no ha tenido impacto en la permanencia de su sector político en la coalición de gobierno.
“Por el momento no lo ha significado”, afirmó pero no descartó esa posibilidad a futuro, ya que sin aventurar este, “vaya a saber qué pasa”.
