Federico Araya (*)
La reforma jubilatoria que se está discutiendo actualmente en la Cámara de Representantes, y que ya cuenta con media sanción en el Senado, es una muestra más del modelo concentrador y excluyente que lleva adelante la coalición de gobierno. Con una particularidad, en este caso no hay pandemia, ni conflicto bélico, ni sequía que valga de excusa. A continuación, se repasan las principales medidas de cambio que el proyecto impulsa y que son notoriamente perjudiciales para el conjunto de la sociedad.
Aumento de la edad de retiro al barrer
El proyecto propone aumentar la edad de jubilación mínima pasando de 60 a 65 años. Esto regiría para todos los trabajadores nacidos a partir del 1/1/1975. En el caso de los nacidos en 1974, la edad mínima de retiro ascendería a 64 años y a 63 años para los nacidos en 1973. El gobierno insiste en que este aumento de la edad de retiro es necesario debido al envejecimiento poblacional que enfrenta el país y al aumento en la esperanza de vida. Si bien las tendencias demográficas marcan que las personas mayores van a pesar cada vez más en la estructura poblacional, debe tenerse presente que no todas vivirán lo mismo. La evidencia internacional indica que las personas pobres viven entre 5 y 17 años menos en comparación con las personas ricas, dependiendo del nivel de desigualdad que rige en cada sociedad.
En ese sentido, si bien no hay estudios disponibles hasta el momento para Uruguay, la información proporcionada por el Poder Ejecutivo muestra como en promedio la esperanza de vida de una mujer a los 60 años es de 25 años más, en tanto que para los hombres asciende a 19,4. Es decir, las mujeres vivirían hasta los 85 años en tanto que los hombres lo harían hasta casi los 80. No obstante, este promedio esconde grandes heterogeneidades. A saber, las personas que cobran la pensión por vejez (por lo cual se encuentran en situación de vulnerabilidad económica) tienen una esperanza de vida de 80 años en el caso de las mujeres y no alcanza los 74 años para los hombres. Estos datos contrastan, por ejemplo, con la esperanza de vida de una bancaria, la cual asciende a 90 años o la de un bancario, la cual asciende a 87.
Subir la edad de retiro al barrer no toma en cuenta estas heterogeneidades, que fueron presentadas por el propio Poder Ejecutivo. Con ello, queda claro que por más que el gobierno cuente con esta información, no se le cae un pelo en descartarla y perjudicar sin más a las personas en peores condiciones socioeconómicas.
El gobierno argumenta que existen excepciones al aumento de la edad de retiro generalizado ya que los artículos 36 y 37 prevén la posibilidad de retiro anticipado. Sin embargo, el artículo 36 otorga esta posibilidad a personas con largas trayectorias laborales que, por lo general, tienden a estar más vinculadas al mercado formal de trabajo y contar con buenos niveles de ingresos. No obstante, también a estas personas se les exige como mínimo 63 años. Por otra parte, el artículo 37 prevé el retiro anticipado solo para una parte de los trabajadores de la construcción y del sector rural. Dadas las condiciones que ese artículo exige (20 años en un mismo puesto de trabajo y 5 años de los últimos 10 en la rama de actividad correspondiente) solamente una tercera parte de los trabajadores de la construcción podría retirarse antes.
En el Senado, se presentó un artículo sustitutivo que trataba de incluir a otras ramas de actividad para que pudieran ampararse en la posibilidad de retiro anticipado, como, por ejemplo, el servicio doméstico, los trabajadores de los frigoríficos, las mujeres que realizan tareas de cuidados, entre otras. Se buscaba de esta manera, mitigar levemente las desigualdades del aumento de la edad de retiro al barrer. Sin embargo, este sustitutivo no fue votado por la coalición de gobierno.
En síntesis, el aumento de la edad de retiro se produce al barrer para la enorme mayoría de los trabajadores que ahora tendrán que continuar trabajando por 5 años más como mínimo. Este cambio implicaría que se van a cobrar 60 meses menos de jubilación. Ahora bien, no todo finaliza allí.
Además, el cobro será menor
El gobierno ha insistido con el discurso de que esta reforma permite que los futuros jubilados van a cobrar más o por lo menos igual que con el actual sistema. En este caso, el gobierno solo refiere al valor mensual de las jubilaciones, y no a lo que se dejaría de cobrar durante 5 años. Supongamos que se cumple la promesa del gobierno y que un trabajador cobraría $40.000 por mes de jubilación, tanto en el nuevo sistema como en el vigente. Solamente por el atraso de la edad de retiro, eso implicaría que a lo largo de su vida el trabajador cobraría $2.400.000 menos de jubilación.
Ahora bien, nada asegura que esos $40.000 mensuales se mantengan o aumenten como argumenta el gobierno. En ese sentido, el Poder Ejecutivo tomó a capricho una muestra completamente sesgada, que considera solamente a las personas que logran causal jubilatoria a los 60 años. Claramente, estas personas tienen trayectorias laborales más extensas y se han mantenido en el mercado formal por más tiempo, lo cual le permite tener mayores ingresos. Dicho de otra manera, la muestra que toma el gobierno deja por fuera a todas aquellas personas que no logran generar causal a los 60 años. ¿De cuánto estamos hablando? Según el último informe del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), la mitad de los varones, y el 52% de las mujeres no cuentan con 30 años de servicio a los 60 años para poder jubilarse. En términos simplificados, la muestra que toma el gobierno considera a la mitad de mayores ingresos y deja por fuera a la mitad de menores ingresos.
El trabajo del CINVE, cuya metodología se basa en una muestra de historias laborales representativas del conjunto de trabajadores y es avalada a nivel internacional, también muestra como incluso en términos mensuales (dependiendo el escenario que se considere) entre un 33% y un 66% de los trabajadores cobrará menos jubilación.
El dinero no es todo
No solamente se trata de una cuestión de montos jubilatorios, ya sea a lo largo de lo que queda de vida o en términos mensuales, sino que la reforma propuesta avanza en el recorte de derechos y sobre todo de derechos de las personas más vulnerables.
Esta reforma tiene un impacto desigual y genera mayores desventajas hacia las mujeres, las cuales tienen historias laborales más cortas que los varones, y además el mercado vía discriminación de género penaliza la maternidad. El trabajo de Sanguinetti (2020) utilizando las historias laborales de las mujeres aportantes al BPS, muestra como la penalización salarial asciende a 17% el año de maternidad y a 24% luego de los 5 años de haber sido madre. Asimismo, el trabajo destaca que casi la mitad de las mujeres, entre el período que son madres y los 5 años posteriores, se ven obligadas a interrumpir su participación en el mercado laboral.
La reforma además plantea un recorte de derechos en las pensiones de sobrevivencia. A modo de ejemplo, una mujer que queda viuda a los 39 años, en el sistema vigente recibe la pensión por viudez de forma vitalicia. La reforma plantea que este beneficio pasará a otorgarse solo por un año.
Por otro lado, las personas con discapacidad también se verán netamente perjudicadas por este proyecto. Para empezar, una persona que se incapacite luego de haber generado la causal jubilatoria no tendrá derecho a recibir la jubilación por discapacidad. Es decir que, si una persona se incapacita a los 66 años y ya contaba con 25 años de servicio, entonces no le correspondería la jubilación por imposibilidad física, lo cual claramente vulnera un derecho. Además, las personas que sí puedan jubilarse por discapacidad verán reducido el monto de su jubilación, alrededor de un 40% según estimaciones del propio Poder Ejecutivo.
Vale la pena señalar que tanto las disposiciones de jubilación por discapacidad, así como las que refieren a pensiones de sobrevivencia, entran a regir ni bien aprobada la ley y no dentro de 10 años. Si bien todos los caminos conducen a un recorte del gasto público, parecería que para la coalición de gobierno es más urgente recortar derechos de las personas vulnerables que recortar el gasto en jubilaciones y pensiones. El dinero no es todo, ni siquiera para la coalición de gobierno, la cual deja en claro que su urgencia pasa por recortar derechos de los trabajadores, ya sin pandemia, ni conflicto bélico, ni sequía que se preste de excusa.
(*) Economista.
Foto de portada:
Las mujeres serán las más perjudicadas por la reforma jubilatoria del gobierno. Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS.
